Demanda de ejecución de títulos judiciales por impago de gastos extraordinarios de hija menor de edad

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
El Tribunal decide:
1º.- Estimar parcialmente el recurso de apelación formulado por Don Jon contra el auto de fecha 3-6-2022, acordando en su lugar que la ejecución despachada continúe por la cantidad de 4.049,75 euros de principal, más 1.214,93 euros prudencialmente fijados por intereses y costas, con condena a la parte ejecutada al pago de las costas de la primera instancia en el incidente de oposición.
2º-Sin condena expresa al pago de las costas causadas en segunda instancia.

Con pérdida del depósito para recurrir.

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
TERCERO.– Decisión de la Sala.
3.1. Los documentos aportados con la impugnación de la oposición a la ejecución. A lo largo del recurso de apelación, la parte ejecutada sostiene que todos los documentos que la parte ejecutante aportó con su impugnación a la oposición debieron ser inadmitidos y, por tanto, la Juez “a quo” no pudo valorarlos para resolver las cuestiones controvertidas.
Este motivo no puede acogerse. En primer lugar, porque conforme al art. 550 LEC, a la demanda ejecutiva deben acompañarse el título ejecutivo, el poder al procurador, “los documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para el cómputo en dinero de deudas no dinerarias, cuando no se trate de datos oficiales o de público
conocimiento” y “los demás documentos que la ley exija para el despacho de la ejecución”. Los documentos que la parte ejecutante aportó con el escrito de impugnación tenían por objeto contradecir las alegaciones en las que la parte ejecutada fundó su oposición a la ejecución, por lo que no se trataba de los documentos exigidos en el art. 550 LEC , sino que tenían pleno encaje en el art. 265.3 LEC, al ser documentos relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se puso de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el ejecutado en la oposición a la ejecución.
Además, se dictó una diligencia de ordenación en fecha 31-5-2022 que tenía por presentado el escrito de impugnación a la oposición y dejaba los autos vistos para resolver, sin que la parte ejecutada recurriera esa resolución que admitía la presentación de los documentos de la parte ejecutante, por lo que no habría cumplido con la exigencia del art. 459 LEC en relación con la infracción procesal que considera producida. Por todo ello, la resolución apelada podía tomar en consideración como pruebas todos los documentos aportados por la parte ejecutante con su escrito de impugnación, que
también se valoraran en esta segunda instancia.

3.2. La vigencia del acuerdo de mediación de 26-10-2017. La pensión de alimentos y sus actualizaciones.
El auto apelado considera probado que el acuerdo de mediación suscrito por las partes en fecha 26-10-2017 (doc. 2 de la demanda ejecutiva) tenía una vigencia temporal de un año, que finalizaba el 26-10-2018, por lo que tras esa fecha volvía a ser aplicable íntegramente la sentencia de divorcio, lo que conlleva la desestimación de todos los motivos de oposición de quita, pacto de no reclamar y pluspetición planteados respecto de todos los conceptos objeto de ejecución (gastos extraordinarios médicos, gastos extraordinarios escolares, actividad extraescolar y pensiones alimenticias). Revisados los documentos aportados por las partes, la Sala comparte el criterio de la Juez “a quo”.

La controversia entre las partes radica en si el acuerdo de mediación de 26-10-2017 expiraba en el plazo de un año o se mantenía en vigor. El doc. 15 de la impugnación a la oposición (email de 21-2-2022), correctamente admitido como prueba, muestra de forma evidente que el ejecutado conocía que el acuerdo de mediación perdió su vigencia el 26-10-2018. En ese documento, el ejecutado afirma que “entiendo que queda sin efecto el contrato de mediación firmado por ambos así que he procedido a hacerte transferencia del importe pendiente teniendo en cuenta el incremento del IPC”.  Y a continuación detalla los pagos por pensiones desde 2019 cuantificadas en 500 euros más actualizaciones, es decir, por el importe de la sentencia de divorcio. Por lo tanto, y aunque el tenor literal (art. 1281 CC) del acuerdo de mediación pudiera resultar dudoso en cuanto a su plazo de vigencia, los actos de las partes posteriores a la suscripción de
ese acuerdo (art. 1282 CC) evidencian que la voluntad de las partes era que ese acuerdo estuviera en vigor un solo año, lo que excluye que el auto apelado incurra en cualquier error en la valoración de la prueba documental o en infracción de los arts. 1281 CC y siguientes. Tampoco cabe oponer infracción de la doctrina de los actos propios del art. 7 CC, cuando son precisamente los actos del apelante los que sustentan la conclusión de la resolución apelada. Consecuencia de ello es que la pensión alimenticia y sus actualizaciones eran, desde el 26-10-2018, las recogidas en la sentencia de divorcio, por lo que respecto de las mismas no incurre el auto apelado en ninguna infracción legal cuando desestima la nulidad del despacho de ejecución, la pluspetición, la quita y el pago o la promesa de no reclamar, ya que todas estas alegaciones se basan en la vigencia del acuerdo de mediación más allá de 26-10-2018.

