Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Fin de la pobreza” y “Hambre cero”

Comenzamos el análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas con el “Fin de la Pobreza” y “Hambre Cero”.

Bajo dicha denominación, que roza la utopía, se definen los dos primeros objetivos de la Agenda 2030 que se erigen como esenciales para asegurar la protección social y económica del individuo, algo a lo que vienen obligados los poderes públicos.

Sin su consecución es baladí hablar del resto de objetivos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha descrito los niveles actuales de pobreza como “una acusación moral de nuestro tiempo” que no podemos atribuir exclusivamente a la pandemia, al cambio climático, ni a los conflictos bélicos que recientemente azotan el mundo, pues fue el 2015 el año que marcó el punto de inflexión, a partir del cual empezó el aumento progresivo del número de personas que sufren hambre en el mundo y que, en la actualidad superan los 250 millones.

Asimismo, según cifras de la ONU, más de 700 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población mundial, viven en situación de extrema pobreza con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación o el acceso a agua y saneamiento.

Por ello, en este caso el orden de los factores sí altera el producto y no cabe avanzar en progreso con una lacra social semejante.

Aproximadamente el 10% de la población mundial viven en situación de extrema pobreza. (Foto: E&J)

En cuanto a España se refiere, la tasa AROPE -que responde a las siglas en inglés de “at risk of poverty or social exclusión”– señala que la población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022 se situó en el 26%, lo que representa a más de 12,3 millones de personas que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones, que el referido indicador recoge: “Riesgo de pobreza”, “carencia material y social severa” y “baja intensidad en el empleo”.

Se considera que una persona se encuentra en “riesgo de pobreza” cuando sus ingresos están por debajo del 60% de lo que la media de la población percibe. Por otro lado, las que se encuadran en una situación de “carencia material y social severa”, son aquellas personas que no pueden acceder a como mínimo siete de los elementos de una lista de 13, que se definen como básicos a nivel de hogar o personal. Dicho listado contempla aspectos tales como poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, atender los pagos y recibos principales o costear una conexión a internet. En el año 2022, el volumen de personas que se vieron en esta tesitura fue del 7,7% de la población; o lo que es lo mismo, un total de 3,6 millones de ciudadanos padecieron una “carencia material y social severa”.

Asimismo, un 8,7% de la población ha puesto de manifiesto sufrir una “baja intensidad en el empleo”, por haber trabajado, según se recoge como parámetro definitorio de este indicador; un 20% por debajo de sus posibilidades durante el año objeto de análisis.

Pocos son, hoy en día, quienes no han vivido con cierta inquietud la subida del precio del petróleo y de la electricidad, la escalada del IPC, que tan duramente ha sacudido la cesta de la compra y a las temibles subidas de los tipos de interés, que han trastocado el mercado financiero, en general, y el hipotecario, en particular.

Los ODS tienen como atributo dar color y forma a las necesidades de la realidad social, una realidad que, por desgracia, es transversal y geográficamente extensa. Precisamente por ello está en las agendas de gobiernos y administraciones alcanzar dichos objetivos y, al efecto, adoptar cuantas medidas sean necesarias.

Las actuaciones previstas a nivel nacional dentro de la “Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023”, se encuentran expuestas en el Informe de Progreso 2022 de la estrategia de desarrollo sostenible 2030.

Consisten en numerosas medidas, tales como la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), la actualización del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o el desarrollo del IMV (Ingreso Mínimo Vital).

Una sopa de siglas que no alimenta lo suficiente, aderezada con medidas en materia tributaria, de vivienda y de consumo, entre otras, con la que los poderes públicos pretenden cumplir con su obligación constitucional de garantizar las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Pero también remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, así como promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.

En definitiva, una realidad que en algo recuerda a las sociedades ideales y utópicas descritas por Tomás Moro y Platón. Fin de la pobreza y hambre cero dentro de siete años. Casi nada.