¿Por qué deberías atender las políticas públicas como abogado in House?

Madrid ha sido el lugar de encuentro de la conferencia anual organizada por el capítulo Europeo de la ACC (Association of Corporate Counsel). Durante 3 días, la conferencia ha congregado a multitud de abogados de empresa procedentes de toda Europa para discutir sobre cuestiones de actualidad e interés para la profesión.

Como parte de su programa, la conferencia incluyó un panel relativo a la estrategia en materia de políticas públicas, donde abogados de empresa (Nina Cronstedt, directora Jurídica del Grupo Verisure, y Jurgita Miseviciute, Jefa de Política Pública y Asuntos Gubernamentales en Proton), consultores expertos (Thomas Tindemans, presidente del Consejo de Administración y codirector de Asuntos Públicos en Hill+Knowlton Strategies) y abogados externos (María Pérez Carrillo, socia de Cuatrecasas), ofrecimos distintos puntos de vista. En lo sucesivo, trataré de resumir las ideas fundamentales de nuestra exposición.

«Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina» (Lucio Anneo Séneca)

Una estrategia definida que identifique el objetivo a alcanzar es el eje sobre el que pivota cualquier esfuerzo en materia de políticas públicas. La estrategia debe establecer prioridades y analizar de manera objetiva las probabilidades de éxito. En el panel, se profundizó en la idea de que hacen falta algo más que argumentos para conseguir una decisión positiva en los ámbitos políticos: el contexto ha de ser favorable, por lo que la estrategia exige moldear ese contexto para crear un terreno fértil. No debe olvidarse que los responsables políticos tienen que defender sus decisiones ante el tribunal de la opinión pública.

«Madrid ha sido el lugar de encuentro de la conferencia anual organizada por el capítulo Europeo de la ACC» (Foto: ACC)

La estrategia puede fijarse desde la doble perspectiva de las oportunidades de negocio y la gestión del riesgo. La defensa de la regulación puede ser estratégica en ciertos sectores en los que un determinado entorno normativo puede favorecer la creación de nuevas oportunidades, por ejemplo, mediante la adopción de estándares técnicos o certificaciones. La gestión del riesgo es la otra faceta fundamental, y es aquí donde, junto al riesgo de la aplicación pública de determinadas políticas, emerge un nuevo fenómeno, el de la aplicación privada.

Las reclamaciones por daños y perjuicios en materia de defensa de la competencia, materia en la que España ha experimentado un incremento exponencial de la litigación civil, son el ejemplo inmediato de una realidad mucho más amplia: la aplicación privada de las políticas públicas por parte de particulares y empresas, no sólo en relación con el derecho de la competencia sino en otros ámbitos.

La Directiva sobre acciones colectivas, cuyo plazo de trasposición expira en diciembre de 2022, enumera hasta 66 leyes diferentes en relación con las cuales los Estados Miembros deben permitir las acciones colectivas. La entrada en vigor del Reglamento de Mercados Digitales probablemente producirá su aplicación privada. El reglamento de Servicios Digitales es otro ejemplo: en un tuit sobre las 10 cosas que uno debe saber sobre dicho reglamento, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, destacó la posibilidad de interponer demandas colectivas basadas en la infracción de sus normas.

El ámbito ESG es otro campo relevante: entre los cinco objetivos declarados del proyecto de Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad está mejorar el acceso de los afectados por los impactos adversos que el comportamiento de las empresas pueda tener sobre los derechos humanos y el medio ambiente a la vía de reclamación civil. El artículo 22 del proyecto obliga a los Estados Miembros a garantizar que las empresas sean responsables de estos daños y perjuicios si no cumplen con las obligaciones de los artículos 7 y 8 y si, como resultado de este incumplimiento, se ha producido un impacto adverso que ha provocado daños.

