Despido nulo por acoso y vulneración de derechos fundamentales

Parte demandante

Doña Carla

Parte demandada

Doña Daniela

Empresa X

Empresa A

Empresa B

Ministerio Fiscal

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Parte demandante

Esta parte solicita que se tenga por presentada la DEMANDA por despido nulo o subsidiariamente improcedente, protección de derechos fundamentales (garantía de indemnidad y acoso laboral), y previo los trámites oportunos, se dicte sentencia declarando el despido nulo o subsidiariamente su improcedencia con los efectos legales y que se  condene a los demandados a indemnizar de manera solidaria a la trabajadora en la cuantía de 25.000 euros (VEINTICINCO MIL EUROS) por los perjuicios derivados de la vulneración de derecho fundamental.

Parte demandada

Que se desestime la DEMANDA interpuesta por Carla ya que se demuestra que la relación entre la actora y los demandados es societaria y no laboral, por lo que no procede el presente procedimiento ni es competencia de la jurisdicción laboral.

Parte demandante

Esta parte alega que ha sido despedida de su puesto como socia por causas económicas, siendo notificada de esto sin previo aviso y tras una decisión del Consejo Rector de la sociedad el cual considera que no tiene competencia para tomar este tipo de decisiones según la legislación aplicable, sino que la tendría la Asamblea General en una votación secreta. Añade, que respecto a las causas económicas en las que han fundado el despido, tampoco cumplen los requisitos normativos y cree que es una simple excusa para poder cesarle de su puesto dada la situación de acoso previa al despido.

Después del despido, tampoco se ha puesto a su disposición la indemnización correspondiente y todas estas situaciones sumadas a presuntos tratos vejatorios por parte de la presidenta Doña Daniela, han provocado esta DEMANDA.

Los tratos vejatorios y de acoso comienzan tras Carla reincorporarse después de un periodo de baja laboral por enfermedad ya que descubre que el Consejo Rector a comenzado labores de inspección contra ella por supuestos actos negligentes que podrían llevar a la quiebra a la sociedad. Según la actora, al descubrir la presidenta que no puede imputar a Carla ningún acto negligente, comienza el acoso y la persecución contra ella pretendiendo además poner a todos en su contra mediante una encuesta enviada a sus compañeros para que opinen de la situación. El cúmulo de circunstancias, hace que Carla tenga episodios de ansiedad y finalmente sea dada de baja por depresión y ansiedad a causa de las conductas llevadas en su contra por la sociedad.

Carla sospecha que el hecho de quedarse embarazada y la imposibilidad de poder atribuírsele algún hecho negligente, ha provocado que la sociedad busque esta excusa económica para despedirle, por eso mismo pide que se le indemnice por el sufrimiento que le ha supuesto estos episodios.

Parte demandada

Esta parte alega varios motivos procesales que supondrían que el proceso no puede continuar. En primer lugar, falta de legitimación pasiva de FOGASA porque no están previstas sus prestaciones para socios cooperativistas y porque en con ocasión de su cese, no tienen derecho al cobro de una indemnización.

En segundo lugar, falta de acción porque la relación entre las partes es societaria y no laboral ya que no se cumplen los requisitos normativos y jurisdiccionales y por tanto el orden social no tiene competencia. Además, en cuanto al argumento de que el Consejo rector no puede decidir el cese por motivos económicos, en los estatutos firmados por la actora se autoriza expresamente a este órgano para tomar este tipo de decisiones sin derecho a reclamación.

También no se ha agotado la vía previa para la impugnación del acuerdo societario.

En la notificación que la empresa dirigió a Carla al cese, se expresaron motivos económicos objetivos que avalan la legitimidad de la decisión de cesar a la actora.

Finalmente, respecto al acoso y los tratos vejatorios, esta parte los niega y añade que la actora no ha probado que estos ocurrieran ya que ni si quiera dio fechas o especificó algún episodio particular, es más, al estar largas temporadas de baja era imposible que este presunto acoso se mantuviera en el tiempo. Tampoco se ha justificado objetivamente el derecho que la actora alega que tiene a ser indemnizada con 25.000 euros.

• Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social. , Artículo 113. Efectos de la declaración de nulidad del despido. , Artículo 183. Indemnizaciones. , Artículo 102. Modalidades procesales. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
• Artículo 87. Régimen de prestación del trabajo. , Artículo 35. Impugnación de acuerdos. , Artículo 88. Baja obligatoria por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor. Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
• Artículo 80. Deducciones específicas. Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas.
• Artículo 11. Obligación de cotización. Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.
• Artículo 24 Constitución Española.

• Adscripción de la socia a la cooperativa
• Anticipos societarios
• Consejo Rector
• Asamblea General
• Documental económica
• Estatutos de la Cooperativa
• Reglamentos de Régimen Interior de la Cooperativa
• Carta de despido
• Papeleta de conciliación

• Prueba documental
• Prueba testifical
• Prueba pericial

• El 21 de febrero de 2.018, Carla se convierte en socia cooperativista de la Empresa A. En septiembre de 2.019 comienza a serlo de la Empresa B. Por último, el 1 de marzo de 2.020 lo comienza a ser de la Empresa X.
• El 14 de junio de 2.021, tras un acuerdo de Consejo Rector de la cooperativa, se da de baja en la Seguridad Social a Carla a causa de un cese objetivo por motivos económicos.
• El 18 de junio de 2.021, se le hace llegar a la actora la carta de despido que ya le había sido enviada anteriormente a una dirección errónea.
• El 19 de julio de 2.021, Carla interpone DEMANDA contra la cooperativa por despido improcedente por vulneración de derechos fundamentales.
• El 10 de agosto de 2.021 se lleva a cabo el acto de conciliación sin avenencia.
• El 11 de mayo de 2.022, los demandados formulan oposición a la DEMANDA.
• El 18 de mayo de 2.022 el Juzgado de lo Social cita sentencia desestimatoria.
• El 12 de septiembre de 2.024, tras la interposición por parte de Carla de recurso de suplica, el Tribunal Superior de Justicia dicta sentencia desestimatoria confirmando así la sentencia dictada por el juzgado.