Intromisión ilegítima del derecho al honor e imagen de una profesional de la medicina estética

Parte Recurrente

• La médico especialista en medicina estética.

Parte Recurrida

• La empresa de clínicas estéticas.

El Ministerio Fiscal:

Es el defensor judicial, que en este caso actuará bajo el principio de imparcialidad e informará en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales, tanto en cuanto a las cuestiones de forma como a las de fondo, en el acto del juicio.

Parte Demandante

Sentencia por la que se declare:

• Que la empresa demandada ha cometido una intromisión ilegítima en el honor y la imagen de la demandante, por el uso no consentido de su nombre y su número de colegiación, y fotografías con su imagen, al haberse divulgado publicidad a través de internet sobre hechos falsos e inveraces que lesionan la dignidad de la demandante, menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación.
• Que se condene al demandado al pago de 90.000 euros, en concepto de indemnización más la expresa imposición de costas a la demandada.

Parte Demandada

• Falta del debido litisconsorcio pasivo necesario, pues la tutela jurisdiccional solicitada por la demandante solo puede hacerse efectiva demandando conjuntamente a los grupos de compra.
• Se niega que la demandante se comunicase verbalmente para poner fin a su relación contractual en el mes de septiembre de 2014.
• Se niega que se publicitaran campañas de tratamientos sin contar con la autorización de la demandante.
• Se niega que haya existido intromisión ilegítima del derecho al honor, así como una desacreditación profesional y ética de la actora.
• Caducidad de la acción civil.

Argumentos

La parte demandante, en su demanda, fundamenta sus peticiones en los siguientes argumentos:

En principio la difusión inconsentida de la imagen de la demandante en las páginas web difundidas por la demandada, implicaría sin más una intromisión ilegítima en el ámbito de la Ley prevista en el número 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica, sin que concurra la excepción legitimadora del consentimiento del titular, ya que hemos acreditado que la demandante ha requerido en más de una ocasión a la demandada porque no consentía el uso de su nombre, de su nº de colegiado ni de su imagen, por lo que la demandada carecía de autorización de su titular.

La demandada utiliza como señuelo la oferta de servicios de una materia que precisa de personas con dicha titulación, engaña a sus clientes en relación con la categoría profesional de quienes les van a atender en sus centros, así como con la efectividad de sus tratamientos. Es un sistema engañoso de captación de clientes, que acaba produciendo un menoscabo de la reputación y ética de la demandante.

La parte demandada, en su contestación a la demanda, se fundamenta en las siguientes cuestiones:

• La parte demandada alega en su contestación que tras la comunicación del cese de actividad por parte de la demandante se procedió a comunicar a los grupos de compra para que retiraran los datos de la misma de las ofertas que se habían lanzado, teniendo que reiterarselo en numerosas ocasiones puesto que no se eliminaban de forma inmediata tal y como se expresaba en los correos electrónicos que intercambiaron desde la comunicación de la actora.
• Caducidad de la acción civil, ya que el ejercicio previo de la acción penal lleva consigo el efecto de la extinción de la acción civil por tratarse del ejercicio de un derecho de opción (jurisprudencia del TS).
• No se puede apreciar intromisión ilegítima en el ámbito protegido del derecho al honor cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso a la empresa demandada. Además, se alega que la parte actora conocía, supervisaba y practicaba los tratamientos ofertados, cobrando honorarios profesionales.

Normas y artículos relacionados

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
• Resolución de 28 de diciembre de 2008, del gerente del Departamento 03, la Plana, relativa a la creación de un fichero de datos de carácter personal en aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La parte demandante en su demanda aportó los siguientes documentos:

• Primer contrato de arrendamiento de servicios.
• Segundo contrato de arrendamiento de servicios.
• Emails entre la demandante y la demandada.
• Comunicado a la Consejería de Sanidad de Madrid de que la demandante ya no es Director Médico de la clínica ni de ninguna de las clínicas o centros del Grupo  empresarial.
• Documentos que acreditan la utilización de su titulación médica, su nº de colegiado o las referencias inveraces a SECPRE.
• Mensajes de Whatsapp.
• Burofax de la parte demandante a la demandada.
• Copia de la primera página del Procedimiento de Diligencias Previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid, copia de la primera página del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid en el Recurso de Apelación que resolvía definitivamente que los hechos no constituían delito, y Decreto del Juzgado de Primera Instancia nº 58 de Madrid dándose por terminado el Acto de Conciliación sin Avenencia.