Procedimiento social de tutela de derechos fundamentales por mobbing

Demandante:

• Don J.

Demandados:

• Don E. y la empresa.

Demandante:

Solicita una indemnización económica por valor de 70.000 € por los daños ocasionados y los servicios prestados no remunerados, así como el establecimiento de medidas cautelares de protección.

Demandados:

Alegan que las amonestaciones a Don J. fueron justificadas y que no se le trató de forma vejatoria, por lo que consideran que no procede estimar la demanda.

Demandante:

Sobre competencia, legitimación y procedimiento:

Las disposiciones a estos efectos son las dispuestas en la Ley de la Jurisdicción Social, que es la adecuada para la sustanciación del presente litigio, en concreto, el procedimiento se sigue de lo expuesto en el art. 177.1, que dice:

“1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.”

Sobre el fondo:

Según lo establecido tanto en la normativa europea como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el acoso laboral se define como una situación continuada de humillaciones y vejaciones hacia un trabajador que ocasiona una situación de desmoronamiento moral de la persona.

Asimismo, la situación de acoso laboral se produce en en el triple ámbito que la jurisprudencia considera requerido para que la situación pueda catalogarse como acoso labora, en primer lugar, que el acoso sea una situación prolongada en el tiempo, en segundo lugar, que sea de naturaleza laboral y, por último, que se ejerza una presión continuada y efectiva sobre el trabajador. Esto último se cumple debido a que Don E. es superior jerárquico de Don J., con capacidad para dirigir su trabajo en la misma y para sancionarle.

Una vez acreditado mediante grabaciones, escritos y testimonios los indicios necesarios para considerar que en este caso se produce una situación de acoso laboral, corresponde a la empresa y al superior probar la inexistencia de la situación de acoso, tal y como se establece en el art. 181 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que dice:

1. Admitida a trámite la demanda, el secretario judicial citará a las partes para los actos de conciliación y juicio conforme a los criterios establecidos en el apartado 1 del artículo 82, que habrán de tener lugar dentro del plazo improrrogable de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. En todo caso, habrá de mediar un mínimo de dos días entre la citación y la efectiva celebración de aquellos actos.

2. En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

3. El juez o la Sala dictará sentencia en el plazo de tres días desde la celebración del acto del juicio publicándose y notificándose inmediatamente a las partes o a sus representantes.

Sobre la indemnización que le corresponde percibir a la Don J. por el mobbing sufrido en la empresa por parte de Don E., se estará a lo dispuesto en el art. 183 del ya citado cuerpo legal, que establece:

“1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.

3. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales.

4. Cuando se haya ejercitado la acción de daños y perjuicios derivada de delito o falta en un procedimiento penal no podrá reiterarse la petición indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aquélla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolución en resolución penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripción de la acción en vía social.”

Demandados:

Representantes del superior jerárquico de Don J. y su empresa argumentan que la situación que se ha producido no constituye acoso laboral, y lo plantean en la práctica del juicio.

• Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
• LEY 8/1980, DE 10 DE MARZO, DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (Derogada)
• Constitución Española.
• LIBRO SEGUNDO Del proceso ordinario y de las modalidades procesales , TÍTULO II De las modalidades procesales , CAPÍTULO II De los despidos y sanciones , Sección 2.ª Proceso de impugnación de sanciones , Artículo 114. Impugnación de sanciones. , CAPÍTULO XI De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas , Artículo 177. Legitimación. , Artículo 178. No acumulación con acciones de otra naturaleza. , Artículo 180. Medidas cautelares. , Artículo 181. Conciliación y juicio. , Artículo 179. Tramitación. , Artículo 182. Sentencia. , Artículo 183. Indemnizaciones. , Artículo 184. Demandas de ejercicio necesario a través de la modalidad procesal correspondiente. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

• Demanda.
• Decreto de admisión a trámite.
• Escrito de alegación de nuevos hechos.
• Providencia de señalamiento de cautelares y vista principal.
• Auto estimando medidas cautelares.
• Escrito de ampliación de la demanda.
• Diligencia de ordenación que admite la ampliación de la demanda.
• Sentencia.

Documental:

• Contrato laboral de Don J.
• Apercibimientos de sanción contra Don J.
• Recibos del dinero que recibía Don E. por un trabajo que realizaba Don J.
• Certificado de la discapacidad de la mujer de Don J.
• Libro de familia de Don J.
• Convenio colectivo.
• Anexo del contrato donde se adjunta la reducción de jornada.
• Parte médico de accidente laboral.
• Conversaciones de whatsapp donde se deniegan las vacaciones de forma ilegal.
• Convocatoria de examen de la mujer de Don J.
• Cuadrantes de reparto de trabajo, donde se acredita que Don J. a penas recibe domingos libres.

Testifical:

• Declaración de los trabajadores de la empresa.

• Demanda.
• Diligencias de ordenación.
• Escrito de ampliación de la demanda.
• Práctica del juicio ordinario.
• Sentencia.