Radiografía de la justicia en España

Acerca de la justicia

Antes de poder dar respuesta a la pregunta que da título al presente comentario sería conveniente precisar o intentar delimitar el concepto de justicia, algo que desde antiguo han pretendido filósofos y juristas y en cuyo nombre se han vertido tantas lágrimas y sangre en guerras cruentas.

Por de pronto, la justicia, aun cuando lo pretende y en ocasiones lo consigue por medio de principios generales, no puede afirmarse que sea universal. Cada país tiene su propia justicia, basada en valores culturales, religiosos, filosóficos o económicos. La justicia no es más que la manifestación a través de su estructura y órganos, del derecho positivo del que se dota cada país, esto es, la justicia interpreta, aplica, resuelve y ejecuta, a través de los tribunales y jueces, el cuerpo legislativo aprobado por el gobierno mediante el control parlamentario, al menos en los Estados de Derecho, donde impera la división entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Para el jurista y filósofo Hans Kelsen, la Justicia se da en aquel orden social bajo cuya protección puede progresar la búsqueda de la verdad, y añadía que su Justicia, en definitiva, era la de la libertad, la de la paz; la justicia de la democracia y de la tolerancia.

Claro es que no puede haber justicia sin libertad. En el caso de los Estados totalitarios la Justicia se confunde en su sistema, esta maniatada por una ideología única e imperante y quienes la administran son meros títeres que cumplen su misión sin la adecuada garantía de su independencia.

Ahora bien, mi opinión es que no se trata de una cuestión de creer en la Justicia sino de participar e integrarnos en ella. En más ocasiones de las deseadas nuestra concepción de la Justicia, más aún, de lo justo y de lo injusto, la personalizamos en los jueces, a quienes hacemos blanco de nuestras críticas sin reparar en su difícil cometido y en los medios con que cuentan.

(IMAGEN: AEAFA)

Ahora que es tema de portada, día sí y día también, los numerosos casos de corrupción que salpican por igual a distintos partidos políticos, pocas voces salen en defensa de los jueces que han de instruir las causas y de los magistrados que luego deben dirigir la vista oral y dictar sentencia. Se tiende a escenificar en los estudios de televisión juicios paralelos donde los tertulianos habituales empiezan a especular, a desmenuzar y a catalogar a los inculpados, dando su veredicto por anticipado sin el menor rubor ni conocimiento técnico, sin haber accedido a los cientos o miles de folios que integran el expediente judicial, sin valorar en su conjunto la prueba practicada, sin ponderar e interpretar las normas legales en juego ni aplicar los criterios jurisprudenciales en la materia.

¿Cuál es la ratio de jueces?

Según datos del propio CGPJ, en España hay 5.419 jueces y magistrados, lo que equivale a 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes. Esta cifra está por debajo de la media europea de 21,2 jueces por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE de 2016 presentado por la Comisión Europea, hay países de nuestro entorno con ratios más bajos como Italia (11), Chipre (11), Francia (10), Malta (9,5), o Irlanda (3,5). En la parte más alta de la tabla se encuentran, con más de 40 jueces por cada 100.000 habitantes, Eslovenia, Croacia y Luxemburgo. En cuanto al número de abogados, y siempre según el citado estudio, la cifra se dispara, siendo España el sexto país de la Unión Europea con mayor número de abogados por cada 100.000 habitantes, con un total de 291. La cifra más alta de letrados se encuentra en Grecia (388), seguida de Luxemburgo (387), Italia (368), Chipre (363) y Malta (346). En este sentido, resulta curiosa la coincidencia de que algunos de los países que antes aparecían como los que con menos jueces tenían por habitante, sean los mismos que reflejan las cifras más elevadas de letrados.

Lo anterior no es más que un botón de muestra de una situación compleja que hace que la conflictividad y, por tanto, el número de pleitos a resolver, desborde la capacidad de los jueces para dar una respuesta rápida y de mayor calidad, en el sentido, entiéndase bien, de no poder dedicar mayor tiempo al estudio y redacción de nuestras resoluciones, lo que en los tiempos actuales se hace particularmente difícil ante la importante carga de trabajo que padecemos y no siempre con los medios humanos y técnicos más adecuados.

La litigiosidad en España

Conforme los datos contenidos en el informe estadístico sobre la “Situación de los órganos judiciales” correspondiente al tercer trimestre de 2023, hecho público por el CGPJ, en España tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales un total de 1.656.616 asuntos, cifra que supone un incremento del 8,8 % respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 1.418.725 asuntos, un 4,3 por ciento más que hace un año. El número de asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre, 3.907.128 en total, se incrementó un 18,5 % ciento respecto al tercer trimestre de 2022.