Los acontecimientos recientes muestran otros ejemplos de aplicación privada en el campo ESG. Véanse por ejemplo las conclusiones de la abogada general Kokott de 5 de mayo de 2022 en el asunto C-61/21, que sugieren que los particulares pueden presentar demandas de indemnización por los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de las normas de calidad del aire de la UE por parte de un Estado Miembro, en un caso en el que el demandante solicita 21 millones de euros de indemnización por los daños a su salud supuestamente sufridos como consecuencia del deterioro de la calidad del aire en la zona de París debido al supuesto incumplimiento de los límites marcados por la Unión Europea por parte de las autoridades francesas.

«Thomas Tindemans, presidente del Consejo de Administración y codirector de Asuntos Públicos en Hill+Knowlton Strategies» (Foto: Hill + Knowlton)

Otro ejemplo es la sentencia de 26 de mayo de 2021 del Tribunal de Distrito Civil de La Haya en el caso Shell, que estima la demanda de una organización ecologista y obliga a Shell y a todas las empresas del Grupo, no sólo en los Países Bajos, sino en todo el mundo, a reducir significativamente las emisiones de CO2 generadas directa e indirectamente por sus actividades.

Como en toda disciplina, existe una metodología para lograr una participación exitosa en el desarrollo las políticas públicas que pueden afectar a la compañía.

En primer lugar, y desde la perspectiva del acceso al proceso de discusión, éste ha de conocerse en profundidad y que ello se refleje en la participación. Intervenir de manera temprana mediante la fijación de una posición clara e identificar a los responsables de la toma de decisiones, para dirigirse a ellos, serán elementos fundamentales para maximizar el éxito.

Una vez en el proceso, la credibilidad es fundamental. Deben ofrecerse argumentos política, económica y jurídicamente sólidos, de manera coherente a todos los niveles y en el formato adecuado.

En tercer lugar, deben ofrecerse soluciones ayudando a quienes toman la decisión a resolver el problema mediante ideas que les estimulen. Un “no” no es una enmienda.

Todo ello requiere una capacidad de escucha efectiva y de análisis de la situación en la que el abogado interno puede tener un papel crucial a la hora de dirigir las políticas públicas y los asuntos gubernamentales de la empresa.

“Sin la intervención del CEO nunca cambia ni se se hace nada” (Frank Riboud, ex CEO de Danone)

El éxito de un departamento de políticas públicas y asuntos gubernamentales depende en gran medida de que la dirección apoye su trabajo, comprenda su importancia y asigne los recursos y el tiempo necesarios.

«El éxito de un departamento de políticas públicas y asuntos gubernamentales depende en gran medida de que la dirección apoye su trabajo» (Foto: E&J)

Los responsables de políticas públicas y asuntos gubernamentales deben estar al tanto de todos los acontecimientos relevantes y servir como asesores clave de confianza para la dirección de la compañía: serán quienes alerten sobre los posibles esfuerzos regulatorios negativos y quienes informen sobre cualquier oportunidad de negocio. Una comunicación adecuada que permita entender las oportunidades y los riesgos para el negocio y el impacto que la estrategia en materia de política pública puede tener, es fundamental.

Pero no solo la dirección es parte crucial en la ejecución de la estrategia, también se necesita una estrecha colaboración con otros departamentos (jurídico, de producto, ventas, relaciones públicas, marketing y otros). La empresa ha de entender qué se está haciendo y cómo ese trabajo ayuda a avanzar en los objetivos comunes.

«La ejecución de la estrategia es un deporte de equipo» (Claes Zettermark, abogado)

Por último, la estrategia debe liderarse con pasión y convicción por las personas adecuadas previa identificación de intereses mutuos con las partes interesadas del sector público. Es aquí donde las agencias de relaciones públicas y abogados externos, cuando se trata de áreas legales específicas, pueden desempeñar un rol importante.

En resumen, la definición de una estrategia y un plan de acción son clave para lograr un impacto político positivo que necesariamente ha de comprender lo que los legisladores y los responsables políticos están tratando de conseguir y por qué.

«Un grupo de presión es un peligro para la democracia. Mil grupos de presión enriquecen y perfeccionan el debate democrático y la toma de decisiones. Son una bendición y una parte integral de la elaboración de políticas democráticas modernas» (Prof. Rinus Van Schendelen)