Demanda por responsabilidad solidaria del administrador por deudas sociales

Parte demandante:

• Don Mario
• Don Carlos
• Don Ramón
• Don Pedro
• Don Fernando

Parte demandada:

• Don Eusebio
• Doña Martina

Parte demandante:

• Que se declare al demandado responsable directo de los daños y perjuicios causados a los demandantes, y, subsidiariamente, responsable de las obligaciones sociales como consecuencia de lo establecido en el art. 367 LSC.
• Que se le condene al pago de la cantidad de 43.612,56 euros, más los intereses legales, y con imposición expresa en costas.

Parte demandada:

• Que se desestimen las pretensiones de los demandantes, con expresa imposición de las costas a la parte actora.
• Subsidiariamente, para el caso en el que la estimación de cualesquiera de las acciones ejercitadas determinare la condena al abono de las cantidades, la misma no podrá ser superior a 37.450,97 euros, que es la cantidad que quedaría pendiente de abonar a los demandantes en concepto de intereses dentro de la ETJ de la que conoce el Juzgado de lo Social de Burgos.

Parte demandante:

• Que los demandantes han mantenido una relación laboral por cuenta ajena con la mercantil de la que era administrador único Don Eusebio.
• Que, tras estar inmersos en el procedimiento ante el Juzgado de lo Social de Burgos, reclamando sus salarios debidos y tras haberse declarado el despido como improcedente, con fecha 18 de junio de 2014, se produce la liquidación de intereses, sobre el nominal de cada cual, con lo que resultaron 53.559,32 euros, y al no haber sido impugnada, se da cuenta de que, constando en cuenta de consignaciones 9.946,76 euros, se acuerda distribuirlos, proporcionalmente, con lo que queda por satisfacer la cantidad de 43.612,56 euros.
• Que el 19 de noviembre de 2015, por el Juzgado de lo Social de Burgos, en autos de ejecución de títulos judiciales, se dicta decreto en el que se dice que queda pendiente de satisfacer la cantidad señalada, y en su Parte Dispositiva, acuerda declarar al ejecutado en situación de insolvencia total por la cantidad señalada, que se entenderá como provisional.
• Que se reclama la deuda al administrador único por ser el responsable, personal y directamente, de la falta de diligencia en la gestión efectuada al frente de la mercantil, ya que no ha disuelto la sociedad,  ya que las pérdidas acumuladas superan al capital social, con lo que el neto patrimonial es negativo.
• Además, el patrimonio de la mercantil es inferior a la mitad de la cifra de capital social con lo que está inmersa en una causa de disolución.

Parte demandada:

• Que es cierto que los demandantes fueron trabajadores en su día de la mercantil, y que ellos, junto con otros empleados de la empresa, iniciaron una serie de procedimientos judiciales ante el orden social.
• Que el motivo de tales reclamaciones, no era el impago de nóminas y liquidaciones, sino fundamentalmente, los despidos que llevó a cabo la empresa, así como las solicitudes de resolución de los contratos de trabajo interpuestas por los trabajadores.
• Que conviene recordar que el presente procedimiento ha sido instado por cinco personas, pero no por todos los ejecutantes en la referida ejecución, por lo que la suma total de las cantidades que correspondería a los ahora demandantes, no alcanza los 37.500 euros y no los 43.612,56 euros que se incluyen en el suplico de la Demanda.
• La demandante no ha alegado conducta alguna concreta de donde se infiera la relación causal directa con el impago ni ha llevado a cabo actividad probatoria alguna acerca de la existencia de causa de disolución de la sociedad, fecha de concurrencia de tal supuesta causa de disolución, carácter posterior de la deuda social respecto de la aparición de la causa de disolución, acto u omisión ilícito o vulnerador de los estatutos sociales o de las obligaciones del administrador social, daño en los demandantes o relación de causalidad entre el acto y el daño.
• Que el hecho que podría constituir la verdadera motivación de la presente reclamación, sería la consecuencia de la denegación a los ejecutantes de la facultad de cesión del remate a un tercero acordada por el Juzgado a instancia de la ejecutada, la finca adquirida mediante subasta por Don Carlos, trabajador de la empresa, no pudo ser cedida al verdadero adquirente oculto con quien, se supone, existía un acuerdo con la parte ejecutante, sino que esa parte ejecutante, se vio obligada a transmitir la finca a ese tercero sin poder eludir el abono de los gastos fiscales, notariales, registrales o cualquier otro que de la transmisión se derivase.

• Artículo 1317. , Artículo 1365. , Artículo 1902. , Artículo 1089. , Artículo 1968. Código Civil.
• Artículo 144. Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.
• Art. 6. , Art. 8. , Art. 10. , Art. 7. , Art. 9. , Art. 11. , Art. 12. , Art. 33. Código de Comercio.
• Artículo 71. Efecto principal de la acumulación. Acumulación objetiva de acciones. Acumulación eventual. , Artículo 72. Acumulación subjetiva de acciones. , Artículo 400. Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos. Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Artículo 225. Deber general de diligencia. , Artículo 366. Disolución judicial. , Artículo 241 bis. Prescripción de las acciones de responsabilidad. , Artículo 236. Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad. , Artículo 241. Acción individual de responsabilidad. , Artículo 363. Causas de disolución. , Artículo 367. Responsabilidad solidaria de los administradores. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Parte demandante:

• Certificación del Registro Mercantil de Burgos.
• Acumulación a los autos del procedimiento seguidos ante el Juzgado de lo Social.
• Auto de despacho de ejecución en procedimiento anterior.
• Copia de los depósitos de cuentas en el RM de Burgos correspondientes a los ejercicios de 2012 a 2015.

Parte demandada:

• Copia del Modelo 036 presentado ante la AEAT el 28 de diciembre de 2011.
• Decreto del Juzgado de lo Social de Burgos de 11 de marzo de 2015.
• Decreto del Juzgado de lo Social de Burgos de 8 de julio de 2010.
• Decreto que designaba perito tasador el 25 de marzo de 2011.
• Disconformidad de la mercantil con el informe pericial que valoraba la finca en 739.000 euros como precio de tasación para la subasta.
• Informe pericial elaborado por un arquitecto técnico e ingeniero de la edificación que determinaba el valor del inmueble en 1.800.000 euros.
• Copia de más informes periciales tasando la finca embargada en diferentes cantidades.
• Decreto de 4 de febero que tasa la finca en 739.900 euros.
• Recurso de revisión contra el Decreto de 4 de febrero de 2013, que se desestimó por el auto del Juzgado de lo Social de Burgos de fecha 22 de marzo e 2013.
• Acta de subasta de 22 de mayo de 2013.
• Diferentes Decretos sobre el proceso de subasta de la finca.

• Documental aportada.