Patente unitaria europea: por qué España no podría (ni debería) no haberla rechazado

“Hay que preparar el pueblo, ¡que vienen los americanos!” anunciaba el alcalde en la película Bienvenido Mr. Marshall. Y la historia poco o mucho se repitió para con las generaciones posteriores (todos nos acordaremos con cierta vergüenza del conocido Eurovegas, entre otros). Pero no todas las promesas vendrían desde América, pues ¡al fin está aquí!: La patente unitaria europea. Mucho se ha hecho rogar (¡nada menos que 50 años!), pero ya ha llegado y todo será más fácil, más avanzado, más europeo y mejor para proteger la innovación. Sin embargo, ¿a qué precio?

En qué consiste la nueva patente unitaria europea

Lo primero a aclarar es que la patente unitaria europea no viene a sustituir a las actuales Patente Europea y las patentes nacionales, sino que se presenta como una opción suplementaria para dotarlas de mayor eficiencia, reduciendo costes tanto financieros como burocráticos o temporales.

¿Qué es? La patente unitaria europea es un título único de patente que se concederá en todos los países participantes, con los mismos efectos y de forma simultánea en un único acto de registro ante la Oficina Europea de Patentes (OEP). Es decir, es una validación supranacional que, a diferencia del actual, evita la necesidad de ir registrando una patente de manera nacional en cada uno de los estados miembros tras la aprobación de la OEP. Gracias a ello, y en palabras de la Comisión Europea, “la patente unitaria proporcionará una protección de patentes sencilla y asequible en Europa, gracias a un único procedimiento de registro de patentes y litigios centralizados”.

“Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid calculó un ahorro aproximado de renovación de un 60%”. (Foto: Santiago Urueña Pascual/Wikipedia)

Por otro lado, en relación con las tasas o costes financieros, esta opción de patente permitiría renovar por 10 años menos de 5.000€ (suma de las tarifas de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos), en lugar de los cerca de 30.000€ que supondría en la actualidad. Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid calculó un ahorro aproximado de renovación de un 60% tomando una franja de estudio de 15 años con respecto al actual modelo. Por otro lado, dado que las lenguas oficiales serán el inglés, francés y alemán, se planteará un sistema de ayudas para suplir ciertos costes de traducción por determinados organismos (personas físicas, PYMES, organismos sin ánimo de lucro, universidades…).

Oportunidades y dificultades jurídico-políticas

Pese al título del artículo, resulta evidente las enormes ventajas que esta herramienta otorga al Proyecto Europeo. En efecto, en palabras de Thierry Breton (comisario europeo de Mercado Interior) el día de su aprobación, “hoy es un día importante para la innovación en Europa porque hoy la patente unitaria se convierte en realidad”, remarcando que “debería fomentar tanto la inversión en investigación y desarrollo como facilitar la transferencia de conocimientos en el mercado único” y “reducirá la brecha entre el coste de la protección de patentes en Europa y el de Estados Unidos, Japón y otros terceros países”. No obstante, el comisario reconocería el “largo y difícil” recorrido que ha tenido el proyecto, el cual se espera que entre en funcionamiento de forma provisional desde septiembre de este mismo año 2022, aunque no se mantienen fechas específicas hoy por hoy.

Parece poco plausible que España se mantenga al margen del sistema unificado europeo, pero ¿qué perjuicio sufrirán nuestras empresas?

El tedioso camino, marcado con decenas de discusiones durante años (o décadas) y dudoso encaje en multitud de sistemas jurídicos nacionales, al fin encontró acomodo. El dato definitivo provenía del rechazo por parte de la Corte Constitucional de Alemania el 9 de julio del pasado 2021, en el que suspendía las medidas cautelares impuestas por el mismo órgano en 2013. En la actualidad, hay un número significativo de países europeos que avalan el proyecto, siendo 17 con un potencial de hasta 25. Entre ellos podemos encontrar países de la talla de Alemania, Francia e Italia, quedando fuera Reino Unido por el Brexit y España, que rechazó su entrada por no encontrar el castellano como lengua oficial.

Por otro lado, desde una aproximación jurídica, se pretende instaurar un tribunal unificado, lo que dotará de una mayor seguridad jurídica al sistema europeo de patentes aportando armonización mediante la creación de una nueva jurisprudencia y, por tanto, evitando incongruencias en la aplicación jurisdiccional dispersa de cada estado miembro. Un tribunal que con toda probabilidad tendrá 3 sedes: París, Múnich y… ¿Cuál será la tercera? Reino Unido perdió este privilegio como consecuencia del Brexit, por lo que se espera que sean Milán o Ámsterdam. Como apreciará el lector, estas probables sedes no tendrán legua vehicular la del Estado que lo acoge, pero resulta una posibilidad de cambio del sistema futuro en el que, si bien ni Países Bajos ni Italia estuviesen de acuerdo con el reparto lingüístico, parecería más fácil cambiar el sistema desde dentro. No obstante, parece una nueva oportunidad que, por razones que veremos a continuación, no podrá ostentar España al encontrarse fuera del sistema, siendo otra importante sede que pierde por razones políticas junto con la Agencia Europea del Medicamento.

