Nueva movilización de la plataforma intersindical de funcionarios el próximo 22 de enero para salvar MUFACE

Los sindicatos ANPE, FEDECA, SIAT, SPP, SUP UFP, USIE y USO, que representan un amplio porcentaje de funcionarios civiles, han decidido unir fuerzas frente a la crisis abierta entre aseguradoras sanitarias y el Gobierno, que supone un grave riesgo para el servicio sanitario de toda la población.

Según explican a Economist & Jurist, la absorción de funcionarios que salgan de MUFACE por el sistema público de salud acarrearía consecuencias devastadoras en algunas comunidades autónomas que, a día de hoy, a duras penas pueden dar servicio a todos los ciudadanos.

Para este colectivo, la mala gestión y la falta total de previsión, sumadas al proyecto encabezado por la ministra de Sanidad para hacer desaparecer la mutua, nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora: un abandono de pacientes, algunos de ellos en tratamiento, llevándonos a todos a una dramática situación de incertidumbre.

Desde FEDECA, su presidenta, Ana Ercoreca, señala a Economist & Jurist: «Pedimos también responsabilidad a las aseguradoras, tanto a las que vienen participando en el concierto como al resto. Recordamos que la atención sanitaria de los mutualistas nunca ha sido gratis e incluso ha ayudado a mejorar la imagen de compañías del sector. Hay que recordar que no nos han atendido gratis durante los años en los que necesitaban a los funcionarios para crecer y mejorar la imagen de sus compañías, para que ahora nos despachen de esta manera».

Para este colectivo, aunque algunas voces tratan de restar importancia al desembarco en la sanidad pública de un millón y medio de nuevos pacientes, es evidente que causaría un fuerte impacto, sobre todo en comunidades autónomas que ya están viviendo un colapso y que indudablemente no podrían soportar esta nueva situación.

Conviene recordar que MUFACE, al igual que cualquier otra mutua, se soporta gracias a sus mutualistas, que, además, contribuyen con sus impuestos al soporte del sistema público estatal. Lejos de ser un regalo o un privilegio, supone una descarga de pacientes para el sistema público sanitario y un ahorro para las arcas del Estado, al margen de los discursos y objetivos de la agenda política de la ministra Mónica García.

La movilización del próximo día 22 de enero, a las 14:00 horas, frente a la sede central de MUFACE en el Paseo de Juan XXIII 26 de Madrid, es una demostración de la unidad de los funcionarios civiles frente a lo que, sin ninguna duda, puede acarrear una crisis sin precedentes en la sanidad de todos los españoles.

El futuro de Muface sigue incierto ante la falta de aseguradoras que quieran dar servicio. (Imagen: Muface)

Para los profesionales de FEDECA, frente a la impericia de los políticos y la falta de ética de las aseguradoras, la unión de todos los funcionarios, exigiendo a Gobierno y aseguradoras responsabilidad, compromiso y un esfuerzo a las partes para la resolución del problema

FEDECA, la asociación que representa a los altos funcionarios de la Administración General del Estado, ha alertado  de que la elevada edad de los mutualistas de Muface complicaría el acceso a un seguro privado si no se da continuidad al contrato. Los enfermos crónicos o las personas en tratamiento mayores de 50 años son los funcionarios que más trabas puede encontrar a la hora de contratar una póliza, dentro de un colectivo que en 2022 ya contaba con una edad media de 57,8 años.

UNESPA defiende a MUFACE

En las últimas horas, la patronal del sector asegurador, Unespa, ha salido en defensa de MUFACE, aunque ha admitido que el modelo se encuentra «infra financiado», una cuestión que la presidenta de la patronal del sector, Mirenchu del Valle, ha llamado a resolver tras incidir en que el seguro es una actividad económica privada. «Hay margen de mejora para atraer a las entidades y que sigan participando en un sistema que es positivo y satisfactorio para los usuarios», ha remarcado.

En este sentido, Del Valle ha hecho un llamamiento a analizar el sistema de colaboración público-privada y aplicar reformas para que este modelo, diseñado hace 50 años, se «adapte al nuevo contexto». Durante una rueda de prensa en el marco de la jornada ‘Perspectivas del seguro y la economía para el año 2025’, Del Valle ha asegurado que el coste ‘per cápita’ destinado a la sanidad pública es un 40% superior al que se dedica a MUFACE  lo que ha provocado que las entidades «se vayan retirando».

