La impunidad anima a los asesinos de periodistas en México

Había denunciado amenazas de muerte y se suponía que se encontraba bajo la protección del Gobierno Federal pero, una vez más, esta circunstancia ha dado igual. Roberto Toledo, periodista y abogado de 55 años, ha sido acribillado este lunes en el parking de su oficina, en el municipio de Zitácuaro, estado de Michoacán. Este colaborador del Monitor Michoacán es el cuarto periodista asesinado en México en los últimos 21 días.

Toledo había publicado en su medio informaciones sobre diversas tramas de corrupción política registradas en Zitácuaro. Armando Linares, director del Monitor Michoacán, sostiene que esas investigaciones provocaron su asesinato: «exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos, nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros».

El estado de Michoacán, donde se ha producido el ataque, es uno de los puntos más peligrosos de todo México. Solo el año pasado se produjeron 2.732 asesinatos, unos niveles de zona de guerra. Detrás de estas muertes está la pugna por el control del territorio entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y diversos grupos de autodefensa locales.

Lourdes Maldonado López, periodista asesinada en México, advirtió al presidente en una rueda de prensa que corría peligro (Foto: Google)

La muerte de Toledo eleva a cuatro la cifra de periodistas mexicanos asesinados en las últimas tres semanas. Lourdes Maldonado López, quien le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 que temía por su vida, fue asesinada a tiros dentro de su automóvil el domingo. El fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel recibió un disparo en la cabeza frente a su domicilio el 17 de enero. Y José Luis Gamboa, el fundador y editor de dos sitios web de noticias, fue asesinado el 10 de enero.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) considera a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Según el recuento de la organización, nueve periodistas fueron asesinados en 2021. De esos nueve, el CPJ confirmó que tres lo fueron en represalia directa por su trabajo.

En México, solo uno de cada diez asesinatos de periodistas termina con sus responsables entre rejas

Según Artículo 19, organización que defiende y promueve la libertad de expresión, México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 149 asesinatos registrados desde el año 2000. “Es sabido que hay más de cien periodistas que han sido asesinados o que han sido desaparecidos en los últimos años”, expone la ONG.

Esta realidad es confirmada por la UNESCO, que entre 2013 y 2022 ha contabilizado 87 periodistas asesinados en el país. Para hacerse una idea exacta de la gravedad de la situación que atraviesan los informadores el país norteamericano, solo hay que comparar esta cifra con el recuento de informadores asesinados en otros países. Según cifras de la UNESCO, Siria reportó en ese mismo periodo 70 comunicadores asesinados, mientras que Afganistán 64 e Irak 57.

Entre 2013 y 2022 han muerto más periodistas en México que en Siria (Foto: Google)

Esto está provocando gran desesperación y miedo entre los informadores del país. El diario británico The Guardian publicaba el pasado mes de enero un reportaje en el que incluía una escalofriante revelación: «En algunas regiones, los periodistas tienen tanto miedo de ser secuestrados y asesinados que toman impresiones dentales caseras y las dejan en el congelador en casa antes de salir a informar, para que los familiares puedan identificar sus restos”.

Por otra parte, la coordinadora del programa de América Latina y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), Natalie Southwick ha destacado que los periodistas en el país, especialmente aquellos que cubren corrupción o crimen organizado, actualmente están «pensando seriamente» sobre «si lo que están haciendo vale la pena el riesgo para sus familias».

Southwick señala que «no hay duda» de que los recientes asesinatos están teniendo un efecto «escalofriante» en el periodismo. En este sentido, destaca que la violencia y las amenazas a las que se enfrentan los periodistas en México han contribuido a que crezcan cada vez más las “zonas de silencio” o «áreas enteras del país donde hay muy poca cobertura de noticias porque no es seguro». Los pocos periodistas en esas zonas, afirma, «cubren deportes o noticias de celebridades o temas que no van a molestar a los grupos locales del crimen organizado».

Impunidad de los asesinos

El problema de los asesinatos se ve agravado por el hecho de que muchos de estos crímenes quedan sin castigo. En México, solo uno de cada diez asesinatos de periodistas termina con sus responsables entre rejas, una circunstancia que, tal y como denuncian los organismos defensores de la libertad de expresión, se ha convertido «en una invitación para seguir matando».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: Presidencia de México)

Buena parte de las críticas por la situación se centran en el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Cuando llegó a la presidencia de México hubo esperanzas de que la situación de los periodistas cambiara, pero no ha sido así. Desde que llegó al poder han sido asesinados 29 informadores. El líder mexicano se ha convertido en el centro de las críticas del gremio por su falta de apoyo hacia los periodistas amenazados y sus continuos ataques contra aquéllos que le critican desde los grandes medios de comunicación.

En 2012 comenzó a operar el mecanismo de protección federal, que tiene una junta de Gobierno en la que participan la Secretaría de Exteriores, la de Gobernación, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En México hay en la actualidad unos 700 periodistas bajo la figura de protección, que pueden obtener de las autoridades estatales o de las federales.

En muchas ocasiones son los propios funcionarios los que atacan a los periodistas (Foto: Google)

El problema de este sistema es que no hay recursos suficientes para proteger al gran número de periodistas amenazados en el país. Además, quienes gestionan la protección no tienen la capacitación adecuada. A esto se une que las demoras para que la protección se haga efectiva son de tres o cuatro meses, según la organización Artículo 19.

Por si esto fuera poco, resulta que, según Artículo 19, muchas de las agresiones que se producen contra periodistas son perpetradas por funcionarios públicos. En 2020, de 692 agresores documentados, 343 eran funcionarios públicos y de ellos, en 188 casos se trataba de presidentes municipales, regidores, diputados o personal de comunicación social; 144 eran policías de cualquier nivel y 11 militares de los distintos cuerpos.

Esta organización ha pedido que se cambie la legislación y que las diferentes leyes estatales permitan a las personas agredidas elegir qué instancia debe protegerlas: si es una agresión de funcionarios estatales pueden optar por la protección federal y a la inversa.