Disposición fraudulenta de los bienes en beneficio propio y con abuso de sus funciones

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
La Audiencia Provincial dictó Sentencia, por la que se establece lo siguiente:

• Que se condene a la parte querellada como autor criminalmente responsable de un delito continuado de administración desleal, previsto y penado en los artículo 295 del Código Penal, en su redacción anterior a la Reforma operada por Ley Orgánica 1/ 2.015, y 74.1 del citado Código, concurriendo las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño (artículos 21.6 y 5 del referido texto punitivo)
• Que se condene a la pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena
• Se condene a esta parte el pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
• Que en cuestión de la responsabilidad civi deberá indemnizar a la parte querellante por los daños y perjuicios causados a la cantidad de un millón setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos (1.079.955, 48 euros)
• Que se declare la responsabilidad solidaria y la responsabilidad civil subsidiaria de las partes querelladas por la cantidad de setecientos noventa y seis mil seiscientos treinta y ocho euros con noventa céntimos (796.638, 90 céntimos), en la cantidad de diecinueve mil ciento veintitrés euros con cincuenta céntimos (19.123, 50) y en la cantidad de doscientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y tres euros con ocho céntimos (264.193, 08 euros).

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:

La Sentencia basa la condena en los siguientes fundamentos:

No ha podido demostrarse que los acusados a través de las sociedades han percibido las facturas por los importes y conceptos que en ellas se reseñan como tampoco ha podido demostrarse ni que esos servicios no se llevasen a cabo ni que esas actividades no se verificasen ni que el importe facturado fuese excesivo, labor que compete a la parte acusadora, en este caso la acusación particular, que se ha limitado ha constatar la existencia de los pagos facturadosy reputarlos como injustificados o por conceptos inexistentes.

No consta acreditado que concurra engaño precedente o una simple puesta en escena u orquestación fáctica dirigida a obtener un desplazamiento patrimonial, por tanto se ha de rechazar la calificación de los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa por el que se acusó.

Se plantea la cuestión de en qué tipo de delito ha incurrido la parte querrellada, llegando a la conclusión de que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de administración desleal, previsto y penado ene l artículo 295 CP. Descartando, en consecuencia, la calificación alternativa que con carácter prioritario formuló la acusación particular subsumiendo la conducta en el delito continuado de apropiación indebida artículo 250 del CP. En la apropiación indebida el sujeto, abusando de su situación posesoria, ejercita de hecho una facultad de disposición que jurídicamente no tiene.

En la administración desleal el sujeto ejercita las facultades contractuales o dispositivas que como administrador de hecho o derecho jurídicamente tiene pero abusando de ellas para ejercitarlas en beneficio de intereses distintos del interés social al cual perjudica.

Discrepamos de la calificación del Ministerio Fiscal y aceptamos la de la acusación particular en cuanto a que nos encontramos en presencia de un delito continuado de administración desleal.

Segunda instancia