Demanda contra la revisión de oficio de incapacidad permanente absoluta

«Que estimando la demanda interpuesta por Dª xxxxxxx contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad, debo declarar y declaro no haber lugar a revisar el grado de incapacidad permanente absoluta reconocido a la actora por el INSS con fecha 25 de marzo de 2014 dejando sin efecto la Resolución de la Entidad Gestora de 30 de septiembre de 2017 y reponiendo a la actora en la prestación que venía percibiendo equivalente al 100% de la base reguladora de xxxxx euros y efectos económicos desde el 1 de octubre de 2017 condenando a la Entidades gestoras a estar y pasar por esta declaración con sus efectos inherentes.

Se advierte a las partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de xxxxx euros en la cuenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del banco xxxxxxx aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2 , y en su caso, cuando tenga la condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1.3 del mismo texto legal.»

Atendiendo a las anteriores consideraciones, esta Juzgadora considera que no se ha producido una alteración significativa del estado de salud de la demandante, en relación a su capacidad laboral, que justifique la revisión de grado realizada de oficio por la entidad gestora. Esta conclusión, deriva del propio informe médico del equipo evaluador, previo a la decisión de revisión de grado, que establece un cuadro clínico de la actora, similar al que motivó la  decisión que ahora se revisa, estableciendo el equipo evaluador que la estabilización clínica de la demandante se supone por tratamiento y no tener que enfrentarse al mundo laboral y social, poniendo de manifiesto la incompatibilidad de la realización de actividad laboral alguna con su situación médica, y fijando como limitaciones orgánicas y/o funcionales que mantiene las limitaciones de IPA. Por todo ello procede la estimación de la demanda.