Culpable de falsedad en documento oficial y estafa por falsificar recetas de fármacos para un familiar fallecido

La Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un médico del Hospital Clínico que falsificó recetas para sacar medicamentos del Servicio de Farmacia del centro a nombre de un familiar que ya había fallecido.

El Tribunal le considera culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial, en concurso con un delito de estafa a la Administración.

La sentencia, dictada después de que un Jurado Popular emitiera un veredicto de culpabilidad, le impone una multa de 6.765 euros y le inhabilita para ejercer cargo público durante cuatro años. Además, el condenado deberá indemnizar a la Generalitat Valenciana con cerca de 7.000 euros, precio estimado de los medicamentos que obtuvo.

Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011 cuando el condenado sacó hasta 14 cajas del medicamento “Revatio” de la unidad de Farmacia del Clínico, con el SIP de su tío. Según la sentencia, el hombre, Jefe de Sección del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, hizo creer al Jefe de Farmacia que su familiar necesitaba el medicamento para tratarse de una enfermedad pulmonar, por lo que se autorizó su dispensación desde octubre de 2009.

De este modo, el condenado sacó hasta nueve cajas del fármaco, con recetas firmadas por él mismo, usando el SIP de su tío enfermo y justificando la prescripción con una enfermedad que su tío no padecía. De hecho, y según el relato de hechos probados, el familiar enfermo sufría una patología cuya medicación suministrada conjuntamente con el “Revatio”, estaba contraindicada. El tío del condenado falleció en septiembre de 2010, pero el sentenciado no comunicó la muerte, y sacó cinco cajas más del mismo medicamento hasta abril de 2011. El precio de cada caja de “Revatio”, medicamento también indicado para tratar la disfunción eréctil, estaba valorado en 500 euros.

La sentencia explica que cuando en una receta oficial consta algo incierto y el destino de la medicación no es el tratamiento del enfermo, cuya patología se usa como excusa “para generar la apariencia necesaria para conseguir que el servicio de farmacia expida la medicación”, quien se responsabiliza de la prescripción como médico, “incurre en una falsa narración de los hechos relevantes del documento, es decir, en falsedad”. La resolución añade que en este caso la falsedad la comete un funcionario público que actúa dentro de sus funciones al rellenar el documento. Por último, concreta que la actuación del acusado responde a un delito de estafa a la Administración Pública, ya que el engaño al responsable de Farmacia provocó un perjuicio patrimonial para las arcas públicas, en el importe de los medicamentos suministrados.