La senda de gasto en pensiones cae un 31%

• Desde el Gobierno creen que la factura anual aún puede crecer en 36.000 millones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convencido a Bruselas para llevar a cabo la reforma de las pensiones de tal manera que cumpla con las medidas impuestas para poder optar a los fondo de reconstrucción económica de la UE. Y es que ministro José Luis Escrivá ha convencido a la Comisión para que corrija la senda de gasto en pensiones de España para las próximas décadas hasta en un 31%, todo ello después de analizar los datos en relación al envejecimiento de la población, número de pensionistas y cantidad de ciudadanos ocupados en nuestro país. Si finalmente se deroga la reforma de 2013 realizada por el PP, el desembolso aumentaría en 3,5 puntos porcentuales del PIB, según las estimaciones de hace un año, mientras que en 2018 se esperaba un aumento del 5% del PIB.

Uno de los factores que establecía la disparidad de criterios entre el Gobierno y la UE en relación con el gasto de la pensiones fue un error de cálculo de la anterior administración. Los cálculos de Fátima Báñez, la encargada de este asunto en el Gobierno de Mariano Rajoy, pusieron sobre la mesa un escenario a medio y largo plazo que no se correspondía con los parámetros establecidos. La normativa de aquel entonces establecía correctores del gasto desde el momento de su puesta en marcha una vez se introdujo el IRP y el Factor de Sostenibilidad.

La idea pasa por aumentar hasta 3 puntos porcentuales del PIB de gasto en las partida de pensiones a lo largo de los próximos años, así los pagos se asemejarían a los del resto de países de la UE. (Fuente: Economist & Jurist).

Después de que el ministro Escrivá manifestara el cambio de parecer de Bruselas en este tema, algunas fuentes oficiales han declarado que «hemos tenido que trabajar con las instituciones europeas sobre los modelos estadísticos del gasto en pensiones”.

Con los futuros cambios, establece Escrivá que será mucho más exacta la labor de estimación de impacto de las medidas que el Gobierno tiene pensado aplicar como elemento de la reforma del sistema público. En este sentido el Gobierno aboga porque aún existe margen para elevar el gasto , ya que nuestro país se encuentra lejos de estar a la misma altura que la media del resto de países europeos. La idea pasa por aumentar hasta 3 puntos porcentuales del PIB de gasto en las partida de pensiones a lo largo de los próximos años, así los pagos se asemejarían a los del resto de países de la UE, donde se destina un 13% del PIB de media. Según datos de AIReF, en nuestro país esta cifra fue del 10% del PIB en el año 2019, por lo que el margen estaría en torno a unos 36.000 millones de euros.

El hecho de que ahora Bruselas haya aprobado el fondo de ayudas para la reconstrucción debido a la crisis sanitaria le ha servido para presionar a España y que pueda así reclamarle que lleve a cabo la reforma en el sistema de pensiones que lleva esperando desde la pasada crisis. Así, si nuestro país quiere recibir esos 140.000 millones de euros, deberá cumplir con las indicaciones de Bruselas.

Debido a que el ministro ha conseguido que esta reforma de la senda del gasto se realice de manera asociada a la derogación del PP, podrá realizarse con menores dificultades financieras de tal modo que las medidas podrán presionar el gasto al alza. Así, se derogará el IRP y se vincularán las revalorizaciones con la inflación. Un documento publicado recientemente por el BBVA establece que relacionar las pagas con la evolución de los precios permitirá que en el medio plazo se puedan agregar al coste de las pensiones.

De esta manera, si no se llevan a cabo medidas adicionales, las estimaciones señalan que vincular las pensiones al IPC podría aumentar el gasto en un 2% del PIB en el año 2030 y rondaría el 3% del PIB para 2050. Y es que en este sentido, según un estudio realizado por Fedea, en un entorno económico normal, en el que la economía tenga un crecimiento progresivo, la inflación media se situaría en un 2% aproximadamente. Cada aumento en esta línea de la partida de las pensiones de jubilación aumentaran su coste anual en 2.400 millones de euros.

En relación con esto, los expertos del BBVA establece que «la adopción de un mecanismo de compensación de las actualizaciones (realizadas ex ante) en años de inflación negativa contra la actualización de los años inflacionarios posteriores representaba una propuesta de automatismo simétrico muy razonable a la que, no obstante, el ministro ha tenido que renunciar ante el rechazo de los agentes sociales”.