Estafa bancaria por uso fraudulento de cuenta bancaria online por un tercero

El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Penal
Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Tipo de procedimiento: Procedimiento Abreviado
Fecha de inicio del procedimiento: 00/00/2021

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 20/06/2024

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
El Tribunal decidió absolver a la acusada, Doña Maite, del delito de estafa por el que ha sido acusada en la presente causa, declarando de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
PRIMERO.- Los hechos que el Ministerio Fiscal atribuye a la acusada, que de resultar probados integrarían jurídicamente el delito objeto de imputación y acusación, no han quedado acreditados en todos sus extremos con la suficiencia jurisprudencialmente exigida para poder dictar un pronunciamiento de condena, al no existir, desde el punto de vista técnico, pruebas de cargo de las que se deriven elementos incriminatorios con eficacia para desvirtuar la presunción provisional de inocencia que, según doctrina jurisprudencial reiterada y pacífica, ampara a todas las personas, en tanto no se destruya por una actividad probatoria legítima, practicada (salvo excepciones muy contadas, cual la prueba preconstituida o anticipada de imposible o muy difícil reproducción) en el plenario (celebrado en condiciones de igualdad entre acusado y acusador) y con el juego de los principios de inmediación, oralidad, publicidad, concentración y, muy particular y específicamente, de contradicción y defensa, con las debidas garantías (constitucionales y procesales) y que contengan elementos incriminatorios eficientes para la acreditación de la realidad del hecho delictivo y la participación en el mismo de la investigada.
Como complemento de la doctrina general anterior, la jurisprudencia ha señalado igualmente que las diligencias sumariales y preprocesales son simples actos de investigación del delito e identificación del delincuente (artículo 289 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –en adelante, L.E.Cr.-), que no constituyen en sí mismas pruebas de cargo, pues su finalidad no es la fijación definitiva de los hechos para que trasciendan a la resolución judicial, sino la de preparar el juicio oral, proporcionando los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate contradictorio por el juzgador, por lo que para que tengan valor probatorio, además de haberse practicado con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen, deben tener entrada en el plenario en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción.

SEGUNDO.- En el caso enjuiciado, tras la práctica de la prueba en el juicio oral, no ha quedado acreditada la autoría de los hechos enjuiciados.
Se sostuvo la acusación principalmente sobre la documental obrante en las actuaciones, la cual ni prueba la realidad de los hechos ni permite atribuir los mismos a la ahora acusada, como a continuación se expondrá. Ratificada la denuncia y con ello el perjuicio económico de Pablo mediante el uso fraudulento de sus claves bancarias, se dirige el procedimiento contra Doña Maite al ser la misma identificada por la compañía telefónica como la titular de la IP utilizada para la comisión del hecho delictivo. Sin embargo ello, se trata de una prueba débil pues la dirección del protocolo de internet utilizado identifica generalmente un dispositivo conectado a una red, siendo sencillo que otras personas procedan a su uso con consentimiento del titular de la misma o sin él.

En el caso de autos la acusada negó de forma tajante conocer al titular de la cuenta a la que se envió el dinero, o haber participado de forma alguna en ello, afirmando que en la fecha de los hechos tenía contratado un servicio de internet con una operadora, que en su domicilio residía en compañía de su hija y un amigo, y que en fecha próxima extravió su cartera y documentos de identidad, procediendo a su denuncia. Así las cosas, esta Juzgadora carece de una auténtica prueba de cargo acerca de la implicación de la acusada en la estafa en cuestión, existiendo una duda razonable acerca del uso por parte de la misma del dispositivo a través del cual se perpetró el hecho o de la connivencia con una tercera persona para la recepción del dinero, lo cual conduce a tener presente el principio de presunción de inocencia como piedra angular de nuestro sistema penal.

TERCERO.- La presunción de inocencia, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1.948 cuyo artículo 11.1 establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y enjuicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1.966, cuyo artículo 14.2 dispone que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, consagrado como tal en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma, de 4 de noviembre de 1.950, en su artículo 6.2, según el que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada, y reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española de 27 de Diciembre de 1.978, en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental, está huérfana de regulación legal en nuestro ordenamiento jurídico, cuya construcción es obra exclusiva de la Jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo y de la doctrina del Tribunal Constitucional, suponiendo un derecho fundamental que toda persona ostenta y, en cuya virtud, ha de presumirse inicialmente inocente ante las imputaciones que contra ella se produzcan en el ámbito de un procedimiento de carácter penal; que no precisa de un comportamiento activo de su titular, constituyendo una auténtica e inicial afirmación interina de inculpabilidad, respecto de quien es objeto de acusación; y que tal carácter de interinidad, o de presunción iuris tantum, es el que posibilita, precisamente, su legal enervación, mediante la aportación, por quien acusa, de material probatorio de cargo, válido y bastante, sometido a la valoración del Juzgador desde la inmediación, para producir la necesaria convicción acerca de la veracidad de los hechos base de la pretensión.
En este sentido, si bien el Juzgador dicta SENTENCIA apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el Juicio, esta apreciación de conciencia ha de hacerse sobre la base de una actividad probatoria que pueda estimarse de cargo y contenga elementos incriminatorios respecto de la participación del acusado en el hecho, lo que lleva en definitiva a centrar el problema en el principio de libre valoración de la prueba, relacionado con el derecho a la presunción de inocencia, proclamada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, que según reiterada doctrina jurisprudencial, así la SENTENCIA del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2.003, en la misma línea la SENTENCIA del Tribunal Constitucional 31/1.981, de 23 de Julio, se caracteriza por: a) ser un derecho fundamental que toda persona ostenta y, en cuya virtud, ha de presumirse inicialmente inocente ante las imputaciones que contra ella se produzcan en el ámbito de un procedimiento de carácter penal o, por extensión, de cualquier otro tendente a la determinación de una concreta responsabilidad merecedora de cualquier clase de sanción de contenido aflictivo; b) presentar una naturaleza “reaccional”, o pasiva, de modo que no precisa de un comportamiento activo de su titular sino que, antes al contrario, constituye una auténtica e inicial afirmación interina de inculpabilidad, respecto de quien es objeto de acusación; c) pero, por el contrario y así mismo, que tal carácter de interinidad, o de presunción “iuris tantum”, es el que posibilita, precisamente, su legal enervación, mediante la aportación, por quien acusa, de material probatorio de cargo, válido y bastante, sometido a la valoración por parte del Juzgador y desde la inmediación, de la real concurrencia de esos dos requisitos, el de su validez, en la que por supuesto se ha de incluir la licitud en la obtención de la prueba, y el de su suficiencia para producir la necesaria convicción racional acerca de la veracidad de los hechos sobre los que se asienta la pretensión acusatoria; y como principio inspirado en el mismo, si bien distinto, el principio “in dubio pro reo”, relacionado en la valoración de la prueba, cuando la practicada, no se ha concretado en una prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
En el caso de autos no se ha aportado por quien acusa, material probatorio de cargo, válido y bastante, sometido a la valoración por parte de esta Juzgadora y desde la inmediación, para probar la autoría de los hechos por parte de la acusada, ni para desvirtuar su presunción de inocencia, tal como expone la doctrina constitucional expuesta. Y por las razones expuestas, procede absolver a la acusada, Doña Maite, del delito por el que ha sido acusada en la presente causa.

CUARTO.- Según disponen los artículos 239 y 240 de la LECrim. y el artículo 123 del C.P., procede declarar de oficio las costas procesales causadas, al haber sido absuelto el acusado de los delitos objeto de acusación.