Del Valle ha puesto en valor los «beneficios» de la sanidad concertada, que «resta presión al sistema nacional», especialmente, ante el envejecimiento de la población. Las declaraciones se realizan después de que SegurCaixa Adeslas y DKV hayan renunciado a participar, dado que su continuidad agravaría las pérdidas registradas en el último convenio. Queda por saber si Asisa continúa o se descuelga también. El plazo estará abierto hasta el próximo 27 de enero después de la prórroga establecida.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado a MUFACE de su intención de emprender acciones legales si se identifican casos de desatención a los mutualistas por parte de las compañías aseguradoras, según explica el sindicato en una carta enviada este jueves a la dirección de la mutualidad.

Hay que recordar que miles de funcionarios convocados por el sindicato mayoritario en la función pública, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), protagonizaron el pasado 14 de diciembre una manifestación en Madrid para exigir al Gobierno una financiación «suficiente» para el sistema de MUFACE, el organismo que gestiona la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos.

Desde UNESPA su presidenta, Mirentxu del Valle, cree que el modelo de MUFACE es sostenible. (Imagen: Mapfre)

La concentración, que ha transcurrido sin incidentes, ha tenido lugar en las inmediaciones de la Dirección General de Muface, situada en la Ciudad Universitaria de Madrid.

Acciones legales contra MUFACE

El presidente nacional del CSIF, Miguel Borra, señalaba al inicio de la concentración que el Gobierno «está jugando con la salud de 1,5 millones de personas». Borra ha urgido al Ejecutivo a realizar una licitación «suficiente» para garantizar la continuidad del sistema y ha instado a las aseguradoras a seguir prestando sus servicios mientras el contrato esté en vigor.

Este jueves, CSIF, ha publicado un comunicado en el que asegura que ha exigido a MUFACE  poner fin a la situación de «desamparo» en la que se encuentra los 1,5 millones de funcionarios y sus familiares a los que la mutua presta atención sanitaria. CSIF argumenta que, pese a la orden de continuidad asistencial dictada por el Gobierno, las aseguradoras están «negando» esta atención a los trabajadores públicos.

La organización explica que podría responder con acciones legales a «las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales» derivadas de la falta de asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras, así como en los casos en los que MUFACE  «no garantice la prestación asistencial a los afectados».

En estos momentos, el Ministerio de Función Pública decidió ampliar hasta el 27 de enero el plazo para que las aseguradoras presenten ofertas para hacerse con el contrato de MUFACE, alegando que las fechas navideñas no han posibilitado avanzar en el complejo proceso de la licitación.

Asisa se ha quedado como la única posible candidata a continuar prestando este servicio, de las tres que lo hacían en el actual contrato 2022-2024, después de que tanto DKV como SegurCaixa Adeslas rechazasen presentarse a la segunda licitación del nuevo contrato.

Por otra parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha valorado positivamente que se estén explorando soluciones que implican una mejora en las primas para las aseguradoras; sin embargo, ha advertido de que Muface corre el riesgo de fracasar «si no se garantiza una remuneración adecuada para la provisión sanitaria».

La Ministra de Sanidad cree que los afiliados a MUFACE tienen hueco en la sanidad pública. (Imagen: Congreso Diputados)

Según ASPE, el actual sistema, que da cobertura a más de 1,4 millones de mutualistas, depende de una estructura en la que los centros sanitarios prestan la asistencia y las aseguradoras la financian. Sin embargo, ASPE denuncia que la provisión sanitaria -hospitales y centros asistenciales privados- «queda al margen de las negociaciones, a pesar de ser una parte imprescindible del sistema»

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró el pasado martes que «las aseguradoras han decidido que los asegurados no son rentables» y culpa a estas compañías de la situación de incertidumbre que viven los funcionarios, a los que pide que «no se preocupen, que la sanidad pública siempre va a estar ahí».

«El Ministerio de Función Pública está haciendo todos los esfuerzos para que no queden abandonados y desde el Ministerio de Sanidad lo que decimos es, no se preocupen, que la sanidad pública siempre va a estar ahí, la sanidad pública», añadió.