¿Por qué España no ha querido entrar? Una historia que en España ya conocemos

España no ha querido entrar en este proyecto porque el castellano no será lengua oficial en la Patente Unitaria Europea, a diferencia de en la Oficina Europea de Marcas y Diseños Industriales, por lo que serán solamente el inglés, francés y alemán.

Thierry Breton. (Foto: John Thys/AFP/Getty Images)

Pero, ¿qué perjuicios podría tener que sólo el inglés, francés y alemán sean lenguas oficiales?

• En caso de litigio, será necesariamente en una de estas tres lenguas. Es decir, la primera dificultad con la no adopción del castellano como lengua vehicular no procede del registro del invento (con el actual sistema de aprobación ante la OEP tampoco se admite), sino la enorme desventaja competitiva, inseguridad y costes de traducción tanto temporales como financieros. Por lo tanto, supondría una discriminación, un obstáculo para innovar en estados con lenguas distintas e incluso un fuerte freno para el desarrollo armonizado del mercado interior.
• El castellano (o la lengua diferente a las oficiales) perderían influencia y difusión, pues la jurisprudencia se hará en lengua oficial, pese a que el inglés es una lengua tan sólo cooficial en Malta e Irlanda dentro de la Unión Europea. Un melón que parece no interesar abrir en Bruselas.
• Supone una ventaja para las PYMES, pero… ¿De qué países? Es decir, una PYME en España tendrá enormes costos en la traducción e interpretación de textos y su consecuente inseguridad. Así mismo, aunque el costo de una patente unificada en un conjunto de países fuese inferior a la suma de los registros nacionales, ¿una PYME de ámbito local realmente necesita pagar el sobrecoste de protección en decenas de países?, ¿no sería una desventaja para el desarrollo local en otras zonas del continente y, a la postre, un obstáculo a la I+D?
• Se interpreta desde un único tribunal sin tener en consideración las diferentes normas o particularidades nacionales.

Además de las anteriores, posibles motivos del rechazo de España:

• El poder ejecutivo actual no puede permitirse evitar la protección del castellano. En efecto, a medida que ideologías utilitarias avanzan ocupando el retroceso de confianza en la democracia en los países occidentales, una oposición cada vez más fuerte se estabiliza en ellos. Esto es, la incipiente radicalización de las sociedades obliga a un “o conmigo o contra mí”, siendo la no defensa del español como lengua de pujanza mundial algo que pudiera permitirse un partido en necesaria regeneración que se degrada a números enteros.
• Protección del negocio doméstico. No sólo los agentes económicos locales se verían perjudicados con una jurisdicción que, a la suerte, sólo hablan una lengua diferente (y digo a la suerte por no entrar a valorar si realmente la interpretación jurisdiccional sería correcta para el mercado local español), sino que un tejido empresarial consolidado como bufetes y agentes de protección intelectual se verían gravemente dañados. En efecto, su labor habría quedado relegada a un segundo plano con la aplicación de una patente unitaria.
• Superfluos inconvenientes con el rechazo. Por un lado, parece poco plausible que España se mantenga al margen del sistema unificado europeo, pero ¿qué perjuicio sufrirán nuestras empresas? En caso de necesitar actuar en el mercado local, podrán acceder a una jurisdicción en lengua conocida y unas tasas inferiores. En caso de querer actuar en el mercado global, al ser este nuevo sistema de carácter abierto, tan sólo tendrían que pedir la protección bajo este procedimiento con un paso burocrático y conseguirla en todos los países adheridos.

En definitiva, con este nuevo sistema unitario de patentes parece que nos encontramos ante una historia que se repite, que podría haberse repetido y que, seguramente, se repetirá cuando España termine allanándose y entrando a formar parte cuando se normativicen impedimentos para los no miembros. Sin embargo, cabe preguntarnos si es esa la Europa que queremos construir… ¿Una Europa donde se aprueben proyectos sin tener en consideración las particularidades nacionales?, ¿una Europa que pretende ser pujante en la aldea global ninguneando una lengua propia hablada por 550 millones de personas y en expansión? Creo que no, no todo vale por conseguir un sueño y el fin no siempre justifica los medios. En mi opinión, no tiene sentido que una lengua de origen europeo sea relegada a mera compasa en pleno siglo XXI porque hace 70 años se instalaron físicamente unas oficinas burocráticas para gestionar el carbón y el acero en Centroeuropa. ¿De verdad, eso es hoy en día el proyecto europeo o nos estamos dejando llevar por vestigios del pasado de una comunidad económica y sin realidad política? Aunque siendo fiel defensor del proyecto europeo, pienso firmemente que España ha sabido tomar una decisión madura y correcta que, lejos de ser un obstáculo, es una llamada de atención a una burocracia europea cada vez más anquilosada y sedienta de modernización.