Por qué la obligación de cita previa para hacer gestiones con la Administración es ilegal
Algunas administraciones no permiten o limitan el acceso de los ciudadanos a las oficinas sin que previamente se haya obtenido una cita obligatoria
Agencia Tributaria (Foto: Antena 3)
Por qué la obligación de cita previa para hacer gestiones con la Administración es ilegal
Algunas administraciones no permiten o limitan el acceso de los ciudadanos a las oficinas sin que previamente se haya obtenido una cita obligatoria
Agencia Tributaria (Foto: Antena 3)
La imposición de una cita previa obligatoria para acceder a cualquier oficina pública fue una de las medidas introducidas durante la pandemia de Covid-19 para dificultar la transmisión comunitaria del virus.
Hasta ese momento, algunas Administraciones disponían de un servicio de cita previa voluntario, como una opción más para el ciudadano y que tiene indudables ventajas: para la ciudadanía, que puede organizar mejor su tiempo, y para la Administración, que puede así optimizar sus recursos y prestar un mejor servicio.
Por excepcionales razones de salud pública, algo que nació como un derecho se convirtió de la noche a la mañana en una obligación; en un trámite adicional necesario sin el que no se podía acceder a las oficinas de asistencia en materia de registros (antiguos registros) o a otros servicios de atención básicos de la mayoría de las Administraciones Públicas.
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