Recurso económico administrativo contra la liquidación de comprobación de valores de inmueble ante el Tribunal Económico Administrativo de Catalunya

Parte Demandante:

Empresa S.L.

Parte Demandada:

Administración Tributaria

Parte Demandante:

Que se apruebe:

A) Desestimar la notificación de la liquidación recibida en concepto de comprobación de valores y anulación de la carta de pago.
B) En este acto manifestamos que el recurrente va a solicitar Garantía hipotecaria, para cubrir la Carta de Pago correspondiente a la presente liquidación al no disponer de liquidez para hacer frente a la liquidación recibida ante la Agencia Tributaria Catalana según lo determina la legislación vigente.
C) Esta parte ante el error de la Administración en el cálculo de la liquidación, solicita de este Tribunal la suspensión cautelar de la carta de pago que se ha notificado, hasta que se resuelva el presente procedimiento, ya que además se ha de solicitar constitución de garantía hipotecaria.

Parte Demandante:

• En relación al procedimiento de comprobación de valores de acuerdo con el artículo 134 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre de la Ley General Tributaria, Consideramos la necesidad esencial de la presentación de una pericial contradictoria, tal y como se determina para ello en el artículo 135, de la mencionada ley, al haber procedido a la venta del inmueble el recurrente con un valor más bajo del de la tasación presentada por la Administración, por lo que queda acreditado por esta parte, a través de nuestra pericial contradictoria, que la pericial aportada por la Agencia Tributaria no es la correcta valoración.
• En relación a la valoración establecida por la Administración Tributaria competente, y habiendo presentado una valoración pericial contraria cabe añadir que la Administración no ha tenido en cuenta la falta de la Inspección Técnica de Edificios en el momento de la adquisición de la propiedad por parte del recurrente, hecho que hace que el valor del inmueble disminuya.
• Entendemos como Inspección Técnica de Edificios como aquella inspección visual del edificio hecho por un técnico competente que tiene por objeto determinar el estado de este en el momento de la inspección y orientación de la propiedad en las actuaciones a realizar para cumplir el deber de conservación y mantenimiento.
• La Inspección Técnica de Edificios, además, es de obligado cumplimiento tal y como establece el artículo 4.1a) del Decreto 67/2015, de 5 de mayo. El hecho de no tener esta inspección crea una incertidumbre respecto a la conservación y mantenimiento del edificio devaluando así su valor.
• Por otro lado, el hecho de la existencia de contratos de renta antigua en el edificio, devalúan el total valor del inmueble y edificio ya que se perjudica la finalidad de inversión por parte del promotor (STS 417/2018 de 24 de septiembre).
• Se establecen, a través de la jurisprudencia, los criterios para realizar una valoración, donde han de concurrir unos datos concretos, como son el estado del inmueble, la antigüedad, construcción, el precio concreto de mercado y circunstancias urbanísticas y generales que permitan al interesado proporcionar un informe contradictorio a lo establecido por la Administración. Además, establece que el interesado ha de proponer aquellos factores de depreciación que convenga a cada uno de los elementos valorados que figuren en el dictamen pericial realizado por la Administración.
• La Administración debería haber usado un coeficiente reductor del 0,80 por arrendamiento con prórroga forzosa del contrato en todo el edificio, a raíz de la instrucción para la comprobación de los valores de los bienes inmuebles en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, pero consideramos que ese coeficiente reductor es insuficiente, debido a los factores antes mencionados tanto de conservación como mantenimiento de la vivienda y del edificio.
• Debe tenerse presente por las administraciones tributarias que la anulación por un órgano jurisdiccional de un acto de naturaleza tributaria, no impide la posibilidad de girar un nuevo acto, siempre y cuando se tengan en cuenta que el derecho de la Administración como es el caso que nos ocupa, no haya prescrito, es decir no hayan transcurrido cuatro años, desde la notificación de la liquidación provisional por parte de la Administración, como es el supuesto del presente recurso.

• DECRETO 67/2015, de 5 de mayo, para el fomento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los edificios de viviendas mediante las inspecciones técnicas y el libro del edificio.
• Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores. , Artículo 135. Tasación pericial contradictoria. Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)

Parte Demandante:

• Poder.
• Requerimiento de comprobación de valores.
• Escritura de compraventa.
• Escrito de alegaciones.
• Deficiencias de edificio

Documentales

– El 25 de enero de 2022, se notificó la propuesta de liquidación.

– El 29 de marzo de 2022, se interpuso el Recurso Económico Administrativo.

– El 17 de octubre de 2024, se dictó resolución favorable.