¿Se parece el caso catalán al de Quebec?

Con la controversia de la inmersión lingüística de nuevo candente en Cataluña y la defensa de las instituciones judiciales nacionales para que las escuelas públicas impartan como mínimo un 25% de las clases en español, se antoja relevante conocer legislaciones extranjeras que tratan de regular, y en algunos casos limitar, la enseñanza en determinados idiomas, como es el caso de la provincia canadiense de Quebec.

No podemos obviar que los contextos lingüísticos del catalán en Cataluña y del francés en Quebec son radicalmente distintos. En los años setenta encontramos un 83% de la población francófona residente en Quebec, mientras que los anglófonos constituyen una minoría (12,3%). Por el contrario, predomina el uso del inglés en el resto de Canadá (88,6%), mientras que el uso del francés en el resto de esta nación es residual (3,6%)[1]. Sin embargo, el inglés sigue predominando en la vida económica de Quebec, en especial en Montreal, su ciudad más grande.

Como consecuencia del temor por parte de la población quebequense ante el descenso del uso del francés dentro de la provincia y el paulatino envejecimiento de sus residentes, se aprueba en 1977, a iniciativa del Partido Quebequense, la Carta de la Lengua Francesa (Charte de la langue Française[2]), comúnmente conocida como ley 101.

Esta ley rige la aplicación lingüística en las instituciones políticas y administraciones de la provincia, en el sector económico y en la enseñanza pública. Su principal objetivo es el mantenimiento del francés en la vida pública quebequense, observando especialmente a los inmigrantes, que generalmente solían educar a sus hijos en inglés.

Tal era la protección del francés, y la restricción del uso del inglés, que la ley 101 previó inicialmente que las leyes y reglamentos aprobados en Quebec estuvieran redactados únicamente en francés, y se publicaran copias de estas en lengua inglesa con carácter no oficial. Asimismo, todos los escritos aportados en los procedimientos judiciales tenían que realizarse en francés.

Estas medidas fueron finamente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Canadá[3] e incompatibles con lo estipulado en el artículo 133 de la Ley Constitucional de 1867, que permitía el uso de ambos idiomas en los procedimientos judiciales, así como en los textos legislativos.

Tribunal Supremo de Canadá (Foto: Wikipedia)

“Cláusula Quebec”

En el ámbito de la enseñanza pública destacamos cuanto contiene el artículo 73 de la misma ley 101, que incluye una regla conocida como “cláusula Quebec”. Por medio de esta, las autoridades quebequenses limitaban el acceso a la enseñanza en inglés a aquellos hijos que tuvieran algún padre, madre o hermano que hubiera estudiado en educación (primaria o secundaria) en inglés. Por lo tanto, la enseñanza anglófona fue restringida a los inmigrantes, sin importar cuál fuera su lengua nativa, a la población francófona y a los canadienses de otras provincias que se afincasen en Quebec. Para estos últimos cabía la posibilidad de oficializar un convenio entre la administración de Quebec y la otra provincia canadiense de origen con el fin de poder estudiar en inglés.

Este último apartado de la “cláusula Quebec” no contentó a las autoridades federales canadienses, quienes consideraron que faltaba a los principios de libre circulación y libre fijación de la residencia. Aún así, esta cláusula no fue anulada ya que el Tribunal Supremo consideró que la Constitución de 1867, en su artículo 93, otorgaba plena libertad a las provincias para legislar sobre la lengua de enseñanza[4].

“Cláusula Canadá”

En 1982, el Ejecutivo de Pierre Trudeau aprobó la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades (Canadian Charter of Rights and Freedoms[5]). Su artículo 23 establece una serie de criterios que velan por la enseñanza de las lenguas de la minoritarias en todas las provincias del país. En este precepto se encuentra la llamada “cláusula Canadá”, que defiende el derecho a recibir enseñanza primaria y secundaria en el idioma de la minoría:

23. (1) Citizens of Canada
24. a) whose first language learned and still understood is that of the English or French linguistic minority population of the province in which they reside, or
25. b) who have received their primary school instruction in Canada in English or French and reside in a province where the language in which they received that instruction is the language of the English or French linguistic minority population of the province, have the right to have their children receive primary and secondary school instruction in that language in that province.

Pierre Trudeau, primer ministro de Canadá desde 1968 hasta 1979 (Foto: swashvillage)

Por medio del artículo 23.1.b se habilita a cualquier canadiense a recibir enseñanza anglófona en Quebec. Para evitar que tanto este apartado como el propio artículo 73 de la ley 101 entrasen en conflicto, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó en junio de 1993 una modificación de este texto legislativo (Loi modificant la Charte de la langue française).

El último apartado del mismo artículo 23 defiende la impartición de clases en lenguas minoritarias siempre y cuando se cuente con un número de alumnos suficiente que justifique la prestación de este servicio público[6], quedando esta cuestión al puro arbitrio de las administraciones públicas, sin la necesidad de atender a unos criterios mínimos cuantificables para llevarla a cabo o no.

Finalmente, la aplicación de la ley 101 en la enseñanza pública quebequense transformó especialmente el panorama lingüístico de los jóvenes inmigrantes: entre 1967 y 1977, el 85% de los inmigrantes acudían a escuelas anglófonas, mientras que entre 1997 y 1998 el 80% de ellos acudían a escuelas francófonas[7]. Sin embargo, gran parte del pulso económico y financiero de esta provincia sigue latiendo en inglés.

El paradigma lingüístico en Quebec es distinto a la controversia idiomática tenida en Cataluña ya que, pese a que su sociedad se encuentre polarizado entorno a la cuestión política, hay una parte representativa de su población que vive y trabaja en español, sin ser esta última una lengua minoritaria en la Comunidad Autónoma, como sí ocurre con el inglés en la provincia canadiense.

[1] “Fundación Manuel Giménez Abad” en José WOEHRLING, El régimen lingüístico en Canadá: Conflictos y complementariedades entre las políticas lingüísticas de las autoridades federales de Quebec y de las otras provincias, Zaragoza, 2005. Pág. 1.

[2] http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-11

[3] P.G. Quebec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S.1016 ; ver también : P.G. Quebec c. Blaikie [1981] 1

R.C.S. 312.

[4] “Los derechos lingüísticos” en Josep María CASTELLÀ (coord.), Derechos y libertades en Canadá, Atelier, Barcelona, 2005, pág. 216.

[5] https://web.archive.org/web/20041009180639/http://canada.justice.gc.ca/loireg/charte/const_en.html

[6] “Applies wherever in the province the number of children of citizens who have such a right is sufficient to warrant the provision to them out of public funds of minority language instruction”

[7] “Fundación Manuel Giménez Abad” en José WOEHRLING, El régimen lingüístico en Canadá: Conflictos y complementariedades entre las políticas lingüísticas de las autoridades federales de Quebec y de las otras provincias, Zaragoza, 2005. Pág. 13.