Acción de nulidad de condiciones generales de la contratación y condena al reintegro de cantidades

Se estima la Demanda interpuesta por D. Vicenta frente a la Entidad Financiera. Declaro:

a) La nulidad de la estipulación contenida en la cláusula adicional segunda, párrafo IV, de la póliza de préstamo personal de cláusula de redondeo al alza.

b) La nulidad de la cláusula tercera.

c) de la póliza de préstamo personal den la cual se recogen los gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras vencidas o excedidas. Se condena a la Entidad Financiara a estar y pasar por las anteriores declaraciones, teniendo por no puestas las cláusulas cuya nulidad se declara, y a abstenerse de aplicarlas en lo sucesivo.

En el presente caso no se niega por la demandada la condición de consumidor del demandante, a los efectos del artículo 3 del de la LGDCU, lo cual es relevante a la hora de determinar el control de abusividad de las cláusulas litigiosas, resultando de aplicación la protección establecida en esta Ley para el consumidor, para lo cual no tiene trascendencia que se trate de un préstamo concertado sin garantía hipotecaria. Si bien por la demandada se niega que las cláusulas impugnadas puedan considerarse como condiciones generales de la contratación, afirmando que fueron negociadas individualmente, lo cierto es que no se aporta prueba alguna respecto a que existiese dicha negociación, lo que pudiera haberse acreditado mediante testificales o el interrogatorio de la parte contraria, correspondiéndole la carga probatoria
al respecto.

Respecto a la primera de las estipulaciones impugnadas, que determina el redondeo al alza del tipo de interés, la misma, además de vulnerar lo dispuesto en el art. 82 de la LGDCU por cuanto ocasiona un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor, resulta abusiva conforme a lo establecido en el art. 87.5 de la LGDCU, estableciendo este precepto que resultan en todo caso abusivas las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los bienes o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva.

Resulta igualmente abusiva la estipulación por la que se establece una comisión por reclamación de posiciones deudoras, que no forma parte del precio ni por tanto del contenido esencial del contrato. La Orden Ministerial EHA 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, establece en su artículo 1 que “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”, y que “solo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos”. En términos similares, se regulaba en la derogada Orden Ministerial EHA de 12 de diciembre de 1989.

Finalmente, esta cláusula vulneraría también lo establecido en el art. 87.5 de la LGDCU, antes transcrito, toda vez que implicaría el cobro de cantidades no imputables directamente al consumidor, sin que por otro lado la entidad bancaria haya acreditado el coste real efectivo de tales gastos.