“Ni machista ni feminista”

Las declaraciones de Irene Montero, en el Foro Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, eran más que previsibles. En la esfera política, de tono monocorde e histrionismo en la proclama, era esperable que la ministra hiciera lo que suele hacer: buscar la cámara y arrojar la cerilla.

Luego, lo que dijera, hemos de circunscribirlo al ámbito al que pertenece: el del cotarro político. Y pese a que sus declaraciones son incendiarias, lo troncal es que lo institucional jurídico debe desligarse, por su calado estético, de lo político. De lo contrario corremos el riesgo de convertir nuestros actos en charlotadas y restarle brillo a nuestra actividad, por suerte muy alejada de la irritante dinámica parlamentaria.

Montero se erigió como caballo de Troya inadaptando su mensaje al foro y haciendo alarde de su habitual retórica inflamada. ¿Qué esperaban? Y en esas, el anfitrión quizás podría haber hecho más por defender el estatus de la profesión en este asalto a la sede de la abogacía madrileña. Porque su alegato, eso de “ni machista ni feminista”, además de timorato, es un error conceptual propio de quien no está bregado en la dinámica del politiqués, es de primero de feminismo: el machismo se contrapone a hembrismo, que no al feminismo.

Y poco importa que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (70ª promoción de jueces), un 71,28% de los nuevos magistrados que se incorporan a la Carrera Judicial en distintos puntos de España sean mujeres; o que de los 188 jueces que constituyen la nueva promoción de togados, solo 54 son hombres, es decir, estos únicamente representan el 28,72% del total. Porque la realidad, en ocasiones tozuda, es ajena al elemento discursivo, pero este, en cambio, puede liquidar la reputación de cualquier actividad en mucho menos tiempo de lo que se tarda en construirla.

El adjetivo patriarcal suele ser la posdata del discurso yermo. Es pompa de jabón, alegoría de la necedad. Sobre todo cuando se atribuye “al conjunto de normas del ordenamiento jurídico” por parte de quien forma parte del Poder Legislativo, es decir, de quien aspira a crear esas mismas normas. ¿Qué nos quiere decir la ministra, que si fracasa en su intento de legislar -legítimamente- a conveniencia, hay que destruir las leyes, presionar a los jueces y revertir el orden establecido? La paradoja es supina, pues solo su discurso, en esta ocasión, atenta no solo contra las mujeres, sino contra el conjunto de la sociedad, aspirando a liquidar, ahora sí, el conjunto nuestras libertades.

Que la dicotomía que intente proponer Montero sea la de patriarcado contra feminismo es un acto de supervivencia política, pues solo así se sostiene su discurso. Pero que la sede institucional de la abogacía madrileña le dé pábulo constituye un error mayúsculo, ya que se promocionan debates extralimitados del ejercicio de la profesión.

En realidad, lo que la ministra nos propone, indirectamente, es otro enfrentamiento: el de los que creen en las libertades públicas y los que aspiran a destruirlas. Y eso sí nos atañe como juristas, porque solo a través de la Justicia se pueden blindar nuestros derechos. Los de las mujeres, los de todos.