La seguridad del suministro energético.

Por David Antón Vega. Abogado de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Los carburantes se han convertido en una de los productos que más se están trayendo a colación estos días. Por un lado, los huelguistas claman por la fijación de unas tarifas mínimas que palien el efecto del galopante precio de los combustibles. Este incremento es, por sí solo, otro de los grandes debates de la actualidad, con un panorama internacional en el que desde el mes de agosto de 2007 hasta el momento presente se ha incrementado el precio del barril de petróleo Brent en un 70%, y se han levantado voces nada halagüeñas, desde quienes vaticinan que el precio del crudo se situará a no mucho tardar entre cerca de los 250 dólares por barril (el presidente de la rusa Gazprom, Alexei Miller), hasta quien afirma que la nueva crisis del petróleo acecha (Mr. Tanaka, director de la Agencia Internacional de la Energía, AIE). Por resumir, y para cerrar el círculo a esta exposición del escenario presente, volvemos a la huelga, que ha provocado en menos de una semana el desabastecimiento de un número considerable de estaciones de servicio por toda España, además de las actuaciones más agresivas (puede que fuera de la legalidad) por las que se ha bloqueado la salida de los camiones cisternas de los almacenamientos gestionados por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), llegando a amenazar con hacer lo propio en las refinerías.

La situación no es fácil de manejar para el Gobierno. Por un lado, debe atender las reclamaciones de los representantes de los huelguistas y buscar soluciones para la mejora del sector de transportes y de la pesca. Junto a ello, se comprueba cómo grandes grupos industriales (principalmente, las plantas de fabricación de automóviles) se quedan desabastecidas, de momento sólo con materias primas industriales, pero puede que dentro de poco también energéticas. Y, además, los consumidores se encuentran desorientados acerca de si deben aprovisionarse de comida, bienes necesarios y también combustibles, ante un panorama de mercados de abastos sin género del día, tiendas con estantes medio vacíos y gasolineras sin carburantes.

Pero, visto todo esto, ¿realmente está en la mano del Gobierno tomar las medidas para dar solución a todas estas situaciones? No entraremos a analizar si es posible para todos los frentes arriba señalados, pero sí lo haremos respecto a la seguridad del suministro de carburantes. Para llegar a ello, previamente se analizará las implicaciones de la seguridad del suministro respecto a los otros dos grandes sectores energéticos, como lo son el eléctrico y el gasista.

ARTICULO INTEGRO:

LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO

por David Antón Vega
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración
por la Universidad Autónoma de Madrid
Abogado de Cuatrecasas (www.cuatrecasas.com)
Dpto. Derecho Administrativo y Sectores Regulados
Telf. (+34) 91 524 76 19 / Fax (+34) 524 77 07
david.anton@cuatrecasas.com

El lunes 9 de junio de 2008, diversas asociaciones de transportistas y pescadores llamaban a la huelga para reclamar al Gobierno la adopción de medidas para paliar los elevadísimos costes del gasóleo que reducen su margen comercial hasta cifras mínimas.

Los carburantes se han convertido en una de los productos que más se están trayendo a colación estos días. Por un lado, los huelguistas claman por la fijación de unas tarifas mínimas que palien el efecto del galopante precio de los combustibles. Este incremento es, por sí solo, otro de los grandes debates de la actualidad, con un panorama internacional en el que desde el mes de agosto de 2007 hasta el momento presente se ha incrementado el precio del barril de petróleo Brent en un 70%, y se han levantado voces nada halagüeñas, desde quienes vaticinan que el precio del crudo se situará a no mucho tardar entre cerca de los 250 dólares por barril (el presidente de la rusa Gazprom, Alexei Miller), hasta quien afirma que la nueva crisis del petróleo acecha (Mr. Tanaka, director de la Agencia Internacional de la Energía, AIE). Por resumir, y para cerrar el círculo a esta exposición del escenario presente, volvemos a la huelga, que ha provocado en menos de una semana el desabastecimiento de un número considerable de estaciones de servicio por toda España, además de las actuaciones más agresivas (puede que fuera de la legalidad) por las que se ha bloqueado la salida de los camiones cisternas de los almacenamientos gestionados por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), llegando a amenazar con hacer lo propio en las refinerías.

