El “harakiri” del PP podría tener consecuencias legales

El supuesto espionaje por parte de la cúpula del PP a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado todo un terremoto político.

Todo comenzó a principios de octubre, cuando el PP nacional, que dirige Pablo Casado, pidió explicaciones a la presidenta para saber si favoreció a su hermano con un contrato público irregular, algo que ella negó rotundamente, defendiendo la legalidad de la actuación del Gobierno regional.

Cabe preguntarse por qué se habla entonces de trama de espionaje. Pues bien, según revela El Mundo, Génova encargó a una empresa de detectives investigar al hermano de la presidenta para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Cuando Díaz Ayuso se enteró de la operación (por mano de un exministro de Rajoy), decidieron atribuir la responsabilidad a una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, apunta El Confidencial.

La versión de Ayuso

Ayuso ha reconocido que su hermano “mantuvo relaciones comerciales” con Priviet Sportive S.L., la empresa adjudicataria. El contrato de la discordia consistió en una compra de mascarillas (250.000) por valor de 1,5 millones de euros que la Comunidad realizó en los peores momentos de la pandemia, “cuando todas las administraciones las buscaban desesperadamente”, ha puntualizado la presidenta. El contrato, ha explicado, está firmado y promovido por un médico, el máximo responsable asistencial del servicio madrileño de salud. Además, fue fiscalizado por la intervención general, se llevó a dación de cuentas al Consejo de Gobierno y está colgado en el portal de transparencia y se puede consultar.

Isabel Díaz Ayuso durante su comparecencia durante la jornada de hoy, 14-02-2022 en la Real Casa de Correos (presidencia de la Comunidad de Madrid) (Foto: Comunidad de Madrid)

Consultando el Portal de Contratación del Gobierno de la Comunidad de Madrid se puede comprobar que esa compra de mascarillas ha sido la única asignación de la que se ha beneficiado Priviet Sportive S.L. en la comunidad. Tampoco consta que haya servido a ninguna otra administración pública desde su constitución.

El contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de emergencia, previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Se considera un régimen excepcional aplicable solo en tres supuestos: acontecimientos catastróficos, situaciones de peligro o situaciones que afecten a la defensa nacional. Esta fórmula permite al órgano de contratación adjudicar acuerdos de forma rápida, sin abrir expediente y sin que sea necesario certificado previo de existencia de crédito.

Si fuera cierta la operación de espionaje, en primer lugar, habría que saber con qué dinero se ha financiado

Posibles consecuencias legales para el PP

El espionaje político como tal no está tipificado como delito en el Código Penal. Sin embargo, eso no quiere decir que esté exento de consecuencias.

Si fuera cierta la operación de espionaje, en primer lugar, habría que saber con qué dinero se ha financiado. Si se hubiera pagado con fondos públicos, los implicados podrían ser juzgados por un delito de malversación de caudales públicos.

Por su parte, espiar a alguien (en este caso, al hermano de Ayuso) puede constituir un delito de acoso (tipificado en el art. 172 ter del Código Penal). Ahora bien, para que exista delito de acoso el espionaje debe alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima y, por lo que parece, el hermano de Ayuso no se dio cuenta de que le estaban vigilando (y ella tampoco), por lo tanto, es difícil que esta vía prospere.

«El contrato de la discordia consistió en una compra de mascarillas» (Foto: E&J)

Posibles consecuencias para Ayuso

El Partido Popular ha abierto expediente informativo contra Isabel Díaz Ayuso y estudiará futuras acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, según ha anunciado el secretario general del partido, Teodoro García Egea. “Los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho”, y, “en paralelo, vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones” desarrolladas, ha añadido.

Sobre las medidas legales, a Ayuso se le podría acusar de injurias (art. 208 CP). Señala nuestro ordenamiento que injuria “es la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.”

Casos de espionaje en el mundo de la política que llegaron a juicio

El PP ya se ha visto antes inmerso en cuestiones de espionaje. En concreto, fue Manuel Cobo, ex mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. El asunto llegó a los tribunales una década después. Tres guardias civiles siguieron a Cobo tanto en sus actividades públicas como en su vida privada sin que hubiera justificación ni cobertura legal para ello. Fue el caso conocido como el de la “gestapillo”, bautizado así por el propio Manuel Cobo. Según apuntaban entonces las investigaciones, habrían contado con miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para llevar a cabo dichas tareas de espionaje.

En febrero de 2019, el caso llegó a la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Teodoro García Egea, durante su comparecencia en la jornada de hoy, 17-02-2022, en la sede central del Partido Popular en calle Génova (Foto: Telemadrid)