Recurso contencioso-administrativo contra acuerdo sancionador por infracción del Régimen Electoral General (fotografía en red social)

Persona sancionada por supuesta infracción

• Junta Electoral Provincial.

• De conformidad con el artículo 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, interesa a esta parte que se reciba prueba en el proceso.
• Esta parte entiende que la cuantía del presente recurso es indeterminada.

• De la vulneración del principio de legalidad: el Acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial  atribuye una infracción del artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. En concreto, por utilizar un espacio institucional (perfil de red social del Ayuntamiento para hacer campaña). No obstante, se ha de indicar que la Junta Electoral Provincial en su Resolución se ha basado en una incorrecta interpretación del precepto que le sirve de fundamento, dicho sea, con los debidos respetos.
• Se ha de indicar que el tipo infractor previsto en la norma sólo puede ser cometido por los poderes públicos, y los partidos políticos no lo son. A estos efectos, la propia Junta Electoral Central, ha sentado doctrina unificadora señalando que “una infracción del artículo 50.2 LOREG sólo puede cometerse por los poderes públicos que organicen o financien  el acto y un partido  político no puede tener esa naturaleza”.
• Dispone el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que “los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario»:
• De la vulneración del principio de tipicidad: el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, no ofrece elementos suficientes que permitan apreciar dentro de él la obligación cuyo incumplimiento ha sido reprochado. Primero, porque  la  citada  Instrucción no tiene el rango de Ley que resulta necesario para cumplir con las exigencias que Demanda el artículo 25 de la Constitución Española. Segundo, porque los hechos no tienen encaje en ninguno de los supuestos que la Instrucción señala como supuestos prohibidos. La Instrucción exige inexorablemente dos requisitos para la aplicación de tales supuestos: que se  trate de un anuncio insertado  en  un  medio  de comunicación y que ese anuncio contenga “alusiones a los logros obtenidos por cualquier poder público, o que utilicen imágenes, sintonías o expresiones coincidentes o similares a las empleadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
• LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Derogada)
• Constitución Española.
• Artículo 60. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
• Artículo cincuenta LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL
• Artículo 137. Presunción de inocencia. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Derogada)
• Artículo 25 Constitución Española.

• Misma que la prueba.

• Reproducción de los documentos acompañados al escrito de interposición de la demanda.
• Reproducción del expediente administrativo.