La necesidad de reformar el Código Penal para proteger a las víctimas y endurecer las penas a los agresores

En las últimas décadas, España ha experimentado significativos avances en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, reflejados en una evolución positiva de su legislación penal. No obstante, los recientes acontecimientos y la alarmante frecuencia de ciertos delitos demandan una actualización urgente del Código Penal. Como abogado comprometido con la Justicia, considero crucial que esta reforma busque mejorar la protección de las víctimas.

La inadecuada protección de las víctimas

La protección de las víctimas ha sido un tema recurrente en el ámbito judicial y social. A pesar de los esfuerzos previos, los mecanismos actuales todavía no aseguran una protección eficaz y comprehensiva para todas las víctimas, especialmente en casos de violencia de género, abuso sexual y otros delitos graves. Las estadísticas en nuestro país son preocupantes; según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los casos de violencia contra la mujer han aumentado en los últimos años, demostrando la insuficiencia de las medidas vigentes.

Uno de los principales problemas es la revictimización. Las víctimas, al verse obligadas a relatar su experiencia repetidamente durante los procesos judiciales, reviven el trauma, lo cual dificulta su recuperación y afecta su bienestar emocional. La inclusión de tecnología en los procesos testimoniales, como grabaciones en vídeo que puedan utilizarse durante el juicio, podría mitigar este problema. Asimismo, es esencial garantizar un apoyo psicológico constante.

Endurecimiento de las penas para los agresores

Para disuadir los delitos y garantizar una justicia efectiva, sería necesario endurecer las penas. La percepción de que el sistema penal es laxo promueve la reincidencia y la impunidad. En delitos relacionados con la violencia de género y los abusos sexuales es fundamental imponer penas más severas que reflejen la gravedad de estos crímenes y el impacto duradero en las víctimas.

Algunas leyes actuales presentan ambigüedades y lagunas jurídicas que benefician al agresor

No obstante, proponer un endurecimiento no consiste únicamente en alargar las penas de prisión de los agresores. También significa implementar estrategias diferenciadas que consideren la naturaleza del delito y el perfil del agresor. Para los casos de delitos sexuales o violencia doméstica, se deberían integrar programas obligatorios de reeducación y reinserción, que, si bien no eximen de las condenas, buscan prevenir la reincidencia.

(Foto: E&J)

Armonización y claridad jurídica

La reforma del Código Penal debe también velar por la armonización y claridad de sus disposiciones. Algunas leyes actuales presentan ambigüedades y lagunas jurídicas que benefician al agresor, dificultando la administración de justicia. Un ejemplo claro es la tipificación de los delitos sexuales, que aún en ocasiones genera confusión entre los términos y penas aplicables.

Es imperativo revisar exhaustivamente estas normativas, proporcionando definiciones precisas y coherentes con las realidades actuales. Esto no solo facilitaría la labor de jueces y fiscales, sino que también brindaría mayor certeza jurídica a las víctimas, quienes podrían entender mejor sus derechos y las implicaciones legales.

Para los casos de delitos sexuales o violencia doméstica, se deberían integrar programas obligatorios de reeducación y reinserción

Prevención y educación

Junto con la reforma penal, la prevención debe ocupar un lugar central en las políticas de seguridad y justicia. Considero que los programas educativos dirigidos a la sensibilización desde edades tempranas son esenciales para erradicar conductas violentas y machistas. La violencia de género y otros delitos graves tienen raíces profundas en patrones culturales y sociales que deberían ser confrontados mediante la educación y la promoción de la igualdad de género.

Los centros educativos y las campañas públicas deben desempeñar un papel fundamental en la concienciación y prevención. El objetivo final debe ser el construir una sociedad en la que el respeto por la dignidad y los derechos humanos sea un valor imperante, minimizando así la ocurrencia de delitos.

Coordinación interinstitucional

Una reforma del Código Penal debería ir acompañada de una efectiva coordinación entre diferentes instituciones involucradas en la protección de las víctimas y la persecución del delito. Esto incluye a Cuerpos y Fuerzas de seguridad, servicios sociales, el sistema de salud y la administración judicial. La creación de protocolos de actuación unificados podría mejorar significativamente la respuesta ante incidentes y garantizar una protección integral a las víctimas.

En mi opinión, la reforma del Código Penal en España es una necesidad ineludible para adaptarse a las demandas actuales de Justicia y protección de las víctimas. La legislación penal no solo debe reflejar los valores de una sociedad, sino también actuar como un instrumento eficaz para proteger a sus ciudadanos y asegurar una justicia eficiente.