Demanda por incumplimiento de contrato de tratamiento dental y la vinculación de éste con el de financiación

Parte Demandante:

D. Alonso

Parte Demandada:

Dientes SL y Banco SA

Parte Demandante:

Se dicte Sentencia por la que:
1) DECLARE la resolución por incumplimiento del contrato de tratamiento dental concertado entre demandante y Dientes S.L, con efectos a partir del 8 de septiembre de 2020.
2) DECLARE la vinculación de dicho contrato y el de financiación suscrito con Banco S.A, así como la resolución de éste último con efectos desde 8/09/2020, condenando al Banco a no girar más recibos contra el actor, así como a devolverle los pagos, si los hubiera, obtenidos desde octubre de 2020.
3) SE CONDENE a las demandadas de forma solidaria al pago de las costas procesales.

Parte Demandada:

• Banco SA:

Por ALLANADA PARCIALMENTE A LA Demanda, y en su día dicte Sentencia, acogiendo las pretensiones de la actora contra el Banco, sin hacer expresa condena en costas a esta parte por actuar de buena fe.

Parte Demandante:

A)DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA. ARTÍCULO 1124 DEL CÓDIGO CIVIL
En cuanto al fondo, se ejercita una acción de resolución por incumplimiento contractual contra la entidad Dientes S.L, al amparo del art. 1.124 del Código Civil, fundamentándose en el hecho indiscutible de haber cesado en el cumplimiento de su prestación, toda vez que dejó de prestar los servicios de TRATAMIENTO DENTAL CONTRATADOS desde el 8/09/2020, tal como hemos acreditado, y los prestó de forma defectuosa/incompleta desde febrero de 2020.

En el presente caso, el perjudicado-demandante- lleva más de 5 meses sin recibir tratamiento alguno por los servicios contratados y abonados POR ANTICIPADO al proveedor de los mismos, y tratándose de servicios relacionados con la salud bucodental, es gravemente perjudicial la interrupción de los mismos. La realidad es que la demandada ha incumplido el servicio contratado-y pagado-, y el perjudicado por este incumplimiento puede, al amparo de las leyes, dar por resuelto dicho contrato, y por ende, también el de financiación, sin que se tenga que dejar al arbitrio de la entidad financiera la decisión de cuándo y cómo pagar la financiación vinculada al contrato incumplido, y sin que se pueda dejar al arbitrio de los inversores que acudan al rescate del proveedor de servicios la continuación de los tratamientos interrumpidos.

B) DE LA VINCULACIÓN CONTRACTUAL. Ley de contratos de crédito al consumo
Acumuladamente con la anterior, se ejercita una acción declarativa de la vinculación contractual entre el citado acuerdo de prestación de servicios de tratamiento dental y el de su financiación, concertado éste con el Banco SA, y una acción resolutoria del mismo. Se fundamenta esta acción en el art. 26.2 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

Incorporado como en el caso de autos el tratamiento de asistencia dental a la propia financiación, como causa del mismo, y razón única de la financiación concedida al paciente consumidor, es evidente que la entidad concedente del crédito lo hizo asumiendo las consecuencias dimanantes de tal expresa vinculación, lo que permite configurar ese crédito como un negocio ejecutivo o instrumental del de consumo, y debe concluirse que el prestatario es un consumidor indisociable de crédito y de consumo en una modalidad de tracto duradero y, en cuanto tal, no puede ser constreñido al cumplimiento de la contraprestación periódica desde el preciso instante en que el servicio deja de prestarse por el profesional. Es decir, el art. 1.257 CCiv no impide que, por virtud del nexo de conexión existente entre distintos contratos, la ineficacia de uno arrastre la del otro, dando lugar al fenómeno conocido como ineficacia en cadena o propagada (STS de 19 de febrero de 2.010).

Dada esta vinculación, la ineficacia del contrato de prestación de servicios determina la resolución del de financiación, desde el momento en que se declara la resolución del contrato de prestación de servicios.

