Principales retos jurídicos de 2023

El recién estrenado año 2023 será un ejercicio marcado por un apretado calendario electoral. Así, la renovación de todos los gobiernos municipales, muchos autonómicos y también el Gobierno central podría acelerar la agenda legislativa e incorporar reformas de peso al ordenamiento jurídico español.

Para descubrir cuáles son los principales desafíos de cada una de las áreas de práctica y de estudio de nuestro país contamos con cinco voces autorizadas.

Laboral

En la jurisdicción laboral, Raúl García, Socio responsable del Área Laboral de EY Abogados, ha llamado la atención sobre la falta de jueces, la falta de medios informáticos y la falta de personal auxiliar en el orden social. “Sin ánimo de ser pesimista, desde hace un tiempo cuando reflexionamos sobre la jurisdicción social es inevitable que algunos de nuestros pensamientos nos lleven a aplicar calificativos tales como saturación, congestión o atasco”, confiesa el abogado.

Raúl García, Socio responsable del Área Laboral de EY Abogados. (Foto: EY Abogados)

El jurista también pone el foco en las medidas de la futura Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia que pretende potenciar el uso de los métodos alternativos de resolución de conflictos. “Gran parte del contenido de la norma establece medidas que tratan de potenciar la negociación entre las partes, directamente o a través de un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de trabajo y son medios adecuados para la solución de controversias.

Entre otros extremos, el experto en derecho laboral ha destacado que las controversias estrictamente jurídicas relativas al teletrabajo internacional, los falsos autónomos y las revisiones salariales derivadas de la inflación comenzarán a tratarse de forma habitual en nuestros Juzgados de lo Social.

Penal

En la jurisdicción penal, Óscar Morales y Fermín Morales, letrados de Morales Abogados Penalistas, opinan que, en 2023, debería reconsiderarse el modelo y la dirección de la instrucción penal. “El año que ahora vemos nacer debería ser el año de la reforma que otorgue al Ministerio Público la batuta de la instrucción penal, a imagen y semejanza del modelo anglosajón y que se ha ido imponiendo en otros países continentales”, explican a Economist & Jurist.

Óscar Morales y Fermín Morales, letrados de Morales Abogados Penalistas. (Foto: Morales Abogados Penalistas)

Coincidiendo con su colega de profesión, los expertos penalistas también llaman la atención de la escasez de medios humanos en la jurisdicción penal. A su modo de ver, es necesario dotar al orden jurisdiccional penal de un mayor número de jueces, “pero también es imprescindible redibujar la planta judicial atendiendo a los cambios demográficos cuantitativos y cualitativos, que generan cargas de trabajo desequilibradas”, alertan.

Contencioso-administrativa

En la jurisdicción contencioso-administrativa, Antonio Benítez Ostos, Socio Director de Administrativando Abogados, asegura que, para el 2023, se avecinan importantes conflictos a resolver en esta jurisdicción especializada.

Antonio Benítez Ostos, Socio Director de Administrativando Abogados. (Foto: Administrativando Abogados)

Los procesos de estabilización, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, los procesos de promoción interna en la Administración General del Estado y el anteproyecto de Ley de Función Pública, que desarrolla el Estatuto Básico del Empleado Público, es el top 3 de asuntos que, a todas luces, ocuparán las mesas de nuestros juzgados y tribunales durante el 2023.

Por otro lado, el experto no pasa por alto los numerosos procedimientos judiciales iniciados por responsabilidad patrimonial derivados de la pandemia covid-19, que a día de hoy se están ventilando. “El propio Gobierno, en la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, era consciente de que se iba a producir un notable incremento de asuntos en los órganos judiciales como consecuencia de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, como de hecho así ha sucedido”, reconoce Benítez Ostos.

Civil

En la jurisdicción civil, Jorge Couso Fernández-Getino, jurista que recientemente ha fichado por Gabo Abogados, destaca que, por el volumen de procedimientos que inundan día a día los juzgados de primera instancia y de lo mercantil de toda España, el derecho de consumo requiere de una especial atención en 2023.

En primer lugar, el letrado no puede ignorar la inseguridad jurídica patente en las polémicas tarjetas revolving. “La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tiene el gran reto en este 2023 de aclarar los puntos controvertidos de esta materia”, indica.

En segundo lugar, otro nicho de litigiosidad que está creciendo y que supondrá un desafío para los jueces y magistrados de lo civil es la inclusión indebida en ficheros de morosos y su vulneración del derecho al honor. Según Couso Fernández-Getino, “en los últimos años hemos podido apreciar como una práctica habitual de algunas empresas introducir datos de consumidores en este tipo de registros”.

Por último, el experto cita dos importantes resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La primera, de 22 de junio, referida a la ampliación del plazo hasta 5 años para reclamar los daños y perjuicios causados por el cártel de camiones, y la segunda, de 5 de mayo de 2022, aplicable para determinar la falta de legitimación pasiva del Banco Santander sobre la responsabilidad ex folleto o cualquier otra acción procesal en relación con las acciones del Banco Popular.

Mercantil

En la jurisdicción mercantil, Adolfo Soria Puig, Socio en el área Mercantil de BDO Abogados, estima imprescindible poner en contexto antes de aventurarse a mencionar los cinco desafíos que se plantearán en su ámbito de estudio. “El impacto inicial de la crisis energética y de las materias primas ha coincido con el fin de una era de acceso a una financiación con un coste bajo y con el cambio a una nueva era de inflación elevada y con tasas de interés crecientes. A ello se suman los efectos globalizados que ocasiona la guerra de Ucrania”, recuerda.

Adolfo Soria Puig, Socio en el área Mercantil de BDO Abogados. (Foto: BDO Abogados)

Tras ello, Soria Puig ha centrado su exposición en cinco bloques: M&A y Private Equity; Gobierno corporativo; Reestructuraciones e insolvencias; Retribución de administradores; Ley Crea y Crece y Ley de Startups.

En particular, en el ámbito de las reestructuraciones e insolvencias derivadas de la última reforma concursal, el jurista confiesa que uno de los retos que tendrán los tribunales mercantiles será la puesta en marcha del procedimiento de insolvencia especial para microempresas, regulado en el Libro III del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.