La certificación de empresas sin litigios

En el ámbito empresarial, la capacidad de resolver conflictos de forma efectiva y sin necesidad de acudir a los tribunales se ha convertido en un valor fundamental para la sostenibilidad, reputación y competitividad de las compañías. A pesar de ello, la mayoría de las normativas y sistemas de evaluación empresarial no contemplan incentivos claros para premiar a las organizaciones que logran prevenir o resolver sus disputas de manera extrajudicial. ¿Qué pasaría si existiera una certificación oficial que reconociera a las empresas que alcanzaran este objetivo?

En este artículo presentamos la gran idea de implementar un sistema de certificación de empresas sin litigios judiciales: un mecanismo que no solo incentivaría una nueva cultura de resolución pacífica de conflictos, sino que también aportaría ventajas tangibles a las compañías reconocidas. En un contexto donde los litigios saturan los tribunales y afectan la productividad empresarial, esta propuesta busca beneficiar a las empresas, al sistema de justicia y a la sociedad en general.

¿En qué consistiría la certificación para empresas sin litigios? La idea es sencilla, pero revolucionaria: desarrollar un sistema de certificación que distinga a las empresas capaces de prevenir y gestionar conflictos de manera interna o a través de métodos alternativos como la mediación, conciliación o mediante un tercero experto.

Este reconocimiento oficial actuaría como un sello de calidad y compromiso con la resolución efectiva de disputas, similar a lo que ocurre con certificaciones de gestión medioambiental (ISO) o responsabilidad social corporativa. Se trataría de un distintivo que acreditara que la empresa ha alcanzado altos estándares en la prevención y solución de conflictos sin recurrir a la vía judicial.

Para obtener esta certificación, las empresas interesadas deberían cumplir una serie de requisitos, tales como:

1. No haber tenido litigios judicializados en un período determinado (ej. los últimos 3 años).
2. Contar con sistemas internos de resolución de conflictos, como protocolos de mediación o la figura de un mediador empresarial.
3. Colaborar con métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR, por sus siglas en inglés) en caso de disputas con terceros.
4. Demostrar resultados efectivos en la prevención y gestión de conflictos con trabajadores, proveedores, clientes, empresas de la competencia o incluso con las administraciones públicas

(Imágenes: E&J)

Beneficios tangibles de la certificación

La propuesta de una certificación para empresas sin litigios no solo supone un reconocimiento ético o simbólico, sino que también podría traer múltiples beneficios prácticos para las empresas que la obtengan. Entre las ventajas más relevantes podrían implantarse en asuntos como:

1. Mayor puntuación en licitaciones públicas: Los poderes públicos podrían incorporar esta certificación como un criterio adicional en los procesos de contratación pública. Así, las empresas certificadas obtendrían mayor puntuación en licitaciones, fomentando una competencia más saludable y transparente basada en la responsabilidad social.
2. Prioridad y puntuación en subvenciones: En el marco de ayudas y subvenciones, las empresas certificadas podrían obtener mayor acceso a programas de financiación pública y europea, alineándose con políticas de sostenibilidad y buen gobierno corporativo.
3. Prestigio y diferenciación en el mercado: El sello actuaría como un indicador de compromiso ético y buena gestión interna, mejorando la reputación de la empresa frente a inversores consumidores y clientes potenciales.
4. Reducción de costes legales y operativos: Una empresa capaz de resolver conflictos sin llegar a tribunales ahorra no solo en costes legales, sino también en tiempo, recursos y posibles penalizaciones.
5. Cumplimiento de objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza): El sello podría integrarse en los programas de responsabilidad social y de cumplimiento normativo, alineándose con las tendencias globales de gobernanza corporativa.
6. Aumento de la confianza de terceros: Las empresas con este reconocimiento transmitirán mayor confianza a trabajadores, socios y clientes, al demostrar su compromiso con la gestión ética de sus relaciones.

La implementación de esta certificación no solo sería beneficiosa para las empresas, sino que también tendría un impacto positivo en el sistema judicial y en la sociedad en general:

• Reducción de la carga judicial: Al promover métodos de resolución de conflictos fuera de los tribunales, los juzgados se verían liberados de una parte significativa de su carga de trabajo, permitiendo que se utilicen sus recursos para casos más complejos o de mayor trascendencia
• Fomento de una cultura de negociación y consenso: La certificación destacaría a las empresas que invierten en el diálogo y la conciliación como medio principal para resolver disputas, estableciendo un modelo a seguir para toda la sociedad.
• Mayor confianza en el tejido empresarial: Contar con empresas responsables en el manejo de sus conflictos contribuiría a mejorar la percepción del sector privado como un motor ético y eficiente de la economía.

(Imágenes: E&J)

La llamada a los legisladores: una propuesta coherente con el espíritu europeo

Es crucial que los legisladores y las administraciones públicas tomen en cuenta esta propuesta y allanen el camino para su desarrollo y aplicación. Iniciativas como ésta estarían plenamente alineadas con políticas de la Unión Europea que impulsan prácticas sostenibles, la mejora de la gobernanza empresarial y la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos.

Por otro lado, la inclusión de esta certificación como criterio en licitaciones públicas y convocatorias de subvenciones podría tener un impacto sistémico, incentivando a gran parte del tejido empresarial a adoptar políticas más responsables y eficientes.

La introducción de una certificación para empresas sin litigios judiciales es una propuesta innovadora que podría transformar la manera en que gestionamos los conflictos en el ámbito empresarial. Este modelo no solo beneficia a las empresas, sino que también fortalece el sistema judicial y la confianza de la sociedad en las instituciones.

Es momento de que los legisladores tomen nota de las ventajas que este sistema de puntuación o certificación podría aportar a nuestro ecosistema jurídico, social y económico. Apostar por una iniciativa como ésta es hacerlo por una justicia más eficiente, una economía más competitiva y unos valores corporativos más sólidos. Una empresa que sabe resolver sus conflictos de manera pacífica y responsable debería obtener el reconocimiento que merece. ¿No es hora de hacerlo realidad?