Asociación ilícita, prostitución y blanqueo de capitales (atenuante por dilaciones indebidas)

Defensa

• Cliente
• Ministerio Fiscal

Ministerio Fiscal:

• Delito de asociación ilícita, previsto en los artículos 515.1º y 2º del Código Penal.
• Derecho contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
• Delito relativo a la prostitución de mayores de edad.
• Delito relativo a la prostitución de mayores de edad.
• Delito de blanqueo de capitales-
• Delito de tenencia ilícita de armas prohibidas.
• Delito de tenencia ilícita de armas reglamentadas.

Defensa:

No existe delito por el que imputar a los acusados, debido a la prescripción de los delitos de asociación ilícita y del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros imputados a mi mandante, conforme al art. 130.6 del Código Penal.

Ministerio Fiscal:

Los acusados eran componentes de un grupo organizado de carácter estable y permanente cuya finalidad era la explotación sexual en España de mujeres procedentes de países extranjeros. Es sabido que la intención del grupo organizado era obtener un beneficio económico, evitando aparecer como los verdaderos dueños de los clubes y ocultando así dichos beneficios obtenidos, creando un complejo entramado de personas físicas, que cotizaban como autónomos, y personas jurídicas, que daban cobertura a los clubes, explotándolos como establecimientos de hostelería.

En el Escrito de defensa el abogado argumenta que:

Su cliente no ha tenido participación alguna en los hechos por los que se le acusa, de modo que es inocente de los mismos.

Que de haber alguna conducta delictiva, la misma estaría afectada por la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, como muy cualificada, dado el tiempo transcurrido para la instrucción de la presente causa que se dió en 2008, arguyendo lo siguiente:

• La Institución de la prescripción constituye una causa legal de extinción de la responsabilidad criminal (art. 130.6 del Código Penal) por el transcurso del tiempo, bien a partir del momento de comisión del hecho delictivo de que se trate hasta la iniciación del correspondiente procedimiento bien por la paralización de éste, durante el periodo de tiempo legalmente establecido (que varía en función de las penas con que el Código Penal castiga los correspondientes delitos (artículo 131 del Código Penal) y tiene su fundamento en el efecto destructor del tiempo, en cuanto priva de eficacia a la pena y destruye o hace imposibles las pruebas.
• Si analizamos los actos procesales practicados en la presente causa, podemos observar que con anterioridad al Auto que acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado con fecha 18 de septiembre de 2015, ha existido un periodo muy dilatado de tiempo que excede de los 3 años en que no se han acordado actos con facultad interruptora. Es por ello que se deben considerar prescritos el delito de asociación ilícita y el delito contra los derechos de ciudadanos extranjeros.
• En el presente caso se interesa la nulidad de actuaciones por varias razones: 1º). Por estimar que una de las prórrogas mensuales del secreto de la instrucción (concretamente la acordada por Auto de 27 de noviembre de 2008) se realizó de forma extemporánea o fuera del ámbito temporal legalmente establecido para ello. 2º). Porque el secreto de la instrucción se prolongó de manera injustificada en el tiempo hasta el 15 de julio de 2009, pese a que las detenciones de prácticamente la totalidad de los investigados se produjeron en abril de 2009 y el informe recogiendo el análisis de la investigación, las diligencias practicadas y la imputación de cada uno de los investigados también se emitió en abril de 2009.
• Vulneración del Derecho Fundamental al secreto de las comunicaciones, previsto en el art. 18.3 de la Constitución Española e infracción del derecho a un proceso con todas las garantías procesales, previsto en el art. 24 de la Constitución Española: el acceso a los contenidos de cualquier ordenador por los agentes de policía, ha de contar con el presupuesto habilitante de una autorización judicial. Esta resolución ha de dispensar una protección al imputado frente al acto de injerencia de los poderes públicos.

• Artículo 588 sexies a. Necesidad de motivación individualizada. , Artículo 784. Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Artículo 109. , Artículo 131. , Artículo 517. , Artículo 515. , Artículo 318. , Artículo 130. Código Penal.

El Ministerio Fiscal aportó como pruebas:

• Examen de los acusados.
• Testifical de 4 testigos protegidas y de los Agentes de la Policía Nacional.
• Pericial.
• Documental.

Defensa:

• Examen de los acusados.
• Testifical.
• Pericial Primera: examen de los peritos de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, así como la prueba pericial de los Especialistas del cuerpo Nacional de Policía adscritos al Área de Balística Forense.
• Documental.