El Ibex considera que el impuesto a los beneficios en el exterior es inconstitucional

Tras las últimas noticias del gobierno sobre la subida de impuestos a empresas españolas consolidadas, las grandes compañías han mostrado su rechazo

El ejecutivo ha emitido esta semana cuestiones relevantes en torno a la fiscalidad. Entre ellas, el gravamen sobre los beneficios conseguidos en el extranjero por las multinacionales españolas. Esta medida iría en paralelo con la relativa a subir el impuesto sobre sociedades sobre los grandes grupos.

La iniciativa no ha tenido mucha acogida entre las firmas internacionales, esto es, las que conforman el Ibex, que consideran que vulnera principios constitucionales básicos como el de la primacía de los tratados internacionales sobre la normativa interna. Esto se debe a que esta medida pasaría por alto el convenio de doble imposición vigente hasta ahora, que pretende evitar que las empresas multinacionales tributen dos veces, una en el país donde generaron los beneficios y otra por las rentas generadas en el exterior.  La aprobación de esta norma significaría contravenir lo dispuesto por el derecho de la Unión Europea, por lo que el ejecutivo podría acabar ante el Tribunal Constitucional.

Esta medida también podría ser perjudicial por favorecer la deslocalización de las empresas a otros estados, ya que muchos países cercanos prevén mecanismos eficaces para prevenir esta doble imposición y evitarían ahí esta tributación extra. Otra consecuencia perjudicial sería el desincentivo a la internacionalización de las compañías españolas, ya que verían contrarrestado los beneficios generados en el exterior por esta doble imposición y perderían competitividad con respecto a otras empresas multinacionales. Aunque el Ejecutivo no ha ultimado los detalles de esta reforma del impuesto sobre sociedades, ha avisado que no afectará a pymes.

El cuestionamiento de la constitucionalidad de esta medida también deriva de que grava a las empresas de mayor tamaño. Y es que, aunque la Constitución española establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica», el tamaño de una empresa no siempre corresponde con este aumento de los ingresos.

Otra de las medidas controvertidas desde el punto de vista de las empresas del Ibex, es el anuncio por parte del Gobierno del establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades. Esto podría desembocar en situaciones de confiscatoriedad al obligar a tributar por rentas inexistentes, algo también en contra de lo establecido en la Constitución española.

Con estos argumentos, las empresas confían en convencer al Gobierno de que se retracte en sus decisiones. De lo contrario, es posible que tenga que responder ante los tribunales.