La situación no es fácil de manejar para el Gobierno. Por un lado, debe atender las reclamaciones de los representantes de los huelguistas y buscar soluciones para la mejora del sector de transportes y de la pesca. Junto a ello, se comprueba cómo grandes grupos industriales (principalmente, las plantas de fabricación de automóviles) se quedan desabastecidas, de momento sólo con materias primas industriales, pero puede que dentro de poco también energéticas. Y, además, los consumidores se encuentran desorientados acerca de si deben aprovisionarse de comida, bienes necesarios y también combustibles, ante un panorama de mercados de abastos sin género del día, tiendas con estantes medio vacíos y gasolineras sin carburantes.

Pero, visto todo esto, ¿realmente está en la mano del Gobierno tomar las medidas para dar solución a todas estas situaciones? No entraremos a analizar si es posible para todos los frentes arriba señalados, pero sí lo haremos respecto a la seguridad del suministro de carburantes. Para llegar a ello, previamente se analizará las implicaciones de la seguridad del suministro respecto a los otros dos grandes sectores energéticos, como lo son el eléctrico y el gasista.

La seguridad del suministro: la energía en general

Los tres grandes sectores de la energía son el eléctrico, el gasista y el petrolero. En todos ellos existen alternativas para imponer y lograr unas cotas siquiera mínimas de seguridad en el suministro.

Electricidad

Para la electricidad, la seguridad del suministro se aporta mediante dos actuaciones diferentes: de un lado, es preciso fomentar la construcción de nuevas plantas de producción de energía eléctrica; de otra parte, resulta de todo punto necesario apostar por la extensión y refuerzo de las redes eléctricas.

a) Inversión en nuevas centrales

Respecto a la primera modalidad, el objetivo perseguido es que la potencia instalada entre el conjunto de todas las centrales de producción supere con creces a las predicciones sobre la demanda. Sin embargo, hay que comenzar exponiendo a las claras que para ello no vale todo tipo de central.

A pesar de la necesaria apuesta por las energías renovables, en concreto por la eólica dado que se trata de la única energía limpia que actualmente está lo suficientemente desarrollada como para producir una mayor cantidad de gigawatios por hora (GWh), es preciso ser conscientes que no pueden garantizar un suministro seguro y continuado (ni tampoco barato) de electricidad por motivos obvios: el viento no sopla siempre y tiene la mala costumbre de que los días de temperaturas más bajas y más altas la situación meteorológica es anticiclónica y, por lo tanto, los molinos permanecen quietos.

Un mix energético que asegure el suministro eléctrico demanda la variedad, y cuanto más mejor. Con la retirada lenta pero parece que imparable tanto de las centrales de carbón (y el consiguiente problema de qué hacer con las cuencas mineras y la justificación de las primas al carbón autóctono –aunque si el precio del carbón sigue aumentando a los ritmos actuales de alrededor del 100% en apenas unos pocos años, puede que esta actividad acabe siendo rentable-) como las de fuel se logran beneficios medioambientales, siendo sustituidas por un parque de ciclos combinados alimentados con gas natural (CCGT). El precio del gas natural ha crecido en un 90% en los últimos años, y desde los países de Europa central, grandes consumidores de este hidrocarburo y tan dependientes de Rusia, se comienza a debatir acerca de la necesidad de desligar su precio en los mercados internacionales del precio del crudo, como venía sucediendo desde el comienzo del uso del gas natural en los años 50 con el fin, entre otros, de no hacerle la competencia al mercado del petróleo. Un problema añadido, cada vez menos coyuntural, consiste en las largas listas de espera para que las empresas que pueden construir estas centrales (básicamente, General Electric, Siemens, Alstom y Mitsubishi, las de toda la vida) vayan cumpliendo con sus compromisos, por lo que se ha generado una larga lista de espera (de la que curiosamente se ha generado un atractivo producto: la compraventa de slots o turnos para adelantar puestos en esa cola). La gran ventaja de las plantas de CCGT radica en su elevada eficiencia (son las que obtienen los mejores rendimientos de producción eléctrica por cada unidad de combustible consumida) y en su magnífica predisposición a entrar a funcionar en cuestión de minutos, incluso a pleno rendimiento si así lo exige la demanda, lo cual dota de un elevado grado de seguridad al suministro eléctrico.

