Acción de nulidad por falta de trasparencia en contrato de tarjeta revolving

Fecha de la resolución judicial: 26-04-2023

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO sustancialmente la acción de nulidad por falta de transparencia instada por la procuradora Doña Elsa, contra la entidad Banco S.A., y en consecuencia debo:

1.- Declarar que las condiciones generales que regulan los intereses remuneratorios y las comisiones por cuotas impagadas y por exceso de límite y la cláusula de modificación unilateral de condiciones, incluidas en el contrato de tarjeta de revolving suscrito entre las partes el 14-6-2016, no superan el control de transparencia, con lo que resultan nulas y deben tenerse por no puestas, al no incorporarse válidamente al contrato, con los efectos propios del artículo 1.303 del Código Civil.
2.- Condenar a la parte demandada a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas a la parte actora, siendo todas aquellas que excedan del capital prestado, estando la entidad obligada a aportar un extracto global con dicho cálculo en el que se refleje el importe efectivamente dispuesto por el cliente y los intereses generados y pagados por la misma. Todo ello con los intereses legales desde la fecha de interposición de la Demanda (8-9-2022) y desde la fecha de la presente resolución, el interés legal más dos puntos, conforme a lo establecido en el artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3.- Procede imponer las costas procesales a la parte demandada.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:

• En el presente caso, el T.A.E. predispuesto por la entidad financiera es del 26’70%, en un contrato de tarjeta revolving formalizado con un consumidor 14-6- 2016, en el que índice TEDR publicado por el Banco de España en 2016 para las tarjetas revolving fue del 20’84%. Al sumarle 0’30 puntos, como establece de margen el Tribunal Supremo, estaríamos con un interés remuneratorio del 21’14%; con lo que no se superarían los 6 puntos de margen fijados por el Tribunal Supremo para apreciar la usura para este tipo de contratos. Nos encontraríamos con un 5’56% de diferencia, que no sería notablemente superior a la media nacional en este tipo de contratos, a tenor del criterio definido por el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia nº 258/2023 de 15 de febrero, Rec. 5790/2019, por lo que el contrato no resultaría usurario.
• Se debe recordar que, conforme a lo marcado por la jurisprudencia del T.J.U.E., no cabe el control de abusividad respecto de cláusulas que regulan elementos esenciales del contrato, como son las reguladoras de los intereses remuneratorios, al tratarse del «precio» del contrato, si bien se puede llevar a cabo el control de inclusión, incluso cuando se trata de un contrato de naturaleza mercantil, y cuando se trata de contratos concluidos entre profesionales y consumidores, también el de transparencia.
• Tal y como establecen los Considerandos de la Directiva 93/13/CEE y de su articulado, cabe destacar, siguiendo la jurisprudencia del TJUE que las cláusulas relativas a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, el precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, sólo quedan eximidas de la apreciación de su carácter abusivo en la medida en que el órgano jurisdiccional competente considere, tras un examen del caso concreto, que fueron redactadas por el profesional de manera clara y comprensible; toda adaptación del Derecho interno al art. 4.2 debe ser completa, de modo que la prohibición de apreciar el carácter abusivo de las cláusulas se refiere únicamente a las redactadas de manera clara y comprensible (SSTJUE 2.5.2002 y 1.4.2004).
• En el presente caso, aunque el tamaño de la letra del contrato permite su lectura, no consta que por parte de la entidad financiera se aportara información precontractual de ningún tipo que permitiera conocer y evaluar, por parte del cliente, la carga económica que iba a asumir, ni el desenvolvimiento propio de la tarjeta. Y de las propias condiciones generales de la tarjeta tampoco es posible determinar la cuota mensual que le va a vincular a la parte adherente en cada momento, es decir, qué parte corresponderá al principal, qué parte será de intereses, qué parte serán las comisiones, y cuánto tiempo va a tener que estar pagando esa cuota mensual, sin que se haga hincapié tampoco en la naturaleza peculiar del crédito de las tarjetas revolving, que origina situaciones en las que un deudor puede estar abonando una disposición de principal durante meses
  y meses, con la peculiaridad de que a cuotas más bajas, menos principal se abona junto a intereses y demás conceptos, y que cada abono de cuota genera nueva disponibilidad de capital, con potenciales nuevas disposiciones con esas características de abono de cuotas compuestas por abono de principal, abono de
  intereses y comisiones.
• En definitiva, no se explica el peculiar modo de amortización de la tarjeta revolving, y es por ello lógico que el cliente no se encontrara en condiciones de conocer la carga económica del producto ofertado. En consecuencia, el clausulado relativo a la fijación del interés remuneratorio y de las citadas comisiones de reclamación de impagos y de comisión por exceso de límite, no superan el control de transparencia aplicable en la contratación con consumidores, y deben reputarse nulas.
• Finalmente, respecto de la cláusula 14 (modificación unilateral de las condiciones), se debe objetivar que la citada cláusula resulta abusiva en el sentido contemplado en el artículo 85.3 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que destaca: “Las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato.”
• En este sentido, deben ser desestimadas las alegaciones de la parte demandada referentes a la falta de legitimación activa de la parte actora, o el abuso de derecho o fraude ley, por cuanto en primer lugar, la mayor o menor utilización de un tarjeta no convalida o purifica los efectos propios de una nulidad original -quod nullum
  est, nullum producit effectum-, principio ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en supuestos de productos financieros; y en segundo lugar, la parte demandada no ha aportado documento alguno que acredite efectivamente la cancelación referida en su escrito de Contestación, o por lo menos
  extracto o desglose detallado del desenvolvimiento de la tarjeta hasta la actualidad, que era lo que solicitaba expresamente la parte actora en el Otrosí Tercero de la Demanda. El consumidor por tanto, ante tal falta de información o siquiera de respuesta a su expreso requerimiento (documento 3 de la Demanda, burofax de 16-
  5-2022), se encuentra plenamente legitimado para el ejercicio de la acción de nulidad por la falta de transparencia de las citadas condiciones de la tarjeta. No nos encontramos por tanto ante el ejercicio abusivo de un derecho, sino ante una acción impetrada tras un intento expreso, claro y finalmente infructuoso de
  información ante la entidad que predispuso las condiciones del contrato; encontrándose además la acción debidamente fundamentada y ajustada a derecho, como anteriormente se ha analizado.
• Las consecuencias de declarar la nulidad de tal clausulado conllevan los efectos propios del artículo 1.303 del Código Civil, y por ello se debe condenar a la parte demandada a abonar a la parte actora la cantidad resultante de la diferencia entre los pagos totales asumidos por la actora y el capital realmente financiado con dicho crédito a fecha de la presente resolución, siendo la entidad la encargada de aportar, en una eventual ejecución de Sentencia, un extracto global con dicho cálculo en el que se refleje el importe efectivamente dispuesto por el cliente y los intereses y comisiones generados y pagados por la misma.
• Respecto de las costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponerlas a la parte demandada, al haber visto rechazadas sus pretensiones, sin que el caso haya presentado serias dudas de hecho o de derecho.