Desestimación por inadecuación de procedimiento de desahucio

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
1.- Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Entidad SA , contra la Sentencia dictada en fecha de 5 de abril de 2022 por el Juzgado de Primera Instancia en el juicio verbal del que el presente rollo dimana.
2. Se confirma la expresada resolución.
3.Se impone a la parte apelante el pago de las costas causadas en esta alzada.
4.Se acuerda la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:

• Un renovado examen de las actuaciones y el visionado del soporte audiovisual conducen a la Sala a estimar que el recurso de apelación en modo alguno puede tener favorable acogida. Visto los motivos de apelación es preciso adelantar por las razones que expondremos la parte apelante es merecedora de un pronunciamiento desestimatorio en esta Alzada. La existencia en el presente procedimiento de cuestiones complejas que conducen a la desestimación de la demanda.
• Por tanto la juzgadora , ha razonado de forma pormenorizada tanto la aplicación del derecho a la luz de la prueba practicada en el presente procedimiento con todas las garantías sin incurrir en error o razonamiento contrario a las reglas de sana crítica, por ello procede su confirmación , y en evitación de innecesarias reiteraciones, bastaría con dar por reproducida la fundamentación que se contiene en la sentencia apelada para desestimar esta primera cuestión que se plantea en el recurso de apelación; debiéndose recordar que la jurisprudencia viene afirmando que es motivación suficiente de las sentencias la remisión hecha por el Tribunal superior a la sentencia de instancia que era impugnada ( S.S.T.S 174/1987; 146/1990; 27/1992, 11/1995, 115/1996, 105/1997, 23/1997 y 26/1998), precisando la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998 que: » Si la resolución de primera instancia es acertada, la de apelación, que la confirma, no tiene porque repetir o reproducir los argumentos de aquélla, pues basta, en aras de la economía procesal, la sola corrección de lo que, en su caso, fuera necesario, según tiene declarado reiteradamente esta Sala respecto a la fundamentación de la sentencia por remisión (aparte de otras, TS SS 16 Oct. 1992 , 5 Nov. 1992 y 19 Abr. 1993 ). «
• Por lo demás la doctrina constitucional se pronuncia decididamente a favor de la constitucionalidad de los juicios sumarios, que excluyen el conocimiento de cualquier cuestión compleja que exceda de su específico ámbito de aplicación para cuya resolución debe remitirse a la parte actora al juicio plenario (el declarativo ordinario que corresponda a su cuantía) con lo que no se quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva ( número 1 del art. 24 de la Constitución) del demandante ( Sentencias de la Sala Segunda del T.C.: 60/1983 de 6 de julio de 1983, B.O. E. nº 189 de 9 de agosto de 1983; 187/1990 de 26 de noviembre de 1990, B.O. E. nº 9 de 10 de enero de 1991).
• No cabe la menor duda de que estamos ante un «juicio sumario», en el que, por ende, es de aplicación la doctrina procesal de la » cuestión compleja», que, de concurrir, conduciría a la desestimación de la demanda quedando imprejuzgada la cuestión debatida que deberá resolverse en un juicio plenario.
• En la excepción 3ª del apartado 4 del artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se permite que, en el juicio verbal, se acumule, a la acción de desahucio por falta de pago de la renta arrendaticia y cantidades debidas por el arrendatario, la de reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas. Siendo así que, en el presente juicio verbal, se han acumulado estas dos acciones. Lo que le da pie a la parte apelante para sostener, en el último de sus motivos del recurso de apelación, que, en este caso de acumulación de estas dos acciones, el juicio verbal pierde su carácter de sumario, y, por ende, de concurrir una cuestión compleja, ésta deba ser resuelta en el juicio verbal sin que sea dable remitir su resolución al juicio plenario. No compartimos esta opinión, pues, cuando menos por lo que respecta a la acción de desahucio por impago de rentas arrendaticias y cantidades de dinero debidas por el arrendatario, el juicio es sumario, y, de concurrir una cuestión compleja, ésta no puede ser resuelta en el juicio verbal.
• Por tanto hemos de reiterar que el recurso visto lo actuado por tanto no puede prosperar y por tanto ha de ser desestimado, sin necesidad siquiera de entrar en el estudio de los argumentos de fondo ampliamente expuestos en su escrito de interposición, ya que la Sala, tras analizar las alegaciones de las partes, no puede acceder a la acción de resolución por falta de pago pretendida acumulada a la de reclamación de cantidad , ante la existencia de cuestiones complejas a las que luego nos referiremos ,que no pueden ser objeto de conocimiento por cauces del procedimiento de desahucio que nos ocupa.
