La exoneración del crédito público y la segunda oportunidad
Análisis jurídico de los límites y posibilidades de la exoneración del crédito público en el marco del mecanismo de segunda oportunidad
(Imagen: E&J)
La exoneración del crédito público y la segunda oportunidad
Análisis jurídico de los límites y posibilidades de la exoneración del crédito público en el marco del mecanismo de segunda oportunidad
(Imagen: E&J)
La Ley de Segunda Oportunidad, introducida en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social -LSO- y, actualmente, sistematizada en la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal -TRLC-, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, configura una institución de vocación claramente social, orientada al fresh start de los deudores de buena fe y, por tanto, a la rehabilitación patrimonial de las personas físicas que se encuentran en situación de insolvencia.
La normativa responde a la necesidad de dotar al sistema concursal de mecanismos eficaces que permitan a los deudores de buena fe sobreponerse a contextos económicos adversos; su finalidad es la de tratar de eliminar el riesgo de perpetuación indefinida de una deuda inasumible. Dicha norma se inspira en los principios de justicia material, equidad y función tuitiva del Derecho, es decir, parte de la base de una concepción humanista que intenta que el fracaso empresarial o personal no suponga una exclusión económica -y por tanto social- definitiva del deudor de buena fe, permitiéndole solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho siempre y cuando concurran los requisitos legalmente establecidos y entre los que destaca un comportamiento diligente del deudor de buena fe.
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