Otra opción es que se derogue la moratoria nuclear que impide la construcción de nuevas centrales nucleares en España. El debate nuclear está en visos de abrirse, y países como Italia, donde hasta hace unos pocos meses también estaba implantada la moratoria, ya han decidido optar por la energía nuclear. Los beneficios aparejados a esta tecnología son grandes: los principales, cobertura de la demanda eléctrica de base y nulos costes ambientales. Ahora bien, de todos es sabido el rechazo que produce en la gente debido al miedo a un accidente (los incidentes acaecidos en la central de Ascó van a ayudar en bien poco a la causa nuclear), a lo que hay que añadir la problemática de la gestión de los residuos. Pero a todo ello también hay que unir los elevadísimos costes para su construcción, además de los largos períodos para su puesta en marcha, mayores que los de ninguna otra planta de generación eléctrica.

Desde el punto de vista de los promotores, el aliciente es el beneficio económico. La normativa vigente sobre renovables  es más que generosa, estableciendo derechos a percibir una retribución fija a un largo período de tiempo, lo que asegura el beneficio. En la misma línea podrían situarse las nuevas centrales nucleares en caso de que se levantase la moratoria, pues aunque las que funcionan acuden al mercado organizado diario (pool) y la energía producida se les paga a precios elevados (que vienen marcando las ofertas procedentes de los CCGT), posiblemente se decida sacarlas del pool pues alteran la competencia (a raíz precisamente de la moratoria que impide que otros promotores puedan construir nuevas nucleares, beneficiándose de los altos precios del pool, si bien, por otra parte, el modelo de gestión de las centrales en activo suele ser el de la agrupación de interés económico, agrupándose varias empresas eléctricas, por lo que todas ellas perciben rendimientos de centrales nucleares) y sean retribuidas a una tarifa regulada que determine el Gobierno y que asegure su amortización y una atractiva rentabilidad . El resto de tecnologías acuden al pool y allí ofrecen su producción, entrando finalmente a funcionar y percibiendo por ello una contraprestación en caso de que el precio casado las incluya para cada sesión (las de fuel se quedan fuera, debido a sus costosas ofertas, pues no es rentable producir vistos los costes del petróleo), aunque existen otros mercados en los que pueden llegar a participar tanto las que quedasen fuera como aquellas que sí lograron entrar con el fin de mejorar sus condiciones (mercado intradiario, servicios complementarios, restricciones técnicas y gestión de desvíos). En el pool rige la libre competencia, por lo que la estrategia de cada empresa será esencial para que obtenga beneficios de cada una de sus plantas de producción. Ahora bien, debido a los elevados precios que se pagan tanto en el pool, en el resto de mercados e, incluso, fuera del mismo (pues también resulta posible suscribir contratos bilaterales al margen de él), no sólo se conseguiría una amortización en un plazo más que razonable, sino además grandes beneficios.

Tampoco cabe olvidar que si bien a finales del año pasado el Gobierno suprimió el sistema de garantía de potencia, por el que cada central recibía una cantidad por estar preparada para entrar a funcionar cuando fuese preciso, el actual sistema de pagos por capacidad  sigue suponiendo un extra a percibir por los titulares de las centrales, con pagos anuales y una cantidad con vista a un horizonte temporal de 10 años.