Si se analizan los datos por jurisdicciones, se observa que en la Civil ingresaron 682.733 asuntos entre julio y septiembre, lo que ha supuesto un incremento interanual del 14,9 por ciento. La resolución alcanzó los 547.510 asuntos, un 4,3 % más que hace un año, mientras que la pendencia aumentó un 21,2 % al quedar en trámite al final del trimestre 2.222.031 asuntos. De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 6,5 % se corresponden con los que se encuentran en ese estado en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).

Juez (Foto: Freepik)

En la jurisdicción Penal, durante el tercer trimestre de 2023 ingresaron 821.263 asuntos, un 4,7 % más que hace un año; se resolvieron 755.726 asuntos, un 5,2 % más, y quedaron en trámite 1.036.146 asuntos, lo que equivale a un aumento de la pendencia del 17,6 por ciento.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 43.984 nuevos asuntos, cifra que indica una leve disminución (del 0,7 %) respecto al mismo periodo de 2022. Los órganos de este orden jurisdiccional resolvieron 38.954 asuntos, un 1,9 % menos que el año anterior, mientras que otros 230.008 asuntos (un 4,6 % más) quedaron pendientes de resolución.

Y en la jurisdicción de lo Social ingresaron 108.613 asuntos, un 9,2 % más que un año antes; se resolvieron 76.523 asuntos, un 0,4 % menos, y quedaron en trámite 418.882 asuntos, un 15,7 % más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 34,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, siendo las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (44,5), Baleares (37,7), Andalucía (36,8), Cataluña (36,6), Madrid (36), Asturias (34,9) y Murcia (34,7). Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (23,2), La Rioja (26,3) y Extremadura (27,2).

¿Cuál es la opinión que merecen los jueces?

Retomando el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE de 2016, en una de sus conclusiones podemos leer que la profesionalidad del juez es la primera garantía de una resolución de calidad, constituyendo una parte importante del entorno interno que influye en la resolución judicial. La profesionalidad incluye una formación jurídica de alto nivel, así como el desarrollo de una cultura de independencia, de ética y de deontología. Lo anterior requiere, por parte del juez, una sensibilización no sólo hacia los instrumentos jurídicos sino también hacía las nociones que no son jurídicas. Y continúa afirmando que el nivel de calidad de las resoluciones judiciales es el resultado claro de las interacciones entre los numerosos actores del sistema judicial.

¿A qué conclusiones debemos llegar? Desde mi particular punto de vista, es preciso entender que la credibilidad de nuestro sistema judicial depende también de la calidad y profesionalidad de otros operadores jurídicos, muy especialmente de letrados y graduados sociales. Una demanda que contenga un relato fáctico sucinto y claro, junto con una ordenada y coherente petición, y una intervención durante el juicio que permita al juez una aproximación al debate que enfrenta posiciones contradictorias, en el que pueda delimitar la controversia en aras de adecuar a derecho su resolución, son circunstancias que permiten afirmar, sin lugar a dudas, que la Justicia se aproxima al ideal que persigue: ser equitativa, imparcial y ponderada.

Ahora bien, como afirmaba el jurista italiano Renato Treves, en su obra «El juez y la sociedad«, una cosa es el sentimiento de indefensión, derivado de la constatación de la ineficacia funcional del sistema normativo, conectado con la función social de las normas jurídicas, y otra distinta la imagen del juez y de la Administración de justicia, muchas veces distorsionada por los medios de comunicación social.

(IMAGEN: E&J)

En cualquier caso, sí desearía llamar la atención de nuestros queridos lectores para que reflexionen sobre nuestro alto, comprometido y responsable cometido. Muchas fases del enjuiciamiento de cualquier asunto permanecen ocultas, ignotas y anónimas, sin el glamour de la sala de vistas, de las togas y de las formas. Son muchas las horas de trabajo en el juzgado, rodeado de expedientes a modo de junglas de papel, trasiego de profesionales y de ciudadanos, que se prolongan en nuestros hogares, con sacrificio de nuestras vidas personales y familiares, en lo que ha venido a denominarse la soledad del juzgador, sometidos a una carga de trabajo y a unas condiciones que pueden y deben mejorarse.

Para acabar, un dato importante. El Consejo General del Poder Judicial dio a conocer en febrero de 2023 una encuesta realizada por Metroscopia entre quienes han tenido contacto con la Administración de Justicia, señalando al judicial como el mejor valorado de los tres poderes del Estado, de modo que el 37 % de los encuestados cree que funciona mejor que el Poder Ejecutivo, frente al 23 %, que opina que funciona peor. Comparado con el Poder Legislativo (las Cortes), el 30 % cree que el Poder Judicial funciona mejor y el 22 %, peor. El 23 % y el 22 % creen que funciona igual, respectivamente.

