¿Qué queda de la democracia española?
"Sorprende que tras este acuerdo de enorme calado histórico que el Gobierno ha traído como un “trágala”, se intente “explicar” ante un Congreso"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i), y el rey Mohamed VI de Marruecos durante un encuentro mantenido en el Palacio Real de Rabat (Foto: EFE)
¿Qué queda de la democracia española?
"Sorprende que tras este acuerdo de enorme calado histórico que el Gobierno ha traído como un “trágala”, se intente “explicar” ante un Congreso"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i), y el rey Mohamed VI de Marruecos durante un encuentro mantenido en el Palacio Real de Rabat (Foto: EFE)
Aunque vivimos tiempos extraños, con el litro de gasoil basculando los 2 euros; con un Estado de alarma inconstitucional declarado por Decreto y sin que nadie asuma responsabilidad alguna, y con un estado de no beligerancia declarado, no sabemos por quién, pero desde luego no por nuestro Congreso, -por mucho que nos quieran decir que andamos en la neutralidad estricta-, lo último que nos faltaba -de momento- por ver es el reconocimiento español del Sáhara como territorio marroquí, gracias a una carta de dudoso rigor gramatical.
Al margen de los antecedentes histórico-políticos, y de lo conveniente o desfavorable de esta decisión, que presumo que el lector ya habrá considerado, sorprende que tras este acuerdo de enorme calado histórico que el Gobierno ha traído como un “trágala”, se intente “explicar” ante un Congreso, en el cual los diputados de los distintos grupos han hecho poco salvo recrear su habitual teatro en uno u otro sentido.
El principal meollo de este asunto, según entendemos al menos los que creemos que las normas están siquiera para aparentar ser cumplidas, consiste en que el Gobierno tendría que haber pedido autorización para adoptar esta decisión conforme ordena nuestra Carta Magna en su artículo 94:
- La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
- a) Tratados de carácter político.
(…)
- e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
Además de lo evidente, suponiendo dicho acuerdo convertir en papel mojado todos los referidos a la ONU, al Comité de descolonización (y con ello arrastra la reclamación de Gibraltar) y demás entes involucrados en el Conflicto, implica un ninguneo flagrante al poder de nuestro Parlamento y al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Y todo, de un plumazo. Pero se preguntarán, a estas alturas… ¿y a quién le importa?
