Caso real: expulsión de extranjero condenado por delito de salud pública

Parte Recurrente

• Don Mauricio

Parte Recurrida

• Subdelegación del Gobierno de León

El Ministerio Fiscal

Parte Recurrente

La parte recurrente solicita que se tenga por presentado el recurso de apelación y se eleven los autos a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que dicho tribunal dicte sentencia anulando la resolución de la Subdelegación del Gobierno de León, por la que se presenta recurso.

Parte recurrida

La parte recurrida solicita que se desestime íntegramente el recurso de apelación, con imposición de costas al recurrente.

La parte recurrente fundamenta la interposición del recurso de apelación en los siguientes argumentos:

• En primer lugar, que la legislación aplicada al acusado Don Mauricio no es la correcta, puesto que, como padre de una menor de edad de nacionalidad española, le es de aplicación el Real Decreto 240/2007, y no la Ley 4/2000 de Extranjería. Se aboga a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que a través de diferentes sentencias ha reconocido la residencia a extranjeros con antecedentes penales que tuviesen menores a su cargo.
• En segundo lugar, que en la resolución de la Subdelegación del Gobierno de León por la que se decreta la expulsión de Don Mauricio del país debido a ser condenado por un delito contra la salud pública no tiene en cuenta la condición de residente de larga duración que ostenta el acusado, no teniendo en cuenta además ni su fuerte arraigo familiar (al estar casado en territorio nacional y tener a su cargo a dos menores de edad, uno biológico y otro de su esposa), ni las circunstancias personales del caso.
• En tercer lugar, que no solo no se tiene en cuenta la residencia duradera del acusado, sino que tampoco se tiene en cuenta el arraigo personal, familiar y laboral del mismo con el territorio nacional, residiendo en España desde hace 18 años, 15 de ellos en León, teniendo residencia legal ininterrumpida y con pareja estable desde el año 2003, con quien se casó en 2010 y con quien tiene dos hijos a su cargo (uno en común y otro de su esposa fruto de una relación anterior). Ambos menores a su cargo tienen nacionalidad española, y se quedarían en una situación de desamparo al ser obligados a mudarse a otro país si el acusado finalmente es expulsado del país. La familia reside en el mismo domicilio desde 2015, y Don Mauricio lleva buena parte de su vida en España trabajando, encontrándose actualmente en una empresa de limpieza.
• Por último, al acusado le fue concedido un indulto parcial de la pena que le quedaba por cumplir, el 16 de marzo de 2018 por parte del Consejo de Ministros a propuesta de la Administración Penitenciaria de León, entendiendo por tanto que no supone una amenaza grave para la seguridad y el orden público como determinó anteriormente la Subdelegación del Gobierno de León. Don Mauricio no cuenta con antecedentes penales ni denuncias, a excepción del delito por el que cumplió condena de tres años, no habiendo tenido contacto anteriormente con el tráfico de drogas ni detenciones policiales, pudiéndose entender este hecho como un suceso aislado fruto de un error.

La parte recurrida expone sus argumentos contra el recurso de apelación en su escrito de oposición, siendo los siguientes:

• En primer lugar, la inaplicación del Real Decreto 240/2007, al no encontrarse el acusado en los supuestos del ámbito subjetivo de la citada ley, por no darse el requisito de dependencia en el apelante, no estando a cargo de un cicudadano de la Unión Europea, sino más bien lo contrario.
• En segundo lugar, la residencia de larga duración y el arraigo familiar, personal y laboral no son motivos suficientes para obviar la expulsión del acusado, entendiendo que la vulneración del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería no supone una sanción por una infracción como tal en materia de extranjería. Además, señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este tipo de supuestos, haciendo mención a la gravedad del delito cometido por Don Mauricio.
• Por último, la concesión de indulto no es argumento válido para este caso, puesto que el indulto supone una extinción de la responsabilidad criminal, en este caso parcial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 130.4 del Código Penal, no afectando al hecho de que el delito haya sido efectivamente cometido por el acusado, ni a la revisión de la sentencia condenatoria, ni a su pena, culpabilidad u objeto de la condena.

• Artículo 81. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
• Artículo 2. Aplicación a miembros de la familia del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. , Artículo 15. Medidas por razones de orden público, seguridad y salud pública. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
• Artículo 31. Situación de residencia temporal. LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de extranjería)
• Artículo 20 , Artículo 21 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
• Artículo 124. Autorización de residencia temporal por razones de arraigo. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
• Artículo 131. , Artículo 132. , Artículo 85. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
• Artículo 1. Régimen de asistencia jurídica. LEY 52/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICAS.
• Artículo 57. Expulsión del territorio. LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de extranjería)
• Artículo 130. Código Penal.
• Artículo 139. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
• Artículo 11. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal. LEY 52/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICAS.

La parte recurrente en su escrito por el que solicita el recurso de apelación aportó los siguientes documentos:

• Copia del libro de familia donde consta que Don Mauricio y Doña Leticia están casados y tienen una hija en común.
• Copia de la inscripción del matrimonio civil de ambos, con fecha en 4 de septiembre de 2010.
• Copia del anterior libro de familia de Doña Leticia, donde consta un anterior matrimonio del cual nació su hijo.
• Certificado de nacimiento del hijo de ambos (Don Mauricio y Doña Leticia).
• Certificado de nacimiento del hijo de Doña Leticia con su matrimonio anterior.
• Copia del D.N.I. de la hija de ambos.
• Copia del D.N.I. del hijo de Doña Leticia.
• Copia del colegio e instituto al que respectivamente acuden ambos hijos.
• Copia del permiso de residencia de Don Mauricio y Doña Leticia.
• Copia del certificado de empadronamiento donde consta el matrimonio y los dos hijos.
• Última nómina de Don Mauricio.
• Contrato de arrendamiento donde todos residen.
• Comunicación del Ministerio de Justicia del indulto concedido a Don Mauricio respecto de la pena pendiente de cumplimiento.
• Diligencia de notificación a la Audiencia Provincial donde se comunica la concesión del indulto.

Documental