Demanda por contrato de tarjeta de crédito ‘revolving’

Parte Demandante:

D. Juan

Parte Demandada:

Entidad S.A.

Parte Demandante:

• Se declare la nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio y el propio sistema de amortización revolving, Condición Específica 6.2 b) del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes el 11 de agosto de 2005 por no superar el control de transparencia de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la LCGC en relación con el artículo 8 del mismo cuerpo legal, y acumuladamente se declare la nulidad por su carácter abusivo de la cláusula que establece la comisión por impagos debiendo la demandada proceder a la devolución de todas las cantidades cobradas por su aplicación con el interés legal correspondiente desde la fecha en la que tuvo lugar cada indebido cobro.
• Interesamos que para el supuesto en que, una vez devueltas las cantidades, aún persistiera la deuda, solicitamos que el importe pendiente de pago se liquide mediante las mensualidades pactadas, pero sin incluir ningún tipo de interés, destinándose la totalidad del pago a amortizar el capital pendiente.
• Con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Parte Demandada:

• Se dicte Sentencia por la que DESESTIME ÍNTEGRAMENTE la Demanda formulada de contrario, con expresa imposición de costas a la parte actora.

Parte Demandante:

• Las explicaciones brindadas y la forma en que tuvo lugar la contratación, dejan claro que el consumidor no estaba en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo de dicho tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de tal cláusula sobre sus obligaciones financieras
• En cuanto a las características del contrato suscrito, podemos observar que se redacta en un lenguaje nada sencillo, no pudiendo calificarse como comprensible para un consumidor medio razonablemente atento y perspicaz. Además, el tamaño de letra empleado es minúsculo, lo cual dificulta su lectura.
• El contrato no señala de manera clara e inequívoca que el producto contratado se trate de un crédito revolving y no se explican de manera precisa y detallada las características principales de este tipo de créditos, resultando que la oscuridad del mismo es manifiesta, ya que no se explica la manera en la que se desenvuelve el crédito, lo cual impidió a mi representado conocer y comprender el funcionamiento de la tarjeta, así como las consecuencias económicas graves derivadas de su utilización.
• De la lectura de las cláusulas incorporadas en el condicionado general, es imposible entender que un consumidor medio pueda comprender la carga económica que supone para él la forma de cálculo de los intereses que deberá pagar durante la vida del contrato, que se antoja eterno.
• Pues bien, analizando el contrato utilizado por la demandada, se observa que se trata de una solicitud redactada unilateralmente por la entidad conforme a un modelo de contratación preestablecido y sin posibilidad alguna de negociación o modificación, bajo un modelo propio estandarizado en el que únicamente se rellenan los huecos habilitados para los datos del adquirente.
• Por otra parte, se prevé la posibilidad de que la entidad demandada modifique libremente y a su antojo las condiciones del contrato (Condición Particular 10ª), lo que incluye aspectos esenciales del mismo que constituyen su precio, como pueden ser los intereses, comisiones, límite de la tarjeta y/o gastos.
  Esta posibilidad ya fue empleada por la entidad bancaria, incrementando la TAE hasta un 21,99% a lo largo de los años y modificando la comisión por reclamación de impagos a hasta 39,00 euros.
• En este tipo de contratos resulta igualmente preceptivo la obligación de las entidades financieras de cumplir con los deberes de información, desarrolladas en las sucesivas Órdenes Ministeriales confeccionadas al efecto, en particular la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, no habiéndose cumplido con los preceptos en ella dispuestos.
• La cláusula que establece el interés remuneratorio y el coste económico del producto – intrínsecamente su forma de amortización “revolving” o revolvente-, no supera el control de transparencia recogido en la LCGC, en sus artículos 5 y 7, debiendo declararse su nulidad.
• Teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria y la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, la superación del control de transparencia pasa por que la entidad financiera -quien tiene la carga de la prueba- acredite que al consumidor se le informó de estas características.
• La práctica diaria revela que, en aplicación del control de incorporación, se rechaza tener por válidamente incorporada la cláusula de intereses remuneratorios ex arts. 5 y 7 LCGC en caso de que, por ejemplo, su tamaño sea minúsculo, tenga una deficiente impresión, sea ilegible o porque no figure en el anverso sino al dorso entre las diversas modalidades de pago total o aplazado o en letra minúscula que dificulta su lectura o por remisión a la fórmula de cálculo sin expresar el TIN ni la TAE.
• En cuanto a la posible alegación de PRESCRIPCIÓN por parte de la entidad demandada de la restitución de las cantidades indebidamente cobradas, se ha de indicar que dicha restitución será consecuencia directa de la eventual declaración de nulidad de la cláusula que establece el interés remuneratorio por su carácter abusivo, siendo ésta y no otra, la pretensión que se ejercita en el presente procedimiento. Por lo tanto, no cabe hablar de prescripción de la restitución de cantidades mientras la nulidad de la cláusula no sea declarada por Sentencia, y la misma sea firme.
• Y es que, de otro modo, no se reestablecería la situación de hecho y de derecho que no hubiera existido sino se hubiera dado la nulidad de la cláusula dispuesta en el contrato, y por lo tanto el consumidor no vería satisfecho el derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por la entidad.
• Se trata de una cláusula que en ningún caso fue negociada individualmente con mi representado y, además, destinada a ser incorporada a multitud de contratos del mismo estilo. Se trata en definitiva de una condición general de la contratación. Si la entidad demandada trata de defender la negociación individual de esta cláusula, a ella le incumbe la carga de la prueba según reiterada jurisprudencia.

