Demanda por despido improcedente

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
ESTIMO la Demanda presentada por Dª Evelyn contra la empresa PORTS S.A y el FOGASA y, en consecuencia:

DECLARO IMPROCEDENTE el despido del actor verificado por la demandada con fecha de efectos 04/10/2021

DECLARO EXTINGUIDA la relación laboral que unía a las partes, con efectos desde la fecha de la presente resolución

CONDENO a la empresa demandada al abono de una indemnización por valor de 67.013,46 euros por despido improcedente,

CONDENO a la empresa demandada al abono de salarios de tramitación por valor de 33.225,25 euros.

CONDENO a la empresa demandada al abono de 8.349,58 euros brutos en concepto de deuda salarial, con el incremento del 10% de interés de demora, conforme al artículo 29.3 ET.

CONDENO al FOGASA a estar y pasar por esta resolución, con las consecuencias legales.

Costas de oficio.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los documentos aportados por
la parte actora, habiéndose tenido en cuenta además que la incomparecencia de la empresa demandada cuyo interrogatorio ha sido interesado por la contraria como prueba, y que consta legalmente citada con los apercibimientos legales, permite
hacer uso de la facultad prevista en el art. 91.2 de la misma norma, esto es, considerar reconocidos por la misma los hechos expuestos en la Demanda.

SEGUNDO.-Procedencia del despido objetivo.

El despido objetivo requiere, por un lado, y según el artículo 52 c), la concurrencia de alguna de las causas previstas en el art. 51.1 del ET, siempre que afecte a un número de trabajadores inferior al establecido en el mismo. Y conforme a este último precepto en la redacción vigente a la fecha de los hechos, se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.

Y por otro lado, del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el art. 53 del ET, que establece como tales:
a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.

No obstante, la inobservancia de los dos últimos requisitos no determina sin más la improcedencia del despido, puesto que, por un lado, cuando la decisión extintiva se fundare en el art. 52, c), de esta Ley, con alegación de causa económica,
y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio
del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva. Y por otro lado, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinarán la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan.

En el presente caso, se ha impugnado por la parte actora el despido de que ha sido objeto por falta de sus presupuestos y no justificación de la causa objetiva alegada por la empresa. Se ha de declarar su improcedencia, ya que la parte actora ha acreditado los hechos cuya prueba le corresponde en virtud de la distribución de la carga de la prueba que se establece en el art. 217 de la LEC (en concreto, la existencia de relación laboral y el hecho mismo del despido), mientras que la
empresa demandada, que no ha comparecido, no ha acreditado la concurrencia de causa alguna del despido.

La carta de despido justifica la decisión extintiva por la rentabilidad negativa durante el ejercicio 2021. Sin embargo, no aporta ni pone a disposición del trabajador documentos contables que permitan acreditar dicha situación precaria, por lo que no pueden estimarse suficientemente probadas las causas objetivas alegadas por la empresa para extinguir la relación laboral.

Así las cosas, y en base a lo establecido en el artículo 122.3 de la LRJS, debe declararse la improcedencia del despido de la parte actora, con las consecuencias previstas en los artículos 123.2 de la LRJS y 53.5 del ET, en relación con el artículo 56 del citado Estatuto.

TERCERO.- Consecuencias de la improcedencia

En el presente caso, la empresa está de baja y sin actividad por lo que el derecho de opción, de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial, corresponde al FOGASA, quien opta por la extinción de la relación laboral y con abono de la indemnización correspondiente, que asciende a 67.013,46 euros, conforme a los siguientes datos:
? Fecha de inicio: 11/01/1995
? Fecha de cese: 04/10/2021
? Salario mensual bruto: 2.638,61 euros

Respecto a los salarios de tramitación solicitados por la parte actora como consecuencia de la extinción con efectos desde la presente resolución, el trabajador tiene derecho a percibir salarios de tramitación por 383 días a valor de 86,75 euros diarios, es decir, 33.225,25 euros. Desde la fecha del despido hasta la fecha de la presente resolución hay 474 días, pero ha trabajado en la empresa Iron durante 91 días (documento 1 FOGASA), por lo que le corresponde percibir salarios por 383 días.

CUARTO.- Reclamación de cantidad.

Haciendo uso de la posibilidad que contempla el art. 26.3 de la LRJS, la parte actora ha acumulado a la acción de despido la reclamación de la liquidación de las cantidades adeudadas hasta esa fecha conforme al apartado 2 del art. 49 del Estatuto de los Trabajadores. Tal reclamación debe asimismo prosperar a la vista de los hechos que se declaran probados, ya que la demandada, a quien en este punto incumbe la carga de la prueba, no ha acreditado el pago de las cantidades que se indican en los hechos probados de la presente resolución, y por los conceptos que asimismo se especifican, evidenciando el incumplimiento del empresario de las obligaciones que debe asumir a tenor de lo dispuesto en el art. 29.1 y 4.2 f) del Estatuto de los Trabajadores.

Los conceptos salariales reclamados devengaran el 10% anual de recargo por mora, de conformidad con lo establecido en el art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores (STS 17-6-2014 rec. 1315/2013)