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Actualidad

El fallecimiento de un condenado plantea la incógnita sobre quién debe pagar las costas

El demandado, cliente de la abogada demandante, falleció durante el proceso penal y no llegó a pagar las costas del procedimiento judicial

(Imagen: E&J)

Sara Zarzoso

Redacción E&J




Tiempo de lectura: 3 min



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El fallecimiento de un condenado plantea la incógnita sobre quién debe pagar las costas

El demandado, cliente de la abogada demandante, falleció durante el proceso penal y no llegó a pagar las costas del procedimiento judicial

(Imagen: E&J)



¿Qué ocurre cuando el demandado, condenado al pago de las costas, muere antes de efectuar dicha liquidación?  ¿A cuenta de quién deben corren esos gastos? ¿Los debe pagar la administración? ¿Acaso la demandante? A preguntas similares se ha tenido que enfrentar la Audiencia Provincial de Madrid cuando -proceso penal en curso- el condenado falleció.

Los hechos acaecidos tienen su origen en el año 2015, cuando un hombre -tras sufrir un accidente de tráfico provocado por la colisión entre un vehículo y su propia motocicleta- contrató los servicios de una abogada. Primero, el caso se tramitó por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Luego, se trasladó al Juzgado de lo Penal número 21 de la capital. Finalmente, llegó al Tribunal Supremo.



Todos los organismos mencionados dieron la razón a la víctima, que recibió la siguiente indemnización por los daños ocasionados: unos 5.ooo euros en concepto de lesiones, unos 16.ooo euros en concepto de secuelas, unos 1.600 euros en concepto de corrección sobre las secuelas, 147 euros en concepto de gastos de farmacia, 36 euros en concepto de gastos de taxi, y el 50% de los gastos de la reparación de la motocicleta, además de los intereses previstos a cargo de la entidad aseguradora Mutua Madrileña Automovilista.



Previamente a la resolución de esta última sentencia el hombre había acordado con su abogada que, además de pagarle el 10% de la indemnización obtenida en el procedimiento penal, le pagaría los honorarios profesionales integrados en sus diferentes intervenciones en los juzgados. Cifra que  ascendía a un total de 4.793,18 euros.

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