En definitiva, sin ser realmente relevante a estos efectos el tipo de tecnología, puede afirmarse que el actual marco económico hace atractivo para las empresas del sector eléctrico invertir en nuevas centrales.

b) Inversión en la extensión y refuerzo de las redes eléctricas

Las redes eléctricas son infraestructuras imprescindibles para ejercer dos actividades consideradas como reguladas por la Ley del Sector Eléctrico : transporte  y distribución. Ya que la Ley obliga a sus titulares a permitir el acceso (ATR) a otros sujetos , en realidad el uso de las redes eléctricas lo realizan terceros sujetos no titulares. Es por ello que se ha establecido que estas dos actividades sean retribuidas de una manera específica, al margen del mercado (pool) .

Respecto a la red de transporte, es preciso señalar que la extensión de ésta deberá cumplir con lo dispuesto por la Planificación que apruebe el Gobierno, tal como lo dispone la Ley . La Planificación de los Sectores de la Electricidad y el Gas para los años 2008-2016 ha sido aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de mayo.

Este año se ha revisado el sistema retributivo tanto de la actividad del transporte  como de la actividad de distribución , por lo que las nuevas redes recibirán su contraprestación atendiendo a una planificación detallada, instalación por instalación, asegurando su amortización y obteniendo unas tasas de rentabilidad determinadas.

Con ello se logrará la extensión de la red, construyendo nuevas instalaciones para llegar tanto a las nuevas centrales de producción como a la demanda de los consumidores, y también el refuerzo de las redes ya existentes, lo que coadyuvará al cumplimiento de los niveles de calidad, evitando situaciones de corte del suministro eléctrico (apagones).

Otra posibilidad de alcanzar mayores cotas de seguridad del suministro eléctrico que atañe a las redes son las interconexiones internacionales de la red de transporte, básicamente la ampliación de las líneas que unen España con Francia, para lo cual se ha alcanzado recientemente un acuerdo entre ambos países y las compañías implicadas (REE y RTE-EDF).

c) Conclusión sobre la seguridad del suministro eléctrico

Se podría afirmar que el método seguido para fomentar la construcción de nuevas centrales de producción de electricidad y de redes eléctricas es de incentivos económicos, basándose en sistemas de mercado o regulados que permiten obtener un interesante beneficio para los promotores.

Gas natural

La mayor diferencia que distingue a la energía proporcionada mediante hidrocarburos como el gas natural o el petróleo en comparación con la electricidad trae causa de que ésta es imposible de almacenar en grandes cantidades, por lo que es preciso que el nivel de producción y de consumo coincidan exactamente de forma constante; en cambio, los hidrocarburos sí pueden almacenarse en depósitos y almacenamientos específicos para ello. Este hecho también va a repercutir en que los medios para proporcionar seguridad al suministro de hidrocarburos sean en buena medida muy distintos a los que hemos visto para la energía eléctrica.

Respecto al abastecimiento de gas natural, dos son las vías con las que cuenta España para importar este producto: los gasoductos que conectan los yacimientos de Argelia con la red de gasoductos en territorio nacional  y las plantas de regasificación ubicadas en numerosos puertos  que permiten la recepción de gas natural licuado (LNG) para convertirlo en estado gaseoso e introducirlo en la red de gasoductos. Esta situación no es otra cosa que el reflejo de la dependencia energética exterior de España, si bien gracias a la doble opción de gasoductos internacionales y plantas de regasificación se palia en parte el hecho de ser una isla energética. También cabe indicar que se están desarrollando los almacenamientos subterráneos , para dotar al sistema gasista de capacidad de maniobra según la demanda y poder ir acumulando una cada vez más considerable parte de gas natural para alcanzar mayores cotas de seguridad del suministro.

La huelga que actualmente se desarrolla no ha afectado al sector gasista, ya que la conducción del gas se realiza siempre por medio de gasoductos, hasta llegar a los mismos consumidores; además, los buques metaneros guardan poca relación con la flota pesquera.