De los resultados de la citada encuesta cabe destacar que:

1. a) El 80 % de los usuarios de la Justicia está muy de acuerdo (39 %) o bastante de acuerdo (41 %) con la afirmación de que los jueces están bien preparados y son competentes.
2. b) Sin embargo, el 79 % está muy de acuerdo (50 %) o bastante de acuerdo (29 %) con que la Justicia es tan lenta que, siempre que se pueda, es mejor evitar acudir a ella.
3. c) El 75 % está muy de acuerdo (45 %) o bastante de acuerdo (30 %) con la afirmación de que todos los gobiernos, sean de la ideología que sean, están más interesados en controlar la Justicia que en proporcionarle los recursos que necesita para funcionar de forma rápida y eficaz.
4. d) Además, el 69 % de los encuestados está muy de acuerdo (34 %) o bastante de acuerdo (35 %) con la afirmación de que, con todos sus defectos e imperfecciones, la Justicia constituye la garantía última de la defensa de la democracia y de las libertades de los ciudadanos.
5. e) El 58 % también está muy de acuerdo (18 %) o bastante de acuerdo (40 %) con que los jueces resuelven conforme a la ley por muchas presiones que puedan recibir. El 28 % está poco de acuerdo y el 10 %, nada de acuerdo con esta afirmación.
6. f) Un 87 % de los españoles está totalmente de acuerdo (59 %) o más bien de acuerdo (28 %) con la idea de que los políticos tratan de influir en el Poder Judicial y controlarlo. Sólo el 11 % están más bien en desacuerdo con esta afirmación (6 %) o totalmente en desacuerdo (5 %).
7. g) El 75 % afirma haber tenido la sensación de haber entendido el desarrollo del juicio. El 22 %, por el contrario, no había entendido nada o casi nada de lo sucedido. Entre los que ganaron el pleito, el 84 % entendieron el desarrollo del juicio, así como el 67 % del resto.
8. h) El 83 % de los encuestados considera que la actitud del juez fue respetuosa, siendo un 11 % los que opinan lo contrario. En el caso de los que ganaron el juicio, son un 92 % los que opinan que fueron tratados con respeto; lo mismo opinan un 77 % de los que perdieron o aún no conocen la sentencia.
9. i) Un porcentaje muy similar, el 81 %, opina que la actitud del juez fue imparcial, frente al 13 % que cree que no lo fue. El juez fue imparcial para el 89 % de los que ganaron el caso y para el 73 % de los demás.
10. j) Durante la celebración del juicio, el 71 % afirma que el juez escuchó con atención los argumentos de su abogado. La opinión contraria la han expresado el 20 por ciento de los encuestados. El juez estuvo atento para el 84 % de los que ganaron y para el 58 % de los que no lo hicieron o están pendientes del resultado.
11. k) En relación con la imparcialidad mostrada por el juez o tribunal, el 80 % dice confiar en la imparcialidad de la sentencia, mientras que un 15 % duda de la misma. El porcentaje de los que confían en la imparcialidad del órgano judicial aumenta hasta el 93 % entra los que ganaron y es del 67 % entre los demás.
12. l) Tras haber tenido contacto con la Justicia, la confianza en el sistema judicial es buena para el 47 % de los encuestados. En concreto, la confianza ha aumentado para el 14 % de ellos y sigue siendo más bien buena para el 33 por ciento. El mismo porcentaje (48 %) sigue teniendo una opinión negativa: para el 33 % ha disminuido la confianza en la Justicia y el 15 % mantiene una opinión más bien mala.
13. m) El trato, la independencia y las formas de proceder del juez obtienen buenas puntuaciones entre los usuarios de la Justicia. En una escala de puntuación de cero a diez, el trato correcto e imparcial ha obtenido un 7,8; la independencia del juez, un 7,7 y la forma de actuar del juez, un 7,2. La confianza del usuario en la Justicia antes de acudir a ella ha obtenido una puntuación de 7.

En resumen, podemos y debemos creer en la Justicia, pilar básico de un modelo de Estado de Derecho donde impera constitucional y legalmente la independencia de los jueces y magistrados que la imparten diariamente a través de sus resoluciones y sentencias.

Pero quizás lo más destacable, desde mi punto de vista, sea la afirmación realizada por el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia: “La experiencia ante la Justicia es altamente positiva tanto entre quienes dicen haber ganado el caso como entre quienes lo perdieron o no conocen aún el resultado”, lo que realza la alta función de la justicia y su credibilidad y respeto, sin por ello desconocer y reivindicar su estado actual y la creación de más órganos judiciales que soporten la actual carga de pendencia.