Parte Demandada:

• Sostiene que la cláusula relativa a los intereses remuneratorios del contrato no puede ser declarada abusiva por cuanto el control de contenido o abusividad se encuentra vetado para las cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato -como es el tipo de interés remuneratorio-.
• Además, sostiene que la cláusula de intereses remuneratorios resulta plenamente legible y comprensible, superando en consecuencia el control de incorporación y transparencia material por lo que tampoco podrá considerarse que la citada cláusula es nula al ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.
• Alega además que la comisión de posiciones deudoras es válida cuando la misma corresponde a un servicio efectivamente prestado -como es el caso-, ya que en ese supuesto no se generaría un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, que es lo que prohíbe la normativa protectora de los consumidores.

• Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.
• Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.
• LEY 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
• LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, SOBRE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Artículo 3. Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Artículo 1303. , Artículo 1128. Código Civil.
• Artículo 7. No incorporación. , Artículo 5. Requisitos de incorporación. LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, SOBRE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.

Parte Demandante:

• Documento 1: contrato de tarjeta celebrado.
• Documento 2: ejemplo comparativo con un crédito personal.
• Documento 3: copia de la reclamación enviada mediante burofax.
• Documento 4: el acuse de recibo de la misma, en fecha 9 de febrero de 2023.
• Documento 5: la respuesta de la entidad financiera, mediante carta de 14 de marzo de 2023.
• Documento 6:  SAP Cantabria 685/2020, de 21 de diciembre.
• Documento 7: Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria 320/2022, de 16 de junio, núm. de Recurso 427/2021.
• Documento 8: Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria 283/2022 de 31 de mayo, núm. de Recurso 404/2021.

Parte Demandada:

• Documento 1: copia del contrato.
• Documento 2: extracto contable global de los movimientos de la Tarjeta del demandante.
• Documento 3: los extractos remitidos con periodicidad mensual a la dirección facilitada por la parte actora en el momento de suscribir el Contrato.

Documentales

• Reclamación extrajudicial el 7 de febrero de 2023.
• Interposición de la Demanda el 11 de abril de 2023.
• Contestación de la Demanda el 29 de septiembre de 2023.
• El 29 de noviembre de 2023 se dicta Sentencia contra la que cabe interponer recurso de apelación.