La seguridad en el suministro de gas natural se logra a través de distintas vías:

a) Incentivos a la inversión en instalaciones

En el sector gasista, las actividades de transporte y de distribución, ambas prestadas a través de gasoductos, la de regasificación y la de almacenamiento básico tienen la consideración de actividades reguladas , por lo que su retribución vendrá determinada por el Gobierno. De ahí que se deba realizar un cálculo ajustado a las necesidades de desarrollar las infraestructuras necesarias para importar el gas natural necesario para atender a una demanda creciente y muy variada, desde grandes industriales (cerámicas), hasta la producción de energía eléctrica (CCGT), pasando por los millones de consumidores domésticos.

Todas las instalaciones de transporte, distribución, regasificación y almacenamiento básico están obligadas a cumplir las exigencias de los derechos de ATR , recibiendo a cambio la retribución establecida por el Gobierno y recaudada a través del cobro de peajes y cánones por el uso de tales instalaciones. Para ello, deberán atenderse los criterios de recuperación de las inversiones durante el período útil de las instalaciones, la obtención de una rentabilidad razonable y una cobertura de costes que incentive una gestión eficaz y la mejora de la productividad .

A este respecto, hay que tener presente que el desarrollo de las instalaciones que formen parte de la red básica del sistema gasista  se encuentra sujeto a lo dispuesto en la planificación del Gobierno, y que para los próximos años ha sido plasmada en la Planificación de los Sectores de la Electricidad y el Gas para los años 2008-2016, aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de mayo de 2008.

b) Diversificación del abastecimiento

Los sujetos del sistema gasista que se encargan de suscribir los contratos internacionales de abastecimiento suelen ser los comercializadores. Es por ello que la Ley del Sector de Hidrocarburos les ha impuesto la obligación de diversificar sus fuentes de abastecimiento, lo que implica que, tomando como referencia la suma de aprovisionamientos de todos ellos, la proporción de los provenientes de un mismo país no puede superar determinados umbrales . También se contempla que el Gobierno establezca la misma limitación para aquellos consumidores directos en mercado, que son aquellos que se abastecen directamente sin que medie la actuación de ninguna empresa comercializadora, y así ha sido.

La Ley fija un umbral máximo del 60%, pero abre la posibilidad de que el Gobierno lo aumente o reduzca según la situación del mercado internacional del gas natural .

Con las reformas introducidas por el Gobierno en 2007 , se ha establecido una obligación complementaria a la anterior. Así, en el supuesto en que la suma de todos los aprovisionamientos procedentes de un mismo país supere el 50%, los comercializadores y los consumidores directos en mercado  que, directamente o por estar integrados en grupos empresariales, realicen aprovisionamientos por una cuota superior al 7% de los aprovisionamientos en el año natural anterior no podrán importar gas natural del principal país suministrador por más del 50% de sus propios abastecimientos; si bien, en ese supuesto, cabría superar el umbral del 50% previa autorización del Ministerio de Industria . Actualmente, el principal país suministrador es Argelia, pero la suma total no alcanza esos umbrales, por lo que aún no surte efecto esta obligación.

c) Existencias mínimas de seguridad

La Ley del Sector de Hidrocarburos establece la obligación para los comercializadores de disponer de unas existencias mínimas de seguridad (EEMMS) y, asimismo, los consumidores directos en mercado están obligados a disponer de EEMMS en la parte no suministrada por un comercializador . El volumen de las EEMMS será establecido por el Gobierno en atención a las disponibilidades del sistema, así como la parte de esas EEMMS que tendrá la consideración de reservas estratégicas (RREE). Ahora bien, este sistema de EEMMS no es de aplicación a los territorios extrapeninsulares .

En concreto, se ha fijado la obligación de mantener EEMMS equivalentes a 20 días de las ventas o consumos de carácter firme . Esta obligación podrá cumplirse con gas natural de su propiedad o arrendando y contratando servicios de almacenamiento .

