Prisión provisional para el exjuez que se encontraba en el «vértice de un grupo criminal»

El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado el ingreso en prisión provisional del exjuez Fernando Presencia, acusado de liderar un grupo u organización criminal dedicada a la difusión de bulos y a calumniar a jueces, fiscales, periodistas y políticos.

Gadea dictó un auto la semana pasada ordenando la disolución de una asociación, ACODAP, que aparentemente está dedicada a la lucha y la denuncia contra la corrupción pero que, en realidad, no es más que una estructura criminal, lucrativa, en el que el exmagistrado y un reducido grupo de personas difunden noticias falsas y se estarían “lucrando con los fondos de personas que creen estar luchando contra la corrupción”.

Presencia estaba citado ayer para declarar en la Audiencia Nacional, aunque no se presentó, por lo que se ordenó su detención. Una vez que ha declarado, Gadea ha apreciado el riesgo de fuga y de reiteración delictiva y decidió enviarlo a prisión provisional. Además, ha ordenado el ingreso en prisión de tres personas entre las que se encuentran Santiago y Alberto Royuela. Los delitos investigados encajarían en los delitos de estafa agravada, apropiación indebida, asociación ilícita y pertenencia a grupo u organización criminal.

La actividad de esta organización se remonta varios años atrás. Han presentado diversas denuncias con resultados como el que sigue y hay varias condenas por calumnias. “De los hechos, tal y como vienen relatados, ni resultan perfilados los contornos de las figuras delictivas invocadas, ni, desde luego, aparece un indicio con un mínimo de solvencia frente al aforado en esta sede. La sala acuerda devolver las actuaciones al órgano de procedencia al no constatarse la presencia de indicios mínimamente fundados ni atribución específica y expresa de hechos delictivos frente al aforado ante esta Sala”. Esa fue la respuesta, en un auto, del Supremo cuando en julio de 2022 presentaron denuncia contra dos consejeros de Castilla y León y así se han pronunciado en varias ocasiones frente a acciones con el mismo cariz.

En febrero de 2023, el Tribunal Supremo ordenó archivar otra denuncia de la asociación contra el presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial porque, según “informaciones que habían llegado a la asociación”, los miembros del CGPJ tenían “dinero en paraísos fiscales, procedentes de mafias que controlarían la Administración de Justicia. El hecho punible que se les atribuye pudiera calificarse como delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación y blanqueo de capitales”. En esta suerte de teoría de la conspiración se mueve constantemente la asociación que ha señalado públicamente a personalidades como el expresidente Zapatero, las ministras Margarita Robles o Ione Belarra, el periodista Antonio G Ferreras o Ana Pastor o los magistrados Conde Pumpido o Pablo Llarena. Contra ellos, la asociación que “tiene como vértice”, según el auto del magistrado Gadea, a Presencia ha vertido falsas acusaciones sobre dinero en paraísos fiscales o sobre intentos de compra o censura de medios.

Para el magistrado Joaquin Gadea existen múltiples indicios que permiten concluir que las denuncias presentadas por ACODAP eran meras maquinaciones. “Todo ello permite inferir que la organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía contra la corrupción, y contradiciendo la finalidad referida en el art. 1 de los Estatutos de la Asociación”.

Bajo cada una de las frecuentes publicaciones en la red social LinkedIn, el ex magistrado o quien manejase la cuenta con su nombre, escribía bajo los textos con denuncias falsas diferentes números de cuenta y un número de contacto al que realizar una transferencia vía bizum. El perfil en esta red social ha desaparecido en las últimas horas.

El magistrado de la Audiencia Nacional añade “pese a ponerse en marcha el procedimiento penal, los investigados han seguido con la dinámica delictiva de forma permanente, “buscando toda clase de resquicios y subterfugios para evitar el cierre de sus canales de difusión, y manteniendo un constante nivel de interposición de denuncias falsas”.

“Esta URL ha sido bloqueada por disposición de la Autoridad Judicial”, se puede leer si se intenta acceder ahora a la página que servia de base para difundir los bulos. Sigue activa, sin embargo, la web de “La voz de Talavera”, que se dedica a difundir informaciones elogiosas sobre “su director, Fernando Presencia”, al que según este portal, han “encarcelado criminalmente”. Allí se puede encontrar, por ejemplo, la firma de Miguel Rix, autor de piezas audiovisuales difundidas en Youtube en los últimos meses dedicadas a ensalzar la imagen del exjuez.

Aunque ha sido firmemente condenado por prevaricación en dos ocasiones y fue inhabilitado en 2016, Fernando Presencia continúa hablando de si mismo como un juez y, en sus publicaciones, se muestra como víctima de un sistema corrupto. Presencia, según la justicia, fue condenado por beneficiar a amigos y conocidos gracias a su cargo. Fue trasladado inicialmente, al ser sancionado, de Valencia a Talavera de la Reina, deonde fue inhabilitado.  Esta misma tarde, en la cuenta de Twitter de la asociación se podía leer un mensaje compartido de la cuenta que lleva el nombre propio del exjuez “ayer detuvieron ilegalmente al juez Fernando Presencia en su domicilio. Hoy ha ido a declarar y se ha decretado prisión provisional sin fianza a la espera de un juicio () Ellos han aprovechado para condenarnos. No podemos dejar que se salgan con la suya«.

En esta organización, añade Gadea, bajo la cobertura de ACODAP “los investigados Fernando P., Alberto R. y su hijo Santiago R. tendrían un papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan. Acto seguido, estos, junto a Juan M.G., Alejandro D. y Álvaro A. se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras, ocupando Lidia R. un papel clave en su distribución de la misma en Internet y por diferentes canales y redes sociales, así como en la administración y gestión de la entidad ACODAP”.

Economist & Jurist se ha intentado poner en contacto con Presencia por diferentes vías en las últimas semanas, aunque no han mostrado ninguna intención de exponerse públicamente en el medio de comunicación.