Papeles de Pandora: ¿puede verse afectada la reputación de la abogacía?

Según la mitología griega, la Caja de Pandora, creada por Hefesto por orden de Zeus, contenía todos los males el mundo. Hoy, Pandora copa titulares en todo el mundo porque ha vuelto en forma de investigación periodística. Aunque en esta ocasión no trae el desastre para la humanidad, a centenares de personas les está provocando grandes dolores de cabeza.

El pasado 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), hacía público el resultado de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de varios despachos de abogados de todo el mundo y que ha sido bautizada como los Papeles de Pandora. A tenor de los datos que maneja el ICIJ, estos despachos ayudaron a empresas y particulares a crear sociedades en paraísos fiscales. Según se deja entrever en esta investigación, el objetivo de estas empresas sería presuntamente ocultar ingresos o incluso fortunas al fisco.

A priori, el hecho de abrir una sociedad en un paraíso fiscal no es ilegal. De hecho, aunque cada vez menos, muchas empresas del Ibex 35 tienen subsidiarias en paraísos fiscales para aligerar sus cargas fiscales. Lo importante es que sus activos y los beneficios derivados de su actividad se declaren a las autoridades del país donde la empresa o particular tiene su domicilio fiscal.

Hasta ahora, los Papeles de Pandora han desvelado el nombre de centenares de personas que tienen sociedades en territorios offshore. Aunque la existencia de estas sociedades no significa que sus titulares estén haciendo algo en contra de la ley, todo lo relacionado con paraísos fiscales está mal visto y convierte a las personas implicadas en sospechosos, independientemente de que hayan podido delinquir o no.

Con los bufetes que han ayudado a crear estas empresas ocurre lo mismo. Una cosa es ayudar a crear una subsidiaria en un paraíso fiscal y otra que esto sirva para ocultar ingresos al fisco nacional. Sin embargo, la sombra de la sospecha se cierne sobre todos estos despachos, independientemente de si han incurrido en mala praxis o no.

De este planteamiento surge una cuestión: ¿puede salpicar la presunta mala práctica de algunos despachos a la imagen de la abogacía?

Hablan los juristas

Desde el punto de vista de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, “casos como los Papeles de Pandora ponen de relieve el complejo entramado de sociedades transnacionales que existe en el mundo sin una causa que lo justifique”. “A quien dañan estos escándalos”, explica “es a los propietarios de esas sociedades porque, aunque no estén cometiendo delitos, ensombrecen la naturaleza de sus operaciones financieras haciéndolas parecer sospechosas”.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. (Foto: Economist & Jurist)

José María Alonso, presidente el Colegio de Abogados de Madrid y presidente de la Comisión de Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española destaca que “no hay despachos españoles involucrados” en los Papeles de Pandora, aunque “tal y como está planteada la cuestión en los medios, indudablemente supone un daño reputacional a la profesión, eso sí, tan genérico como injusto, además de claramente distorsionado de la realidad”.

José María Alonso, presidente el Colegio de Abogados de Madrid y de la Comisión de Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. (Foto: Economist & Jurist)

Alfonso Everlet, socio de Diferencia Legal, coincide en el daño al sector. A su juicio, “lo que se deduce de las informaciones aparecidas en la prensa es que, sin los despachos, estas situaciones no serían posibles”. En este sentido, destaca que “el gran público no entra a valorar que es una tipología concreta de despachos la que lleva este tipo de asuntos, ni si este tipo de actuaciones son legales o no lo son y aún menos a matices como si estamos ante evasión u optimización fiscales. En cuestiones de opinión pública se tiende a generalizar por lo que, sin una comunicación efectiva, es todo el colectivo de la abogacía el que sale perjudicado”.

Alfonso Everlet, socio de Diferencia Legal. (Foto: Diferencia Legal)

Un elemento importante a la hora de realizar un análisis sobre esta materia es la propia naturaleza de estos informes. Victoria Ortega entiende que “este tipo de casos son muy necesarios para poner de relieve que contamos con un sistema internacional de finanzas que facilita a quienes tienen más recursos hallar la forma de sortear sus obligaciones fiscales”.

La reflexión de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española pone el foco en un elemento importante. Aun cuando los Papeles de Pandora pueden afectar a la imagen de la abogacía en general, hay un sector, el de Fiscal, que puede verse especialmente señalado.

A este respecto, el presidente el Colegio de Abogados de Madrid subraya que “el asesoramiento tributario, dentro de las múltiples posibilidades que existen en el ámbito de la ley, tanto en la determinación del hecho y lugar imponible, la base liquidable y la cuota a pagar, no puede confundirse como una suerte de ayuda a la evasión fiscal, que es lo que torticeramente sugieren estas informaciones”. Al hilo de esta observación, José María Alonso reivindica “el secreto profesional de los abogados asesores, en todo caso, pues no pueden ser exhortados a revelar los hechos e informaciones que han podido tener conocimiento o acceso”.

Presunción de inocencia

Sea como fuere, tanto Victoria Ortega como José María Alonso ponen sobre la mesa un aspecto fundamental a la hora de valorar el papel jugado por el sector de la abogacía en este caso: la presunción de inocencia.

Victoria Ortega señala que “el conjunto de la abogacía somos los primeros interesados en dejar claro que la evasión fiscal es un delito y que sobre sus autores debe caer todo el peso de la ley. Todo ello sin menoscabo del respeto a la presunción de inocencia”. Por su parte, José María Alonso recuerda que “no ha habido ninguna condena firme a abogados por razón de estas supuestas actuaciones, luego ha de reivindicarse la presunción de inocencia, principio que rige en todos los ordenamientos jurídicos del mundo occidental” aunque, como señala Ortega, “quienes hubieren participado en la comisión de un delito tendrán que afrontar su responsabilidad ante los tribunales”.

¿Cómo actuar ante una crisis de reputación?

Al margen de otras consideraciones, en el supuesto de una crisis de reputación por este caso, ¿cómo hay que actuar?

Alfonso Everlet, que es experto en comunicación de crisis, tiene claro que “es un tema que va a estar en el foco mediático mucho tiempo y que tarde o temprano, si hay involucración, saldrá a la luz”. “Antes de que llegue ese momento”, señala, “muchos despachos cuentan con planes de comunicación de crisis que probablemente tendrán que poner en marcha para salvaguardar su reputación. Si no lideran esa comunicación y dejan que sean otros los que hablen por ellos, habrán cometido un grave error”.

El socio de Diferencia Legal recuerda la importancia de cuidar este extremo, ya que “el 85% del valor de una marca lo representan sus intangibles” y que “muchos expertos hablan ya de que vivimos en una economía de la reputación”.

A la hora de desarrollar un plan de comunicación de crisis, hay que dar una serie de pasos. Según explica Alfonso Everlet, es fundamental no mentir. “La regla de oro en comunicación de crisis es que todo lo que se pueda saber, se sabrá. Si mentimos, hipotecamos la credibilidad de la marca con los medios y la opinión pública en general”.

Teniendo esto claro, dos serían las fases de un plan de comunicación, según este experto. En primer lugar, “se debe constituir un comité de crisis en la firma que debería incluir todo tipo de perfiles: directivos, técnicos, comerciales, corporativos, etc., así como abogados externos -en su caso- y consultores de comunicación. Y es que una persona no resuelve una crisis. Sólo un buen equipo nos permitirá abordar todas las aristas del problema y solucionarlo”. “En una segunda fase, y con la estrategia y mensajes ya definidos, se debe mantener una permanente monitorización de la crisis y colaborar con todos los actores involucrados, tratando de proteger proactivamente el valor de la marca y con él, el negocio”, concluye Everlet.