La parte de las EEMMS con carácter estratégico se ha determinado en la cantidad equivalente a 10 días de las ventas o suministros firmes (según se trate de comercializador o de consumidor directo en mercado) en el año natural anterior . Estas RREE deberán necesariamente mantenerse en almacenamientos básicos, por lo tanto, dentro del territorio nacional , siendo posible que el resto de las EEMMS se encuentren fuera de España, pero sólo en países miembros de la Unión Europea con los que se haya suscrito el correspondiente acuerdo intergubernamental .

Junto a ello, también deberá disponerse de existencias de carácter operativo, por una cantidad idéntica a las EERR .

Ante situaciones de emergencia, escasez o desabastecimiento, se podrá hacer uso de las EEMMS . Para ello, se obliga a los sujetos del sistema gasista a elaborar anualmente unos planes de emergencia, así como el Gestor Técnico del Sistema (Enagas) deberá elaborar un plan que será aprobado por el Ministerio de Industria y en el que se fijará el procedimiento, las prioridades de suministro, la utilización de las EEMMS y el tiempo de reposición de éstas, otorgándose a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)  el control y seguimiento de la utilización de las EEMMS.

Cualquier incumplimiento a este respecto dará lugar a la comisión de una infracción tipificada como muy grave, pudiendo llegar a imponerse cuantiosísimas multas .

d) Otras medidas en caso de escasez de suministro

Por último, la Ley del Sector de Hidrocarburos dispone que en caso de situaciones de escasez de suministro, el Gobierno podrá tomar las decisiones que sean oportunas para dar a las RREE el destino que sea más necesario, pudiendo adoptar igualmente otras medidas complementarias que afecten a los mercados . En este caso, si se viese afectado el régimen retributivo de los sujetos del sector, sería preciso garantizar un reparto equilibrado de los costes.

e) Conclusión sobre la seguridad del suministro de gas natural

Para el sector gasista, aunque una parte de la seguridad del suministro se trata de lograr mediante incentivos positivos atendiendo a una retribución atractiva para el desarrollo de las instalaciones e infraestructuras necesarias para el aprovisionamiento y la conducción del gas natural, al igual que sucedía con el sector eléctrico, otra buena parte de las medidas suponen un ejercicio de la potestad de intervención de los poderes públicos, con un papel destacado en varias de ellas del Gobierno.

Así sucede con las obligaciones de diversificación y mantenimiento de EEMMS y, por la parte que toca al Gobierno, con la imposición de medidas muy variadas en caso de darse una situación de desabastecimiento, con especial repercusión sobre los sujetos obligados a mantener EEMMS, ya que parte de ellas están afectas como RREE.

Petróleo

Al igual que sucede con el gas natural, el petróleo así como los productos derivados del mismo pueden ser almacenados, lo que contribuye de forma decisiva a la seguridad del suministro.

La importación de crudo a España se realiza únicamente mediante buques petroleros, para después introducir el petróleo en los oleoductos que lo trasladan desde los puertos hasta las refinerías y, una vez obtenidos los productos refinados, éstos son conducidos mediante oleoductos hasta almacenamientos , desde los que, por lo general, se cargan los camiones cisterna que surten tanto a las estaciones de servicio como a los depósitos de los consumidores. Por lo tanto, al contrario de lo que ocurre con el sistema gasista, no existe conexión directa vía oleoducto con el consumidor, resultando imprescindible el transporte por carretera. De ahí que ante la huelga, el suministro de productos petrolíferos sí pueda llegar a ponerse en riesgo y exista la posibilidad de producir situaciones de desabastecimiento.

