Contrato de arras para llevar a cabo la segregación de finca rústica

Parte demandante:

– Juan Martínez.

Parte demandada:

– Soraya Caligula.

Parte demandante:

– Acción de reclamación de cantidad en base a la doctrina jurisprudencial aliud pro alio y, seguidos los trámites procesales oportunos, se estime íntegramente la demanda condenando a la demandada a abonar al demandante el importe de ciento cuarenta y seis mil tres cientos quince euros con cincuenta y un céntimos de euro (146.315,51’.- €), más los intereses legales correspondientes, con expresa imposición de costas a la demandada por su evidente temeridad y mala fe al haber dado lugar a este procedimiento.

Parte demandada:

– Se pide la desestimación todas las acciones que se han dirigido en su contra, con expresa condena en costas por temeridad y mala fe. En su defecto, se estime parcialmente la demanda, fijando la indemnización en un importe inferior que resulte de las pruebas que se solicitarán, de forma estimativa fijada en 20.000 Euros.

Parte demandante

– El tribunal al que se dirigen es competente según el artículo 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que es el tribunal del domicilio del demandado.

– Las partes tienen la capacidad procesal requerida según los artículos 6 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

– El actor está representado por un procurador y asistido por un abogado, como exigen los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

– Tanto el demandante como el demandado están legitimados para formar parte de la acción judicial, según el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

– El procedimiento a seguir es el juicio ordinario, ya que no hay un procedimiento específico para las pretensiones planteadas y la cuantía supera los 6.000 euros.

– La cuantía del procedimiento es de 146.315,51 euros, según el artículo 251.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

– Las costas del procedimiento se imponen a la parte demandada, de acuerdo con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

– Se solicitan los intereses de demora desde la interpelación judicial, basados en los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil.

– El plazo de prescripción aplicable es de 5 años, según el artículo 1964 del Código Civil, debido a la gravedad del defecto oculto en el bien reclamado.

Parte demandada:

– Se determina la jurisdicción y competencia del tribunal civil para conocer de las demandas civiles en territorio español, tanto entre españoles como entre extranjeros, de acuerdo con la legislación vigente.

– Se establece la competencia territorial de los Juzgados de la ciudad de Barcelona, basada en el domicilio del demandante y en la normativa aplicable a entidades públicas.

– Se indica que el Juzgado de Primera Instancia es competente para conocer del litigio en cuestión.

– Se establece que el procedimiento a seguir es el juicio ordinario debido a la cuantía reclamada, que asciende a 146.394,62 euros.

– Se confirma la capacidad legal de ambas partes para formar parte del proceso.

– Se argumenta que la parte demandada no es responsable de los defectos alegados y que, por lo tanto, no tiene legitimación pasiva en el caso.

– Se señala que se cumple con los requisitos de representación y defensa legal por parte del demandado.

– Se menciona la preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos según la normativa procesal.

– Se establece que la carga de la prueba recae en el demandante y que su falta de acreditación puede llevar al rechazo de la demanda.

– Se afirma que ha concluido el plazo para la presentación de documentos esenciales por parte del demandante y se cuestiona la imparcialidad y veracidad del informe presentado.

– Se realiza la aportación de documentos por copia, designando los archivos originales correspondientes.

– Se anuncia la futura aportación de una prueba documental pública.

– Se solicita que las costas del proceso sean impuestas a la parte demandante debido a su presunta temeridad y mala fe.

• Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Código Civil.
• Artículo 218. Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación. , Artículo 6. Capacidad para ser parte. , Artículo 231. Subsanación. , Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario. , Artículo 50. Fuero general de las personas físicas. , Artículo 347. Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista. , Artículo 10. Condición de parte procesal legítima. , Artículo 251. Reglas de determinación de la cuantía. , Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia. , Artículo 336. Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes. , Artículo 335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad. , Artículo 31. Intervención de abogado. , Artículo 23. Intervención de procurador. Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Artículo 1100. , Artículo 1964. , Artículo 1101. , Artículo 1166. , Artículo 1108. Código Civil.

Parte demandante:

1- Contrato de arras.

2- La escritura pública de compraventa.

3- Contrato de ejecución de obra.

4- Informe Técnico sobre los vicios ocultos consistentes en los residuos de obra

5- Mail de fecha 15/05/2019 y la cadena de comunicaciones al respecto entre las partes.

6- Mails de diciembre de 2018 cruzados entre las partes.

7- Comunicaciones y mails entre las partes hasta junio de 2019

8- Reclamación por burofax.

Parte demandada:

1- Resolución que auto riza la segregación de 04 / 11/2015.

2- CD con documento pdf.

3- Informe técnico.

Prueba documental y pericial aportada por las dos partes.

En noviembre de 2015, las partes suscribieron un contrato de arras con el objetivo de que el principal adquiriese una parcela del Instituto encargado de la administración del suelo en la región. Según lo estipulado en el contrato, el Instituto debía realizar previamente la segregación de la parcela del terreno original de su propiedad. En este sentido, el Instituto llevó a cabo las obras de urbanización necesarias, incluyendo la implantación de un campamento de obra en la parcela que sería vendida al principal.

En el contrato de arras también se especificó que el interés del principal en la adquisición del terreno era la posibilidad de construir y establecer allí su actividad industrial. Para ello, tenía planeado construir la sede de sus oficinas y una planta de envasado de gases medicinales.

Posteriormente, en abril de 2016, el principal formalizó la compra del terreno mediante una escritura pública de compraventa ante un notario de la región. Se realizó el pago del precio acordado por la parcela.

Sin embargo, tras la adquisición, se descubrieron vicios ocultos graves en el terreno que no habían sido revelados por los vendedores ni antes ni en el momento de la escritura. Estos vicios ocultos hicieron que el terreno no fuese apto para el propósito por el cual se adquirió.

El principal realizó numerosos intentos de comunicación con el Instituto para informarle de la situación y buscar una solución extrajudicial. Se enviaron reclamaciones por escrito en las que se solicitaba al Instituto el coste de la retirada y tratamiento de los residuos y tierras contaminadas que se estimaba en una determinada cantidad.

A pesar de los esfuerzos realizados para llegar a una solución amistosa, no se obtuvo una respuesta satisfactoria por parte del Instituto. Por lo tanto, el principal se vio en la necesidad de emprender acciones legales para proteger sus legítimos intereses y buscar una compensación por los daños sufridos debido a los vicios ocultos del terreno adquirido.