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ITTILas costas en los procesos con consumidores en los que exista allanamiento de la entidad demandada
Sobre la relación entre su imposición y la conducta procesal de las partes
(Imagen: E&J)
Las costas en los procesos con consumidores en los que exista allanamiento de la entidad demandada
Sobre la relación entre su imposición y la conducta procesal de las partes
(Imagen: E&J)
En primer lugar, es necesario hacer referencia al hecho de que la abusividad de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que atribuye de forma indiscriminada al consumidor el pago de todos los gastos de la operación, fue proclamada por la Sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional (STS/SSTS y TC, respectivamente), 705/2015, de 23 de diciembre, y quedó consolidada plenamente en las SSTS 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019, todas ellas de 23 de enero.
Si bien es cierto que existen sentencias posteriores, se determinó exactamente que la atribución de los gastos de gestoría (STS 550/2020, de 26 de octubre) y de tasación (STS 35/2021, de 27 de enero), no afectan a la doctrina relativa a la abusividad de la cláusula de gastos y la exigencia a la entidad prestamista de la devolución de aquellos gastos respecto a los que ya existía una jurisprudencia clara (como mínimo, los de notaría y registro, desde la STS de 23 de enero de 2019).
Con posterioridad, el Tribunal Constitucional —en sus SSTS 131/2031, de 9 de marzo; 2394/2021, de 8 de junio; 780/2022, de 2016 de noviembre; y 1260/2023, de 19 de septiembre— estableció que, aunque la efectividad del principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas exige generalmente que el consumidor no haya de cargar con aquellos gastos procesales derivados de la obtención de la declaración de abusividad de la cláusula, ello no obsta a que tal principio “haya de cohonestarse con otros principios de la Unión Europea (UE), como es el de garantizar la buena administración de justicia, indispensable para la efectividad del principio de Estado de Derecho que constituye uno de los pilares del ordenamiento jurídico de la UE.
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