3.3. Los gastos médicos.
La parte ejecutada considera que los gastos médicos que se ejecutan no estaban comprendidos en los que los progenitores debían pagar por mitades, según la sentencia de divorcio, que a estos gastos les era de aplicación lo pactado en el acuerdo de mediación, y que no se acredita ni la necesidad de esos gastos ni que no estén cubiertos
por el sistema público de seguridad social. Los documentos 6 a 14, 16 y 19 a 20 bis a de la demanda ejecutiva acreditan suficientemente que la hija común se sometió a un tratamiento odontológico de “ortodoncia con alineadores transparentes”, pagado por la parte ejecutante desde enero de 2019.

En esa fecha ya no estaba en vigor el acuerdo de mediación, según hemos resuelto en el apartado 3.2, por lo que era de aplicación el convenio judicialmente aprobado por el que los progenitores debían pagar por mitad los gastos sanitarios no cubiertos por el sistema público de salud.
Que un tratamiento de ortodoncia no está cubierto por el sistema público es un hecho de público conocimiento, que además resulta del contenido del recurso de apelación en el que la parte ejecutada detalla las prestaciones públicas de salud. Para llegar a esa conclusión no es en absoluto necesario un proceso judicial de liquidación de gastos extraordinarios del art. 776.4º LEC.
Además, debe recordarse que no se exige la aceptación mutua por parte de los progenitores cuando se trata de gastos médicos necesarios (en este sentido, por ejemplo, la sentencia de esta Sección nº 387/2011, de 2 noviembre), sin que la parte ejecutada acredite de ninguna manera que el tratamiento de ortodoncia no era necesario para la hija común.
También puede afirmarse que el padre conocía la realidad del gasto, apreciable si tenía contacto y relación con su hija, sin que conste se opusiese expresamente a que la misma siguiere el tratamiento dental.
Por todo ello, se comparte la conclusión del auto apelado en cuanto a que estos gastos estaban incluidos en el convenio judicialmente aprobado y que el ejecutado debía abonarlos por mitad con la ejecutante, incluyendo todas las partidas pagadas por este tratamiento, como por ejemplo las pruebas COVID que, como resulta de sobras conocido, durante tiempo fueron necesarias para someterse a algunos procedimientos médicos.
E idénticos argumentos se aplican a los gastos por tratamiento de dermatología, acreditados mediante los docs. 15, 17 y 18 de la demanda ejecutiva, respecto de los cuáles no se ha aportado ninguna prueba de que estuvieran cubiertos por la seguridad social o de que no fueran necesarios para la hija común.

3.4. Los gastos de educación.
El auto apelado declara que todos los gastos de educación que reclama la parte ejecutante están expresamente incluidos en el apartado d) de la estipulación segunda del convenio de divorcio judicialmente aprobado.
La parte ejecutante aporta, como docs. 26 a 84 de la demanda ejecutiva, un conjunto de justificantes de gastos relativos a la educación de la hija común desde enero de 2019. Como hemos dicho en el apartado 3.2, en esa fecha volvían a regir las disposiciones de la sentencia de divorcio, no el acuerdo de mediación, y en este punto el convenio aprobado establecía que “Con independencia de su carácter extraordinario o no, pactan también de forma expresa que los gastos escolares (matrícula, libros y material escolar del inicio de cada curso) serán satisfechos por ambos progenitores por mitad”. La existencia de un pacto expreso de calificación de estos gastos “con independencia de su carácter extraordinario” hace innecesario que la parte ejecutante acuda al incidente del art. 776.4 LEC antes de instar el despacho de ejecución. La cuestión radica en determinar si los gastos que la ejecutante reclama aquí son “matrícula, libros y material escolar del inicio de cada curso”.

Ciertamente en los recibos mensuales se incluyen partidas de “material escolar” pero no se dispone de datos suficientes para valorar si se trata de una partida que se devengaría al inicio del curso y cuyo pago se fracciona, o de cargos por material escolar cuya necesidad surge durante el desarrollo del curso. En tal tesitura, recaía sobre la parte
ejecutada la carga de probar su motivo de oposición y debe pechar con las consecuencias de la falta de prueba de este extremo (art. 217.3 LEC) por lo que no puede prosperar la oposición fundada en que se trata de gastos escolares no incluidos entre los que el ejecutado debía pagar por mitad.
Y los mismos argumentos deben aplicarse en cuanto a la parte de los gastos de material que se adquiere mediante compras en “Amazon”. Son compras de material de papelería que razonablemente pudo utilizar la hija en sus actividades escolares, sin que tampoco supongan importes desorbitados o irrazonables, por lo que de nuevo resulta admisible que se califiquen como gastos escolares a pagar por mitad entre los progenitores.
Por todo ello, el recurso tampoco puede prosperar en todos los motivos relativos a los gastos escolares, que se articulan entorno a la nulidad del despacho de ejecución, pluspetición, quita, pago y promesa de no reclamar, así como por la infracción de los preceptos legales vinculados con estos motivos.