C)DE LAS CONSECUENCIAS DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA
Respecto a las consecuencias derivadas de la resolución contractual, debe partirse que toda resolución contractual tiene efectos retroactivos, de tal manera que las partes están obligadas a restituirse recíprocamente las prestaciones recibidas para lograr una situación igual a la que existía antes de la celebración del contrato, como si el negocio no se hubiere concluido, tal como afirma la STS de 9 de octubre de 2003, pero en supuestos como el presente, en el que los contratos son de tracto sucesivo o de larga duración, los efectos de la retroactividad se producen desde el momento del incumplimiento de las obligaciones de los contratos por la parte que ha motivado la resolución, porque de otra manera, es decir, si se retrotrajesen los efectos hasta el momento de celebración de los contratos, se produciría una situación de enriquecimiento injusto de una de las partes, lo cual no es jurídicamente admisible (SAP Madrid de 24 de junio de 2010 que cita las STS de 20 de abril de 1994, 10 de julio de 1998, 17 de abril de 2001, 9 de octubre de 2003, entre otras muchas), de tal forma que los efectos de la resolución del contrato, por ser de tracto sucesivo, deben producirse desde el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes siendo, desde ese momento, indebido el pago del precio de la prestación de los servicios, lo que es una consecuencia aplicable a la entidad financiera demandada de conformidad con lo dispuesto en el citado art. 26.2 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

D) EL ALCANCE DE LOS DERECHOS EJERCITABLES AL AMPARO DEL ART. 29.3 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo

La STS 700/2016 se ha pronunciado con respecto a la posibilidad de acción directa contra la entidad financiera para ejercer una acción resolutoria que traiga causa en un contrato de prestación de servicios vinculado a dicha financiación: «[…] la previsión de que el consumidor puede ejercer frente al empresario que le concede crédito los mismos derechos que tuviera frente al proveedor que ha incumplido el contrato, consideramos que incluye tanto el ejercicio de acciones, de modo principal o mediante reconvención, como el planteamiento de excepciones frente a la reclamación por parte del financiador, pues de ambas formas se están ejercitando los derechos que para el consumidor resultan del incumplimiento contractual que ha sufrido.»

Parte Demandada:

Únicamente que esta entidad se ALLANA PARCIALMENTE A LAS PRETENSIONES DE LA Demanda en cuanto a la nulidad del contrato de financiación y a la restitución de las cantidades que corresponde con el tratamiento no realizado por la clínica dental, el cual asciende a 1.756,04 euros.

En cuanto a las costas, en aplicación del artículo 395.1 de la LEC, si el demandado se allanare a la Demanda antes de contestarla no procederá la imposición de costas, salvo que el tribunal, razonándolo debidamente aprecie mala fe en el demandando. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la Demanda se hubiere formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.

• Artículo 1124. Código Civil.
• Artículo 26. Eficacia de los contratos de consumo vinculados a la obtención de un crédito. , Artículo 29. Contratos de crédito vinculados. Derechos ejercitables. Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

Parte Demandante:

1. Copia del contrato de financiación de tratamiento.
2. El historial clínico.
3. Nota de prensa de 9/10/2020.
4. Escrito dirigido al proveedor de servicios mediante burofax.
5. El acuse de entrega, con fecha 23/10/2020.
6. Nota de prensa.
7. Escrito dirigido a la financiera mediante burofax.
8. Acuse de recepción de fecha 26/10/2020.
9. Misiva.
10. Copia de burofax.
11. Acuse de recepción del mismo con fecha 21/12/2020.

Parte Demandada:

1. Poder general para pleitos.
2. Extracto de la línea de crédito del contrato suscrito.
3. Informe de la clínica donde se detalla el tratamiento realizado y el importe que corresponde con el no realizado.

Documental.

• 8 de febrero de 2021, interposición de la Demanda.
• 7 de diciembre de 2021, Allanamiento parcial de Banco SA.
• 15 de julio de 2022, se presenta Escrito con acuerdo entre la demandante y Dientes SL.
• 22 de julio de 2024, Desistimiento de la Demanda contra Dientes SL.
• 1 de diciembre de 2022, se dicta Sentencia estimatoria.