Recurso de casación para la unificación de doctrina sobre caducidad del procedimiento de despido

Se interpone un primer recurso de suplicación el cual devuelve las actuaciones al juzgado de primera instancia :

• Que, estimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación de D. Mateo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid en fecha 10 de abril de 2019, en los autos 146/2017 seguidos en virtud de demanda formulada contra Administración pública, en reclamación por DESPIDO, debemos declarar y declaramos la nulidad de lo actuado desde el momento inmediatamente anterior a dictarse la resolución judicial recurrida para que por el juzgador “a quo” se dicte una nueva en la que, con absoluta libertad de criterio, y en congruencia con lo solicitado, se dé contestación a las cuestiones planteadas por las partes, en los términos indicados. Sin costas.

Esto obligó al tribunal a resolver sobre el resto de cuestiones a pesar de la presunta caducidad del despido. Una vez resuelto, desestimó la suplicación:

• Que, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por D.Mateo contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Madrid  Recurso de Suplicación 805/2020  de fecha 1 de septiembre de 2020, dictada en virtud de demanda presentada contra Administración Pública en reclamación por DESPIDO, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución. Sin costas.

El recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria y, a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal “ad quem” puede revisar “ex novo” los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida), dicho recurso -a modo de pequeña casación- no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b) ó c) del art. 193 de la LRJS, según se articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión y que produce la consecuencia prevista en el art. 202 LRJS, se denuncien yerros fácticos evidentes y transcendentes al fallo y/o, finalmente, se invoquen infracciones de normativa
sustantiva o material, conllevando en estos dos supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en el número 3 del propio artículo 202 LRJS.

Así, dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia, aunque pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal “ad quem”, salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario
(“ius cogens”) que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio. Sin que quepa ignorar que corresponde exclusivamente a las partes la construcción e impugnación del recurso, pues una solución distinta equivaldría a atribuir al Tribunal “ad quem” la redacción “ex oficio” del recurso o su impugnación, lo que pugna con el principio dispositivo o de justicia rogada y su consecuencia no podría ser otra que la lesión del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución.

Toda petición de nulidad de actuaciones debe ampararse, conforme a lo indicado, en el artículo 193 a) de la LRJS, en el bien entendido de que la infracción de una norma procesal no es incardinable en el motivo contemplado en el artículo 193 c) de dicha ley (SS del Tribunal Supremo de 2-7-1984 y 16-6-1986, con doctrina enteramente aplicable tras la entrada en vigor de la LRJS), y, a tal efecto, ha de tenerse en cuenta, conforme a lo expuesto, Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Sección nº 02 de lo Social- Recurso de Suplicación 805/2020 5 de 19 que sólo cabe invocar infracciones procesales que hayan generado indefensión para quien interpone el recurso, exigiéndose que hayan sido objeto de protesta formal, salvo que se prediquen de la sentencia, en el momento en el que se producen, y su ubicación en la formalización debe ser efectuada en primer lugar, debiendo resolverse lo que proceda en relación con  dicha alegación también en primer término. Asimismo resulta preciso que se haya producido una indefensión de carácter material y no meramente formal, pues en caso contrario no cabe declarar la nulidad de actuaciones, que es el efecto propio de la apreciación del motivo que se formula al amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS, a diferencia de lo que ocurre con el formulado al amparo de su apartado c), que busca simplemente la revocación de la sentencia de instancia.

1. Estimar en parte el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada en nombre y representación de D. Mateo.

2. Casar y anular la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de marzo de 2021 (rec. 805/2020); y resolviendo el debate suscitado en suplicación, estimar en parte el recurso de tal clase interpuesto por D. Mateo; revocar la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid, de 1 de septiembre de 2020 (autos 146/2017); y devolver las actuaciones al referido Juzgado de lo Social, a fin de que dicte nueva sentencia en la que, partiendo de que la acción de despido no está caducada, resuelva la demanda presentada por D. Mateo.

3. Sin imposición de costas.

El primer motivo de recurso, para impugnar la caducidad de la acción apreciada. Alega que la comunicación extintiva no reúne los requisitos establecidos en el art. 69 LRJS, por lo que debe entenderse que la interposición de la reclamación previa habría suspendido el plazo de caducidad. Se invoca de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2020 (Rec. 1338/2018).

Respecto al segundo motivo de recurso, la sentencia recurrida indica que, apreciada la caducidad de la acción, no cabría abordar la cuestión relativa al fraude en la contratación temporal y a la aplicación de la doctrina sobre la unidad esencial del vínculo. Ahora bien, a mayor abundamiento, se desestima tal motivo de recurso, al no haberse acreditado el supuesto de hecho en el que el recurrente funda su pretensión.

Para el tercer motivo de recurso, dirigido a denunciar la infracción del principio de igualdad, se invoca de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de diciembre de 2016 (Rec. 968/2016), recaída en proceso de tutela de derechos fundamentales.