Los Tribunales de Marca de la Unión, veinte años después de su creación: presente y futuro

La especialización de los Juzgados de lo Mercantil y de la Audiencia Provincial de Alicante como Juzgados y Tribunal de Marcas Comunitarias fue controvertida. Al tiempo de la aprobación del Reglamento de Marca (1994), la normativa comunitaria no obligó a hiperespecializar un único Tribunal en el territorio de cada Estado miembro, sino tan solo “un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia”.

El caso alemán podía servir como ejemplo de distribución federal de competencias. España había optado en un primer momento por el sistema atribución descentralizada existente en materia de patentes, de forma que la competencia se atribuía a los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad sede del TSJ del domicilio del demandado.

Sin embargo, la creación de los juzgados de lo mercantil por vía de la Ley Orgánica 8/2003 supuso también la creación del primer y único supuesto de hiperespecialización de un tribunal con competencia internacional con exclusión de cualquier otro: se creaba el Juzgado y el Tribunal de Marca comunitaria (hoy “de Marca de la Unión Europea”). Aquel título lo ostentarían el entonces único Juzgado de lo Mercantil de Alicante y la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante.

La decisión era arriesgada y controvertida. No existía ni existe en España ningún ejemplo de tribunal único con competencia internacional, con capacidad para afectar de forma inmediata a todo el territorio de la Unión Europea. Menos en materia mercantil. Toda suerte de subespecialización pasa por el hoy 118 LP que sigue atribuyendo competencia a varios tribunales.

El legislador había dado un paso más al decidir que fuera Alicante la sede del tribunal, y no ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia (a las que hoy podríamos unir Málaga, Sevilla, o Coruña). Se apostaba por la descentralización de instituciones nacionales usualmente centralizadas en Madrid o en los tradicionales centros administrativos. Alicante no cumplía ninguna de estas características.

En efecto, más allá de que la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) (entonces OAMI) fuera a tener su sede también en la ciudad de Alicante, nadie oculta que hubo importantes motivos políticos para situar los Tribunales de Marca en Alicante. Era, en definitiva, una forma de integrar España y la Comunidad Valenciana desde el sureste. Era apostar por una España diferente, vertebrada también desde la periferia.

Oficina Española de Patentes y Marcas. (Foto: OEPM)

De esta forma, Alicante empezaría a escribir con letras de oro en la historia de la propiedad intelectual europea, situándose al nivel de ciudades como Múnich, La Haya o Bruselas. Alicante, por el valor y transcendencias de las decisiones que aquí se adoptan, y en sinergia con la EUIPO, se posicionaba como la capital europea de la propiedad intelectual en materia de marcas y diseños por derecho propio.

Paradójicamente, mientras la EUIPO es hoy una de las mayores agencias de la UE (según datos de 2023, ingresó 455 millones de euros, lo que le permite invertir en la búsqueda de la excelencia en sus servicios al tiempo de que promueve la eficiencia y la sostenibilidad), los Juzgados de Marca y el Tribunal de Marca sufren las consecuencias de un inexplicable abandono institucional.

Por una parte, de carácter orgánico. Frente a Madrid, Barcelona y Valencia, en Alicante un juez de Marca de la Unión Europea lo es también de todas y cada una de las materias atribuidas a los jueces de lo Mercantil, lo que limita el tiempo de dedicación a la propiedad industrial. El no estar en una “capital” limita también la retribución, tema no menor. Seguimos igualmente lastrados por la bicefalia de ser jueces de propiedad industrial y jueces de insolvencia.

Es más preocupante, sin embargo, la falta de medios. Los tres Juzgados de Marca, hoy constituidos desde 2023 como Tribunal de Primera Instancia (hito en nuestro sistema jurídico al avanzar una nueva forma de organización sobre la base del mero compromiso entre los jueces), se encuentran dispersos en dos sedes.

Sedes en las que faltan medios tecnológicos que permitan, por ejemplo, desarrollar una vista de diseño o de marca con la calidad que la misma exigiría. Basta ir a otras ciudades como Valencia, Murcia o Barcelona para ver lo que una inversión decidida puede mejorar las cosas. Las comparaciones son odiosas pero necesarias. Alicante ha sufrido precisamente aquello que se pretendía superar con su creación: al no ser un centro administrativo tradicional, ha sido postergado en las prioridades de inversión.

A pesar de ello, en Alicante somos conscientes de que la protección de la propiedad intelectual tiene un marcado acento español, lo que implica una importante responsabilidad para el desarrollo del mercado único. Somos conscientes de que la propiedad intelectual e industrial es hoy un activo clave para poder competir a escala mundial.

Es clave para la Unión Europea y clave, por tanto, para España y la Comunidad Valenciana. No se trata solo del liderazgo tecnológico, se trata de una cuestión de pura supervivencia. Proteger la propiedad industrial y apostar por mercados dinámicos y transparentes debería ser el objetivo de toda política medianamente sensata.

(Imagen: E&J)

Por eso, en el año 2023 constituimos el Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea, autorizado por el CGPJ el 29 de marzo de 2023, lo que nos permite establecer una organización que favorece la unificación de criterios en beneficio de la más elemental seguridad jurídica. Esperemos que el legislador nacional decida, algún día, aprobar la nueva estructura orgánica que suponen los Tribunales de Instancia, lo que permitiría, por ejemplo, lograr la subespecialización en propiedad intelectual, industrial y competencia, sin perjuicio de otras.