3.5. La actividad extraescolar de ballet.

En cualquier caso, tampoco se comparte que un programa de bachillerato dual pueda considerarse “actividad extraescolar”, cuando en los documentos adjuntos al citado doc. 8 de la impugnación se aprecia que se trata de una modalidad del curso de bachillerato y, por tanto, de la actividad escolar ordinaria de la hija común.
Por lo tanto, se coincide con la Juez “a quo” en que el gasto de ballet era la actividad extraescolar consensuada por las partes y que debían abonar por mitad, por lo que debe confirmarse la desestimación de la oposición referida a este gasto por los motivos de nulidad del despacho de ejecución, pluspetición, quita, pago y promesa de no reclamar, así como por la infracción de los preceptos legales antes citados, vinculados con estos motivos.

3.6. La prescripción.
La resolución de instancia descarta la prescripción de cualquiera de las deudas objeto de ejecución, por constar en autos reclamaciones extrajudiciales por email y “whatsapp” que interrumpen la prescripción y por no ser de aplicación el plazo trienal del art. 121-21 CCC en los gastos no periódicos. El recurso de apelación mantiene la alegación de prescripción respecto del gasto médico de 300 euros de 29-1-2019, los gastos de inscripción al ballet del curso 2019/2020 por 275,50 euros, y el gasto escolar de 3-1- 2019 por 10,81 euros.
En el auto dictado por esta Sala en fecha 08/01/2020, ya expusimos que los gastos extraordinarios no son periódicos sino precisamente imprevisibles ni, por tanto, cuantificables “a priori”, aunque necesarios para la crianza de los hijos, de donde el plazo de prescripción de estos gastos extraordinarios es de diez años y no de tres como pasa con el importe fijado en concepto de pensión alimenticia que cubre los gastos ordinarios. Es decir, es de aplicación el régimen general, que dispone que «las pretensiones de cualquier clase prescriben a los diez años, a menos que alguien haya adquirido antes el derecho por usucapión o que el presente Código o las leyes especiales dispongan otra cosa».
Por ello, la alegación de prescripción respecto del gasto médico de 29-1-2019 y de la inscripción a la actividad extraescolar de ballet del curso 2019/2020 no puede prosperar, ya que se trata de gastos extraordinarios no periódicos a los que se aplica la prescripción decenal, que no estaba cumplida cuando se presentó la demanda ejecutiva (11-2-2022).
En relación con el gasto escolar de 3-1-2019 por 10,81 euros, que por su propia naturaleza es un gasto ordinario relacionado con la actividad escolar de la hija, no consta en autos ninguna reclamación extrajudicial previa a la demanda, por lo que en este punto sí debió estimarse la oposición considerando prescrito ese importe, por ser más de tres años anterior a su reclamación en la demanda ejecutiva, y detrayéndolo de la cantidad por la que se despachó la ejecución.

3.7. Pluspetición.
Lo resuelto hasta ahora conlleva la estimación parcial del recurso de apelación sólo en cuanto a la estimación de la prescripción del gasto escolar de 10,81 euros de 3-1-2019.
En lo demás, el recurso no puede prosperar. El auto apelado fija correctamente las cantidades debidas y, dado que el pago parcial que hizo el ejecutado ya fue tomado en consideración por el Juzgado cuando, antes de presentarse la demanda de oposición, rectificó el auto de despacho de ejecución, ninguna eficacia pueden tener las alegaciones de pluspetición o de infracción de las normas legales sobre la cuantía por la que se despacha inicialmente la ejecución.

Por todo ello, la ejecución debe continuar por el principal de 4.049,75 euros, más 1.214,93 euros prudencialmente fijados por intereses y costas.

3.8. Las costas de primera instancia.

La estimación parcial de la oposición a la ejecución, que se hace en esta segunda instancia, tiene por objeto una cantidad muy pequeña en relación con el total importe por el que se sigue la ejecución, por lo que la acción ejecutiva planteada por la parte ejecutante continúa estando sustancialmente estimada, lo que justifica que se mantenga la condena a la parte ejecutada al pago de las costas de primera instancia del incidente de oposición, sin que se pueda apreciar ninguna duda seria de Derecho en las cuestiones que en ese incidente plantearon las partes.

CUARTO.- Régimen de costas.
Al estimarse parcialmente el recurso de apelación, no procede condena expresa al pago de las costas de la segunda instancia (art. 398 LEC).