Oposiciones de élite: las más difíciles de España
Son muchos los alumnos de Derecho los que tienen el empleo público como primera opción profesional tras la carrera
(Foto: E&J)
Oposiciones de élite: las más difíciles de España
Son muchos los alumnos de Derecho los que tienen el empleo público como primera opción profesional tras la carrera
(Foto: E&J)
Cuando hablamos de oposiciones de élite nos estamos refiriendo básicamente a los procesos selectivos para ser notario, juez, fiscal, abogado del Estado, registrador de la propiedad, inspector de Hacienda e inspector de trabajo. Evidentemente hay muchos más cuerpos de letrados públicos de prestigio, estatal y autonómico, como también destacan los que están al servicio de órganos constitucionales o estatutarios, pero en este artículo abordaremos las “clásicas”. Como se puede comprobar, la mayoría don oposiciones para graduados en Derecho.
¿Por qué son oposiciones de élite?
El término “oposiciones de élite” hace alusión directa a su dificultad. Superar los procesos selectivos requiere mucho esfuerzo y sacrificio. La media de años de preparación requerida supera en algunos casos los 5 años. Como dato curioso, en un estudio llevado a cabo en 2016 sobre la oposición de notarios, 9 de cada 10 de los aprobados dijeron haber dedicado de promedio cincuenta horas semanales al estudio de la oposición.
Respecto al temario, suele rondar los 300 temas, a los que habría que sumarle la memorización de textos legales (como el Código Civil) en la que suele exigirse un alto grado de literalidad. Por si fuera poco, los aspirantes cuentan con la dificultad añadida que conllevan las actualizaciones y modificaciones judiciales. Ello les obliga a estar alerta a los cambios legislativos.
Otro factor a tener en cuenta al opositar es el coste económico. Aprobar puede llevar varios años, con su correspondiente gasto en preparadores y academias.
Su elevado nivel de dureza se ve en parte compensado por el hecho de que todas se encuentran entre las oposiciones mejor remuneradas. El primer sueldo de un abogado del Estado oscila entre los 70.000 y los 75.000 euros anuales. En el caso de los jueces, el salario base ronda los 21.000, a los que hay que sumar los complementos. El de los notarios y registradores, por su parte, es más complejo de calcular, ya que ejercen como autónomos y deben asumir costes como el alquiler del local, los sueldos de empleados o los impuestos.
Oposiciones para registrador de la propiedad
Las oposiciones para el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles requieren estudiar más de 300 temas. La media de tiempo de preparación es de entre 6 y 10 años y hay muy pocas plazas (en 2019 solo 50).
Exige superar cuatro ejercicios. Los dos primeros son orales y los dos siguientes escritos, siendo el cuarto un ejercicio práctico.
Oposiciones para abogado del Estado
Un abogado del Estado se encarga de prestar asistencia jurídica al Estado, a sus organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. El examen consta de 5 ejercicios. En la convocatoria de 2021 el Ministerio liberó 25 vacantes, pero solo 20 opositores lograron pasar el proceso.
Oposiciones para juez
Consisten en tres pruebas teóricas. La primera es de tipo test y las dos siguiente orales, en las que los aspirantes deberán hacer una exposición lo más ajustada posible a la literalidad de la ley.
Oposiciones para notario
El Ministerio de Justicia suele convocar entre 90 y 100 plazas para obtener el título de Notario. El temario supera los 300 temas y el proceso selectivo consta de 4 ejercicios.
Oposiciones para inspector de Hacienda
El inspector de Hacienda se encarga de que tanto las empresas como las personas que trabajan bajo el régimen de autónomos cumplan con sus obligaciones fiscales, es decir, paguen sus impuestos.
Para poder concurrir a las oposiciones de inspector de hacienda es necesario estar en posesión de un grado de ámbito económico y después superar cinco pruebas, escritas las tres primeras y orales las últimas.
Oposiciones para inspector de trabajo
La función principal del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social es llevar el control de todo lo relacionado con la legislación en materia laboral y la Seguridad Social.
Aunque no es necesaria una titulación específica superior, sí se requiere ser egresado o licenciado. Después, habría que superar cuatro pruebas, tres escritas y una oral en la que el tribunal puede hacer preguntas.