Nos encontramos en un momento clave para el desarrollo de la economía futura, inmersos en una nueva era digital, con cambios tan transcendentes como la aparición de los metaversos, del blockchain o de una tecnología tan disruptiva como es la inteligencia artificial (IA). No lo duden. El mundo antes y después de la IA será otro.

Ello implica oportunidades, pero también riesgos para las empresas y para los creadores. Y, como no, para los Tribunales. Nuevamente, no lo duden, los Tribunales empezaremos a emplear IA antes de lo que nadie piensa. Y los Tribunales de Marca y Diseño, con nuestras decisiones, pero también con nuestra práctica diaria, se situarán a la vanguardia del debate. Lo que se diga desde Alicante condicionará el desarrollo futuro del mercado, como ha venido sucediendo hasta ahora.

Seguimos todavía digiriendo la etapa Post-Cofemel [2019] e intentando delimitar correctamente la protección de la propiedad intelectual e industrial en el caso de las creaciones funcionales, allí donde diseño y derechos de autor dialogan cara a cara. Las respuestas que se den desde los Tribunales de Marca serán cruciales.

Recuérdese que nuestras decisiones juegan siempre en los límites de la tensión entre derechos de propiedad intelectual e industrial y la existencia de mercados procompetitivos. Tanto un exceso como un defecto de protección suponen un menor dinamismo y una menor competitividad. Nuestra labor es de cirugía jurídica. De alta precisión. Y para ello necesitamos la mejor formación posible, pero también las mejores herramientas.

Precisamente por todo ello, el Tribunal se ha comprometido decididamente con la rapidez en la resolución de las medidas cautelares y ha adoptado con carácter general los tiempos de resolución a los que nos habíamos comprometido en el Protocolo del Mobile World Congress, experiencia única de colaboración entre Tribunales de diferentes demarcaciones existente en España, y que se aprueba conjuntamente entre la Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Primera Instancia de Barcelona y el Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea.  Ellos nos convierten en uno de los Tribunales de Marca más eficaces de toda Europa, junto a los Tribunales alemanes.

Ha llegado la hora también de apostar por la internacionalización. La competencia internacional subsidiaria que solo ostenta el Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante, por ser España la sede de la EUIPO, no ha funcionado como debería. El Brexit y la ausencia de casos nos lo demuestra. Y debemos ser autocríticos. No creemos que sea por la calidad de las resoluciones, puesto que hemos demostrado en estos 20 años que somos un Tribunal confiable. Sin embargo, es cierto que debemos ir más allá de los estrechos límites con los que nuestro legislador sigue considerando las reglas de procedimiento.

Por ejemplo, necesitamos apostar por el inglés. En otras jurisdicciones como la de los Países Bajos no han tenido problema en hacerlo, lo que les ofrece una ventaja clara frente a otros países como España. La cuestión idiomática es una buena muestra de cómo una mala regulación orgánica, desfasada y no acorde a los tiempos (pregúntese a cualquier despacho por los requisitos mínimos de contratación en propiedad intelectual, industrial y competencia) puede limitar el impacto internacional de un país. En España nos gusta jugar a ponernos palos en las ruedas.

Productividad (Foto: Freepik)

Es necesario seguir apostando por garantizar eficazmente la protección, para que todos los instrumentos a disposición de los titulares de derechos se activen convenientemente. Para ello es necesario todavía mucho trabajo y exige, no solo repensar las instituciones sustantivas, sino también mejorar el trabajo de todos los que intervenimos en los procedimientos.

Durante 20 años hemos sido una jurisdicción de vanguardia que, sobre la base de resoluciones de alta calidad jurídica, ha conseguido ganarse la confianza de los profesionales del foro. Sin embargo, es necesario hacer mucho más. Debemos ser proactivos. La situación actual no puede mantenerse. Sin recursos y sin una debida promoción y protección de aquellos jueces por cuyas venas corra el ADN de la propiedad intelectual e industrial, el Tribunal, mermado por la desidia política, quedará al albur de los cambios en la planta judicial y podrá perder todo lo construido con tanto esfuerzo y trabajo. Ello no nos detiene, sino que nos motiva a ser mejores cada día.

Es hora de dignificar el Tribunal, hoy olvidado. Por no tener, apenas tenemos una identificación clara en un edificio que sigue identificado como Juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.

También es el momento de seguir formándonos y formando. De seguir generando espacios libres de conflictos de interés en los que la propiedad industrial pueda ser discutida para que el derecho se siga creando mediante la intervención activa de todos los operadores interesados. Desde abogados a procuradores, pasando por los empresarios y los creadores.

Somos jueces al servicio del mercado, al servicio de las empresas y los creadores. Pero, sobre todo, al servicio del proyecto europeo y en beneficio de las generaciones futuras. Para nosotros, ser jueces de Marcas y Diseños es una responsabilidad y una pasión. Y seguiremos trabajando conscientes de nuestra responsabilidad, intentando seguir estando a la altura, como ha sucedido durante los últimos 20 años. Pero queremos más, porque queremos ser nuestra mejor marca y nuestro mejor diseño, porque esa será la forma de ofrecer la mejor protección posible.