Una nueva regulación del juego asalta el ecosistema mediático hispano-mexicano

Va a hacer un año desde que Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), anunciara el deseo por parte del organismo de una nueva ley con la que atraer a inversionistas extranjeros y aumentar la recaudación de impuestos. Este ya era un tema que venía solicitando el sector, debido al crecimiento de la industria y a su poder para inyectar capital en el país. La intención no era otra que realizar las reformas legales necesarias para poder conceder nuevos permisos y autorizaciones a los operadores. En palabras de Ochoa, esto podría resultar en una recaudación de 18 mil millones de pesos al año, lo que equivaldría al 1% del PIB nacional.

No obstante, tan solo un mes antes, en noviembre de 2023, la Secretaría de Gobernación publicaba una reforma a la Ley de Juegos y Sorteos. Esta modificación del marco regulatorio ha sido un hito no solo por las implicaciones que conlleva, sino por ser el primer cambio drástico que se realiza a la ley desde que en 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, esta entrase en vigor. Tal y como aclaró Ochoa en su momento, “esa ley, que no ha sufrido modificaciones en sus 17 artículos, no considera nada de lo que hay hoy, ya que no había máquinas, no había mesas de aviator juego en vivo, no había Internet, no había computadoras y no había celulares. Obviamente esa ley es obsoleta, pero es la que está rigiendo hoy”.

Así, la reforma buscaba adaptarse a las tendencias actuales, en las que el juego online es el que está a la orden del día con cada vez más nuevos casinos en línea operando en el país. Un ejemplo es el listado de nuevos casinos seleccionados por Time2play, profesionales de la industria que analizan el panorama de casinos en línea. Sin embargo, lo aquí estipulado no resultó de buen agrado para los operadores. El motivo es que este nuevo marco regulatorio determina la prohibición de las máquinas tragaperras en el país, sin posibilidad ninguna de que el Gobierno mexicano otorgue nuevos permisos a casinos y salas de juego para operar con estas máquinas. Del mismo modo, también queda imposibilitada la renovación de las licencias ya existentes. Según el decreto, se considera máquina tragamoneda a “todo dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener un premio”.

En relación a esto último, los operadores alegan haber pasado un largo proceso para poder obtener sus licencias, ya que no fue hasta el Sexenio de Felipe Calderón cuando se legalizaron las tragamonedas, bajo el argumento de que se debían considerar juegos de lotería y no de azar. Además, los operadores resaltan la pérdida económica que ello supone, puesto que las tragamonedas representan el 85% de los ingresos de estos negocios. Sin embargo, las consecuencias de esta regulación no serán visibles hasta dentro de unos años, teniendo en cuenta que la mayoría de casinos y salas de juego que operan en el país constan de permisos que no vencen hasta 2028. Por lo tanto, esto último da cierto margen a las empresas de la industria para dar con otras alternativas.

Por otro lado, mientras esto parece perjudicar a los casinos físicos, se presenta como una ventaja para el sector online, debido a que los jugadores de tragamonedas no tendrán más remedio que pasarse al juego en línea. Esto no es sólo beneficioso para las empresas dedicadas al ámbito digital, sino también a nivel social, puesto que reduce la posibilidad de que los mexicanos menores de edad tengan acceso a estos juegos. ¿El motivo? Para poder apostar en estas páginas es necesario contar con un método de pago legal. Al mismo tiempo, los casinos online ofrecen ciertos beneficios a los jugadores, permitiendo una flexibilidad con la que los salones físicos son incapaces de competir.

Así, esta reforma de la ley está generando controversia, habiendo quienes defienden su utilidad, frente aquellos que la consideran un atraso en perjuicio de la economía del país, fomentando la interferencia gubernamental en la libertad de elección de los ciudadanos y favoreciendo la concentración de poder.