• Sobre la inadecuación de procedimiento por tratarse de una cuestión compleja, la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, Sección 1ª, de fecha 23 de diciembre de 2016, citando otras sentencias, entre ellas la de Baleares, Sección 1ª de fecha 13 de octubre de 2016 y la de Jaén de fecha 10 de junio de 2010, establece que el concepto «complejidad» para determinar la inadecuación del juicio de desahucio para resolver la cuestión litigiosa no debe confundirse con dificultad técnica ni con las alegaciones, más o menos prolijas y extensas, que pudieron efectuar las partes mediante calificaciones jurídicas unilaterales o interpretaciones parciales de la naturaleza y origen de los recíprocos derechos y obligaciones». Para que exista complejidad tal que aborte el juicio de desahucio es preciso, ante todo, que la complejidad sea objetiva, en cuanto nacida del mismo título que invoque la demandante, y además que tal complejidad determine, o bien que no pueda calificarse de arrendamiento la relación jurídica existente entre las partes, o bien que, estando anudadas a la relación arrendaticia contraprestaciones que exceden de las que ordinariamente se incluyen en ese tipo de contratos, lo conviertan en un arrendamiento complejo.
• El artículo 447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su apartado 2 que «no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales … que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de la finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler …».
• Dicho precepto es consecuencia del carácter sumario que tradicionalmente se ha concedido en nuestro derecho al juicio de desahucio por falta de pago , a su vez, se halla estrechamente relacionado con la limitación de la cognición y de la actividad probatoria característicos de este tipo de procedimiento, y que actualmente aparecen recogidos en artículo 444.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que «cuando en el juicio verbal se pretenda la recuperación de la finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o cantidad asimilada, sólo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación».
• La falta de efectos de cosa juzgada aplicada a juicios sumarios faculta a las partes a promover un juicio declarativo posterior en el que se pueda conocer de la compleja situación que no pudo resolver el proceso sumario y por la cual se desestimó la demanda ( sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1992 y de 29 de febrero de 2000 , entre otras muchas).
• Como consecuencia de todo ello, el juicio de desahucio por falta de pago resulta inadecuado cuando a lo largo del proceso sale a la luz la existencia de una cuestión compleja, esto es, una cuestión que, sin haber sido creada artificialmente por la demandada, revela la concurrencia de una situación en la que lo que enfrenta a las partes no es, únicamente, el pago o impago de las rentas, sino la existencia de relaciones contractuales cuyo examen y consecuencias exceden del marco del juicio de desahucio por falta de pago de las rentas o que exigen una declaración de derechos previa a poder dar satisfacción a la pretensión actora».
• Entendemos que en este procedimiento existen cuestiones complejas que exceden del ámbito del juicio de desahucio, y que la sentencia precisamente por esta complejidad no puede dar respuestas a cuestiones vinculadas con el arrendamiento de industria, en cuanto a la aplicación de diversas pactos en relación con la compensación o condonaciones sobre el pago de rentas ,que afectan a la existencia o no real de la obligación de pago de las rentas , durante cuanto tiempo y en que condiciones , y además la existencia de otras relaciones entre partes , lo que conlleva complejidad complejidad incompatible con los estrictos trámites del proceso de desahucio no es la que crean los litigantes con argumentos meramente defensivos sino la que surge de la naturaleza del título invocado – SS. del T.S. 23 junio 1970; 26 marzo 1979 y 10 junio 1986-. Y del conjunto de circunstancias expuestas a las que hemos hecho referencia.
• En el supuesto de autos esta Sala comparte los razonamientos de la Magistrado a quo, y ello por cuanto comparte la valoración de las pruebas practicadas en la instancia , y que insistimos han sido valoradas correctamente a los fines de verificar si estamos ante una verdadera cuestión compleja , sin que se aprecie error de ningún tipo ni ausencia de valoración de algunas pruebas ni falta de motivación de la sentencia .
• En cuanto a la falta de motivación alegada en modo alguno visto cuanto se ha expuesto podemos concluir la existencia de motivación en la sentencia dictada , pues como ya se ha indicado la complejidad del asunto apreciada aparece justificada y motivada a la vista de las pruebas practicadas , y para ello basta una lectura de la sentencia dictada donde la juzgadora de instancia aprecia esta complejidad teniendo en cuenta las declaraciones de las partes ( párrafo 4º del Fundamento Jurídico Tercero ) por la testifical del antiguo asesor de la empresa actora ( párrafo 4º in fine del Fundamento Jurídico Tercero ) y por la propia documental aportada por las partes , tal y como hemos razonado al analizar el alegado error de valoración de la prueba que se ha llegado a cabo.
• Partiendo de esto no cabe estimar la ausencia de valoración de la prueba por cuanto la juzgadora dentro de las facultades conferidas en cuanto a prueba se refiere , den diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance e, incluso, optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, de lo que se colige que el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas haya de respetarse, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia.
• En aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se impone a la parte apelante el pago de las costas causadas en esta alzada.
• En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la pérdida del depósito consignado para la interposición del recurso.