Las vías para garantizar la seguridad del suministro de productos derivados del petróleo son las siguientes:

a) Inversión en infraestructuras

De nuevo, el desarrollo de las infraestructuras vuelve a ser una de las claves para que los productos refinados sean distribuidos por todo el territorio. Sin embargo, la red de oleoductos se encuentra en un estado muy maduro, por lo que no se espera grandes proyectos, si bien CLH sigue invirtiendo en su mejora y extensión. Una parte interesante de ello, que se está analizando, es la red que va a ser necesaria para la conducción del biodiesel y los biocombustibles desde las plantas de producción hasta las estaciones de servicio, pues el sistema actual impide que circulen por los mismos oleoductos junto con productos derivados del petróleo .

La retribución de la actividad de transporte y almacenamiento se ha determinado a partir del cobro de peajes por aquellos sujetos que hagan uso del ATR. El ejercicio del ATR para oleoductos y almacenamientos de hidrocarburos líquidos se rige por un sistema negociado, al contrario del ATR regulado para las infraestructuras del sistema gasista, por lo que los peajes por su utilización serán establecidos por las empresas titulares de las infraestructuras y no por el Gobierno, si bien deberán aplicarse condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, transparentes y objetivas, con la obligación de hacer públicos los precios .

El Gobierno, dentro de su potestad planificadora, puede establecer la necesidad de ejecutar nuevas instalaciones de almacenamiento, pero sólo con el fin de atender a los niveles de RREE .

b) Existencias mínimas de seguridad y reservas estratégicas

Están obligados al mantenimiento de EEMMS de productos petrolíferos  (i) los operadores al por mayor  excluyendo la parte vendida a otros operadores al por mayor, (ii) los distribuidores o comercializadores al por menor para la parte de sus ventas no suministrada por operadores al por mayor y (iii) los consumidores en la parte de su consumo que no les haya sido suministrada por operadores al por mayor ni por distribuidores o comercializadores al por menor .

La Ley de Hidrocarburos fija como límite absoluto de la obligación de mantener EEMMS el equivalente a 120 días de las ventas o consumos anuales . Sin embargo, por el momento se ha decidido imponer un total de 90 días, que para el 1 de enero de 2010 se incrementará en otros dos días, hasta alcanzar los 92 días . Para los gases licuados del petróleo (GLP), en cambio, la obligación absoluta es de 30 días , habiéndose establecido hasta el momento un máximo total de 20 días .

Las EEMMS podrán mantenerse con productos de propiedad del obligado o bien mediante contratos de arrendamiento que permitan la plena disposición de las mismas . Las EEMMS podrán mantenerse fuera del territorio español, pero sólo en países de la Unión Europea en caso de que se haya llegado a un acuerdo intergubernamental y siempre que el sujeto obligado recabe la autorización del Gobierno .

Una parte de las EEMMS tienen la consideración de EERR, dejando al margen los GLP . En concreto, se ha determinado en 45 días . Estas RREE son constituidas, mantenidas y gestionadas por la CORES, para lo cual recibirá cuotas de los sujetos obligados a ello . Se dispone que estas RREE sean distribuidas por la CORES de tal manera que pueda alcanzar a todos los centros de consumo a lo largo de España, pudiendo movilizarlas según las necesidades de cada zona en caso de emergencia .

El Gobierno podrá decretar el uso por la CORES de las EEMMS y de las RREE para atender situaciones de emergencia, imponiendo los usos o destinos y el abastecimientos de aquellos centros de consumo que hayan sido calificados como prioritarios . Asimismo, el Gobierno podrá disponer la enajenación o permuta de las RREE en caso de crisis o problemas permanentes de abastecimiento, de tal forma que se venderán a los sujetos obligados a mantener EEMMS a precio de mercado para su puesta a consumo .

