Denuncia por delito de falso testimonio sobre hechos declarados en una causa civil en perjuicio de franquicia

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
PRIMERO.- En nuestro proceso penal rige el principio de presunción de inocencia el cual tiene su alcance tanto respecto de la propia existencia de los hechos punibles que se dicen acaecidos como de la participación que en ellos pudieran tener los acusados. Tanto una cosa como otra deben quedar debida y legítimamente acreditadas para que pueda sostenerse que ha quedado enervado el citado principio de presunción de inocencia, y el órgano de instancia debe explicitar los medios probatorios traídos al juicio por los que ha alcanzado su convicción sobre la producción de los hechos y la intervención de los acusados en su realización. Por último, hay que destacar que la valoración probatoria es una facultad que corresponde fundamentalmente al Juez o Tribunal sentenciador que celebra y presencia el juicio, y ante quien se practican las pruebas bajo los principios inmediación, concentración, oralidad y contradicción tal y como dispone el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sentado lo anterior, debo estimar que la actividad probatoria desplegada en el acto de juicio oral ha resultado suficiente para acreditar tanto la comisión de los hechos enjuiciados como la autoría de los mismos por el acusado José.

Pues bien, en el plenario se practicó prueba de cargo suficiente para estimar que el acusado mintió sobre los anteriores extremos y que cuando lo hizo, era conocedor de que estaba faltando a la verdad, lo que efectuó para favorecer a Mónica y que sus pretensiones fueran estimadas en contra de Entidad S.L.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de falso testimonio tipificado en el art. 458 Código Penal.

TERCERO.- De dicho delito es responsable criminalmente en concepto de autor el acusado José, por haber realizado material y directamente los hechos que lo integran, de acuerdo con los artículos 27 y 28 del Código Penal.

CUARTO.- En la realización del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

QUINTO.- Respecto de la individualización de la pena, por aplicación del artículo 458.1 del Código Penal en relación con la regla del artículo 66.1.6ª del mismo cuerpo legal, según la cual, cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, procede imponer la pena mínima, esto es, la de seis meses de prisión y multa de 3 meses de duración. Se ha valorado que la conducta del encausado no causó perjuicio alguno a la acusación particular y las circunstancias personales del inculpado, que carece de antecedentes penales.
Por aplicación del artículo 56 del Código Penal, se le ha de imponer como accesoria la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En cuanto al importe de la cuota diaria de multa, el art. 50.5 del Código Penal impone que dicho importe se fije en la Sentencia teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. Habiéndose complementado dicho precepto por la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que sirven de ejemplo la Sentencia de 18-4-2006 y los autos de 28-4-2005 y 2-6-2005, en la que se viene a mantener que la insuficiencia de datos sobre la concreta situación económica del reo a los efectos de fijar el importe de la cuota diaria de la pena de multa en los términos establecidos en el art. 50.5 del Código Penal, no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a fijar dicho importe en la cuantía mínima absoluta legalmente establecida, importe mínimo que debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en los casos ordinarios en que no concurran dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próxima al mínimo absoluto pero sin necesidad de alcanzarlo, siendo una cantidad proporcionada y acorde a tales supuestos la de seis euros.
Resultando que en el procedimiento abreviado se ha practicado prueba sobre los negocios del acusado en los años 2016 y 2017 pero no consta cuál es actualmente su situación económica, es por lo que, en aplicación de la doctrina jurisprudencial que se acaba de mencionar, se fija en SEIS EUROS el importe de la cuota diaria de la multa impuesta en esta Sentencia.

SEXTO.- Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los personalmente responsables de todo delito, en la forma que establecen los arts. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 123 del Código Penal, por lo que en el presente caso deberán imponerse al condenado, incluyendo las de la acusación particular, cuya concurrencia en la causa ha sido de utilidad procesal para dilucidar las cuestiones jurídicas inherentes a los hechos enjuiciados.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
Que debo CONDENAR Y CONDENO a José como autor de un delito de falso testimonio tipificado en el artículo 458.1 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE TRES MESES con una cuota diaria de SEIS EUROS, con aplicación del art. 53 del Código Penal para el caso de impago e insolvencia.

Se le condena al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.