Apertura de expediente sancionador por la incorrecta autoliquidación del IRPF

Fecha de la resolución judicial: 22-02-2022

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
«En consecuencia

TERCERO. Se acuerda desestimar el presente recurso.

CUARTO. En ejecución de esta resolución procede:

Por la interposición del presente recurso se ha suspendido la ejecución de la sanción, conforme al artículo 212 de la LGT. Dicha suspensión se mantendrá si interpone en tiempo y forma Reclamación económico-administrativa contra la presente resolución.

Si no interpone Reclamación económico-administrativa, con la notificación de la presente resolución se inicia el plazo de ingreso de la sanción previsto en el art 62.2 de la LGT. En este caso, la sanción deberá ingresarse:

a) Si la presente notificación se efectúa entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de recepción de esta notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste fuese sábado, domingo o festivo, hasta el inmediato hábil siguiente para el pago.

b) Si la presente notificación se efectúa entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de recepción de esta notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste fuese sábado, domingo o festivo, hasta el inmediato hábil siguiente para el pago.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante el empleo de las cartas de pago que en su día le fueron remitidas con la notificación del acuerdo de imposición de sanción. También puede realizar el pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet, en la dirección https://sede.agenciatributaria.gob.es.»

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
«PRIMERO. Considerando que este órgano es competente para conocer y resolver las cuestiones planteadas en este procedimiento.

SEGUNDO. De acuerdo con:

El artículo 183,1 de la Ley 58/2003, General Tributaria » Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley.»

La prohibición de un sistema sancionador objetivo que deriva de los principios consagrados en la Constitución implica que en toda infracción puedan identificarse dos elementos diferenciadores:

– Elemento objetivo o conducta definida como tal infracción en la Ley.

– Elemento subjetivo o culpabilidad que comporta la relación entre dicha conducta y el sujeto.

En relación con la infracción cometida, se advierte que se ha cometido la infracción tipificada en el artículo 191 de la Ley 58/2003. Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, toda vez que la contribuyente declaró una ganancia patrimonial derivada de la transmisión de dos inmuebles por importe de 134.235,86 euros cuando la ganancia patrimonial ascendió a 147.209,79 euros.

En cuanto a la culpabilidad, profundizando en el concepto de » negligencia» señalado en el artículo 183 de la Ley 58/2003, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia 76/1990 refiriéndose al deber constitucional de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica, lo que implica una situación de sujeción y de colaboración con la Administración Tributaria en orden al sostenimiento de los gastos públicos, cuyo indiscutible y esencial interés público justifica la imposición de límites legales al ejercicio de los derechos individuales. El conjunto de normas, derechos y obligaciones en los que se concreta ese deber no se compagina con la actitud de descuido o desinterés que caracteriza la negligencia.

El T.E.A.C, en resolución de 31 de octubre de 2002 afirma que » la negligencia no exige como elemento determinante para su apreciación un claro ánimo de defraudar, sino un cierto desprecio o menoscabo de la norma, una laxitud en la apreciación de los deberes impuestos por la misma».

De la información obrante en la Administración, en particular, la documentación obrante en la liquidación provisional origen de este expediente sancionador y en el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación, se puede inferir que la conducta del obligado tributario, al consignar como mayor valor de adquisición y menor valor de enajenación de los inmuebles gastos e impuestos no justificados, ha sido un tanto laxa y poco diligente, puesto que la normativa del IRPF es clara al referirse a dichos gastos.

Señala el Tribunal Supremo, en su Sentencia 643/2005, de 19 de mayo de 2005, de la Sala de lo Penal que ‘Cualquier artificio destinado a sustituir, sin causa o justificación alguna, la obligación tributaria asumida por otra más beneficiosa y a su vez más onerosa para el erario público, debe estar sólidamente justificado por situaciones de estado de necesidad en los que la antijuricidad de la conducta pueda ser justificada. Fuera de ese supuesto excepcional, cuya realidad o aparición en el caso de autos…. se descarta tajantemente, cualquier operación que evite el pago por parte del contribuyente de la carga tributaria que ha asumido voluntariamente, es una operación típica de elusión de impuestos (fraude).’.

De todo lo anterior se desprende que el contribuyente no ha actuado con la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto a la correcta determinación de la ganancia patrimonial y que concurre el mínimo de culpabilidad necesario para que pueda entenderse cometida la infracción tributaria que se le impone.

Por tanto, consideramos que concurre el mínimo de culpabilidad necesaria para entender cometida la infracción tributaria que se ha sancionado.

En cuanto la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2016, no exime de la sanción al sujeto pasivo, debemos tener en cuenta que el artículo 181 de la Ley 58/2003 cita como sujeto infractor al contribuyente, retenedor….etc, sino que condena al asesor fiscal por responsabilidad civil.

Por lo que respecta a su segunda alegación, la discrepancia entre la ganancia patrimonial declarada y la admitida por la Administración, no es una mera discrepancia interpretativa, el contribuyente incluyó como mayor valor de adquisición y como menor valor de enajenación, gastos e impuestos no justificados.

Por último, el artículo 188 de la Ley 58/2003 General Tributaria » 1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 de esta Ley se reducirá en los siguientes porcentajes:

a) Un 65 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el artículo 155 de esta Ley.

b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

2. El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior se exigirá s in más requisito que la notificación al interesado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) En los supuestos previstos en el párrafo a) del apartado anterior, cuando se haya interpuesto contra la regularización o la sanción el correspondiente recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse presentado aval o certificado de seguro de caución en sustitución del depósito, cuando no se ingresen las cantidades derivadas del acta con acuerdo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en los plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que se hubiera concedido por la Administración tributaria con garantía de aval o certificado de seguro de caución.

b) En los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación contra la regularización.

3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 40 por ciento si concurren las siguientes circunstancias:

a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración Tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.

b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o sanción.

El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción.

La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que procedan en los supuestos de actas con acuerdo…..»

Examinado el expediente, se comprueba que el contribuyente interpuso recurso de reposición contra la liquidación provisional, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 antes reproducido, ha perdida las reducciones del 30% y del 40%.

Por lo que respecta a la resolución del TEAC citada por el contribuyente, se refiere a la interposición del recurso de reposición contra la sanción, no contra la liquidación provisional como en este caso.»

Tercera instancia

Tipo de recurso: Contencioso – Administrativo
Recurrente: Doña Fernanda
Fecha del recurso: 07-03-2022
Tribunal: Tribunal Económico Administrativo Regional

Resolución judicial del recurso