En caso de incumplir las obligaciones de mantenimiento de EEMMS y de RREE, podría cometerse una infracción tipificada como muy grave, que lleva aparejada multas de elevadas cuantías .

c) Medidas ante situaciones de escasez del suministro

Finalmente, el Gobierno podrá acordar determinadas medidas con el fin de dar solución a situaciones de escasez de suministro, con la duración y excepciones que resulten pertinentes . Para aquellas actividades que se vieran afectadas por tales medidas, será preciso ajustar el régimen retributivo, debiendo en todo caso garantizar un reparto equilibrado de los costes.

e) Conclusión sobre la seguridad del suministro de los productos petrolíferos

Para el sector petrolero, los incentivos a la inversión en infraestructuras no resultan tan interesantes como en los sectores gasista o eléctrico, en tanto el Gobierno no determina la retribución de las instalaciones y, además, se trata de un mercado muy maduro y con escasa posibilidad de dar entrada a nuevos sujetos.

Así pues, para lograr la seguridad del suministro de productos petrolíferos, las opciones prácticamente se reducen a la intervención del Gobierno y de la CORES y la imposición de obligaciones de mantenimiento de EEMMS y de colaboración y financiación de las RREE, de las que se ocupa la CORES.

Reflexiones finales

En líneas generales, de todo lo que hemos visto, puede afirmarse que la seguridad del suministro energético no va a depender de las actuaciones que por propia iniciativa decidan emprender los sujetos que actúan en cada mercado (eléctrico, gasista o petrolero). Muy al contrario, van a ser los poderes públicos, con plenas atribuciones para el Gobierno central, los que deban adoptar las decisiones para solventar las situaciones de crisis, escasez y desabastecimiento, imponiendo cuantas medidas se estimen necesarias para que los consumidores no se vean privados del suministro o, en caso de que no sea posible hacérselo llegar a todos, cuanto menos establecer un orden de prioridades a atender a la hora de distribuir los productos.

Retomando el tema con el que se inició este artículo, ahora que se ha visto cómo se gestiona la seguridad del suministro desde la perspectiva de cada sector, comprobamos que la huelga sólo puede afectar al de productos petrolíferos, en tanto es el único de ellos que depende de una conducción al margen de infraestructuras (ya sean líneas eléctricas o gasoductos), siendo los camiones cisterna los que realizan la última parte del recorrido hasta las estaciones de servicio o los depósitos de los consumidores.

Siendo así, la exposición de este sector a una huelga prolongada es evidente. Y ello podría conllevar la actuación del Gobierno (que ya ha anunciado que adoptará las medidas que sean precisas para garantizar el suministro de carburantes). De momento, sólo ha sido preciso realizar actuaciones por parte del Ministerio del Interior, encaminadas a despejar las carreteras y disolver los piquetes. Sin embargo, llegado el caso, podrían ponerse en práctica las medidas que hemos ido señalando e, incluso, llegar a disponer de las EEMMS y de las RREE.

Por otra parte, no debe pasar desapercibido el hecho de que entre las medidas que puede adoptar el Gobierno ante una situación de desabastecimiento, como la que se podría avecinar, también podría justificarse la fijación de precios máximos para los carburantes que precisan los transportes por carretera y la flota pesquera. Sin embargo, nada hace pensar que, por el momento, el Gobierno vaya a decantarse por ello, y ni tan siquiera se trata de una de las reivindicaciones principales de las asociaciones que han convocado la huelga. Por un lado, el Gobierno prevé ayudas puntuales y deducciones fiscales, junto con la posibilidad de reabrir el debate en la Unión Europea respecto a las ayudas con cargo a fondos comunitarios para el sector pesquero; por su parte, los huelguistas claman por la fijación de una tarifa mínima para los servicios de transporte (algo que parece difícil dado el grado de liberalización alcanzado en el sector del transporte).

En cualquier caso, queda claro que el Gobierno dispone de instrumentos suficientes para actuar. Cuestión bien distinta es que finalmente sea necesario hacer uso de ellos o que, en atención a la situación en los mercados internacionales del petróleo, las medidas deban acabar orientadas hacia otros frentes, como el abastecimiento general o el control de la escalada de precios del barril de crudo. Pero eso, si bien relacionado con la huelga y el objeto de este artículo, es otro tema.

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