Sentencia contra GoogleNews en Bélgica: análisis de consecuencias

1. Introducción.

Una de las dificultades prácticas del análisis jurídico de lo que sucede en Internet, ha sido siempre el supuesto carácter global, en el sentido de ámbito mundial de la Red, carácter que supuestamente impedía un adecuado juicio local de determinados servicios.

Sin embargo, la reciente sentencia de un Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, permite constatar cómo determinados servicios globales prestados en Internet, tienen sus consecuencias locales, principalmente porque la personalización de los servicios conlleva su adaptación al país de ubicación del destinatario.

2. Fundamentos de la condena

En esta sentencia, se condena a Google Inc. (se debe apreciar ab initio el hecho de que se condena a la matriz estadounidense), por la violación de la normativa belga sobre derechos de autor y derechos accesorios, y la normativa sobre bases de datos. Tal violación se habría realizado a través de los servicios Google News y Google Cached, en la versión que se pone a disposición de los usuarios de Google.be.

Antes de entrar en la valoración de la sentencia, tanto con relación a argumentos para la decisión dictada, como de aproximación a las cuestiones que plantea desde el Derecho español sobre Propiedad Intelectual, cabría establecer un paralelismo entre este asunto y el famoso requerimiento realizado a Google por el Departamento de Justicia de los EE.UU. En este último caso, expuesto muy brevemente, se requirió a Google para que aportara una serie de datos sobre navegación y uso de servicios.

La nota común que cabría establecer en ambos casos es que, aún cuando los argumentos jurídicos sean diferentes (protección de datos personales en un caso, Propiedad Intelectual en el caso belga), lo cierto es que las razones de negocio vienen a ser coincidentes. Y ello en cuanto que, en uno y otro caso, lo que resulta «atacado´´ es un modelo de negocio basado en la publicidad, y la enorme capacidad de Google de generar soportes e ingresos publicitarios, a partir de la información que conoce de sus usuarios o de los sitios web (medios de comunicación o no) que indexa en sus buscadores.

En definitiva, volviendo al caso de Google.be, el modelo de negocio planteado por GoogleNews vulneraría el Derecho belga sobre derechos de autor y derechos accesorios, lo que revertiría en una necesidad de resarcimiento del perjuicio causado. Esta compensación, se habría de calcular por la propia vulneración y, adicionalmente, por el perjuicio que se produce sobre los medios de comunicación que publican los artículos, noticias, fotos, gráficos, etc., sobre los que recaen los derechos de explotación vulnerados.

Descendiendo al detalle de los hechos juzgados, éstos se determinan fundamentalmente a través del informe dictado por un experto en la materia que habría analizado las funcionalidades y usos del servicio GoogleNews (en Google.be) y, especialmente, la funcionalidad GoogleCached del mismo (es decir, la funcionalidad por la que Google conserva un «histórico´´ de páginas web, para el caso de que los sitios web de ubicación de las mismas dejen de publicarlas).

A través de ambos servicios, era posible acceder a artículos, noticias, fotografías, etc., publicados por la prensa belga en su versión en Internet. En concreto, se indica que se podían generar resúmenes de noticias, a partir de las consultas realizadas por los motores de búsqueda en los servidores web de los medios de comunicación. Es decir, un tipo de actuación encuadrable en el cuestionado concepto de press clipping.

El experto al que acude el tribunal belga, establece en primer lugar, en su reporte, que GoogleNews constituye en sí mismo un portal de información, y no un buscador, tanto por su propio funcionamiento, como por cómo se describe a sí mismo.  Y como portal de noticias, sus servicios de información se «construyen´´ a partir de noticias elaboradas por autores que no habrían cedido sus derechos a tal fin y/o medios de comunicación que tampoco habrían concedido tal autorización.  Incluso, con relación a GoogleCached, se habría cercenado la posibilidad de los titulares de decidir cuándo dejan de publicar sus artículos, o de incorporarlos a servicios remunerados de archivo. Y no sólo se daría esta vulneración de derechos de autor, sino que se privaría a los medios de ingresos publicitarios, bien por supresión de publicidad, bien porque el acceso directo a la noticia evita p.e. soportes publicitarios como los inter-superstitial.

3. El análisis en España de este mismo supuesto

El análisis en España de este mismo supuesto, en muy breves términos, partiría del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado el pasado junio. Este precepto indica que «»Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente, tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este limite».

Como se puede apreciar fácilmente, es complejo articular una respuesta sobre cómo se habría juzgado el caso belga si se aplicara el citado artículo 32. Y ello por cuanto, por un lado, la redacción del artículo mantiene la remisión al derecho de cita, que parece inadecuada cuando la «cita´´ se refiere a un artículo completo, y establece, «zonas grises´´ como el concepto de autor (¿entiende que los medios editoriales pueden ser autores?), el modo y momento en que debe expresar la oposición expresa por el autor, la determinación de la remuneración, etc. Por otro lado, incluso, el artículo no tiene en cuenta los diversos servicios de press clipping de valor añadido que se están generando entre los medios editoriales y empresas especializadas, interesadas en la promoción de ésta fórmula.

4. Conclusión

En conclusión, la sentencia contra Google.be (servicios GoogleNews y Google Cached), abre una interesante puerta, por un lado, hacia la posibilidad de que acudir a la vía judicial se convierta en una estrategia de los medios en otros países, y, por otro lado, al debate sobre cuál debe ser la fórmula de regulación del press clipping que permita la creación de modelos de negocio que aprovechen a todas las partes intervinientes.

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