Demanda de impugnación de cláusulas abusivas en un contrato de hipoteca

Demandante:

• Doña R. y Don F., afectados por cláusula suelo.

Demandado:

• Entidad bancaria.

Sobre la existencia de condiciones generales de contratación:

La acción ejercitada se basa en la solicitud de nulidad de las cláusulas contractuales consideradas como abusivas y el reembolso de los sobrecostes ocasionados por las mismas, así como los intereses de mora que se hayan devengado. Dicha nulidad procede de la prohibición del establecimiento de condiciones generales de contratación contenido en el art. 1.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación, que estipula:

«Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.»

Dichas cláusulas fueron incluidas en el contrato de forma unilateral y no negociada, ya que la entidad bancaria solamente accedió a negociar cuestiones puntuales como la cuantía prestada, la duración del contrato, etc. Por ende, se reúnen los requisitos formales para la declaración de nulidad de dichas cláusulas.

La aplicación de las condiciones generales a los contratos firmados con consumidores:

Por lo expuesto en el art. 2 de la la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación, que dice:

«1. La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica -adherente.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada.

3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad.»

La citada ley resulta de aplicación en tanto que la entidad bancaria procede a la formalización del contrato en el desempeño de su actividad profesional, y en el cual incluye una serie de condiciones generales de contratación que resultan perjudiciales para los intereses de los demandantes.

Además de las condiciones generales de contratación, cabe resaltar que las cláusulas deben ser consideradas abusivas también en virtud de la legislación general de protección de consumidores y usuarios, la cual estipula que serán nulas por ser abusivas aquellas cláusulas que se hayan incluido en el contrato de forma no negociada individualmente, las que se hayan pactado de forma poco transparente y cuya dificultad complique su comprensión por parte del consumidor y, por último, aquellas que provoquen un desequilibrio claro y patente entre el consumidor y la empresa, y en este caso, a juicio de la representación legal de la actora lo provocan porque se obliga unilateralmente a su cliente a pagar más de 600 € en tasas de apertura de la hipoteca.

Corresponde otorgar a la parte actora la condición de consumidores en virtud del art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que estipula lo siguiente:

«1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

2. Asimismo, a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.»

Sobre las costas:

La representación legal del demandante alega que corresponde imponer el pago de las costas procesales a la entidad bancaria.

Demandada:

La entidad bancaria se muestra conforme con la petición por lo que se allana parcialmente, ya que está disconforme con la cuantía solicitada por la actora.

• Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Código Civil.
• LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, SOBRE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• NORMA , TÍTULO I Ámbito de aplicación y derechos básicos de los consumidores y usuarios , LIBRO PRIMERO Disposiciones generales , CAPÍTULO I Ámbito de aplicación , Artículo 3. Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Artículo 1. Ámbito objetivo. , CAPÍTULO I Disposiciones generales , Artículo 2. Ámbito subjetivo. LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, SOBRE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.